Córdoba capital: La Municipalidad revocó el contrato a Grupo FAM y profundiza la crisis en el servicio de transporte
La Municipalidad de Córdoba revocó formalmente el contrato de prestación de servicio con Grupo FAM. Sigue el plan de contingencia que genera una demora generalizada con el servicio.
porRedacción Córdoba
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La gestión de Daniel Passerini oficializó la ruptura con la prestataria de los corredores 2, 5 y 7 en medio de una crisis de servicios.
La Municipalidad de Córdoba revocó formalmente el contrato de prestación de servicio con la empresa FAM, operada por la firma El Quebrachal SRL. La decisión, plasmada en la Resolución 088, da por concluido el vínculo tras un fin de semana que dejó sin movilidad a miles de usuarios. El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, confirmó que la medida responde a incumplimientos reiterados y la falta de un plan de contingencia por parte de la empresa.
Esta nueva crisis en el sistema de transporte evidencia las grietas de una gestión municipal que parece depender de soluciones de emergencia constantes. La salida abrupta del Grupo FAM obligó al municipio a disponer que las empresas Tamsau, SíBus y Coniferal cubran los recorridos de manera precaria. El Palacio 6 de Julio recurre nuevamente a parches operativos para intentar disimular la falta de un diseño integral y definitivo del esquema de movilidad.
Como parte del operativo de urgencia, el intendente Daniel Passerini dispuso que los usuarios de las líneas afectadas viajen sin pagar boleto mientras dure la contingencia. Este costo operativo será absorbido íntegramente por las arcas municipales, incrementando el gasto público para tapar deficiencias de gestión. La gratuidad temporal aparece como una herramienta política frente al malestar de los vecinos que quedaron varados por el supuesto sabotaje de unidades.
La situación con Grupo FAM es el resultado de un modelo de transporte que acumula prórrogas y falta de previsibilidad para el sector privado.
Improvisación y denuncias penales ante la falta de un esquema sólido
El municipio exigió a Grupo FAM la devolución inmediata de las máquinas validadoras de pasajes y cámaras de seguridad. La resolución administrativa sostiene que la prestataria no garantizó el servicio normal, provocando un perjuicio directo a estudiantes y trabajadores. En un intento por deslindar responsabilidades, el gobierno local presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue los hechos del pasado domingo.
La situación actual es el resultado de un modelo de transporte que acumula prórrogas y falta de previsibilidad para el sector privado. El secretario Fernández admitió que el rediseño completo del sistema recién se conocería a finales de marzo. Mientras tanto, la ciudad se mantiene bajo un régimen de excepción donde la improvisación técnica es la regla para sostener los corredores 2, 5 y 7.
La salida abrupta del Grupo FAM obligó al municipio a disponer que las empresas Tamsau, SíBus y Coniferal cubran los recorridos de manera precaria.
La absorción de los costos por parte de la Municipalidad representa un nuevo foco de ineficiencia fiscal en un sistema ya deficitario. Los ciudadanos pagan con sus impuestos la falta de seguridad jurídica para las empresas prestatarias y la ausencia de contratos de largo plazo. Capataces y trabajadores de la firma desplazada colaboran en las unidades de emergencia para orientar a los pasajeros sobre recorridos que el municipio no logra estabilizar.
Córdoba capital requiere un plan de transporte que abandone el voluntarismo político y se base en la rentabilidad y eficiencia del servicio. La ruptura con FAM es solo un síntoma de una gestión que prefiere las medidas extraordinarias antes que una reforma estructural de fondo. El normal desarrollo de las actividades económicas de la ciudad continúa bajo la sombra de un sistema que colapsa ante la mínima contingencia operativa.
Miles de pasajeros se vieron perjudicados por altas demoras esperando en las paradas de colectivos de toda la ciudad