En materia de rectoría, propone fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno nacional y de las jurisdicciones para impulsar políticas de formación que garanticen la calidad de los servicios, especialmente en el primer nivel de atención, en tanto primer contacto entre los ciudadanos y el sistema de salud.
El segundo eje apunta a la interdisciplinariedad, es decir, a la capacitación continua de todos los profesionales que integran el campo de la salud mental, no sólo de médicos y psiquiatras.
El Programa de Formación en Salud Mental contempla a todos los actores
Como tercer punto, propone una formación intersectorialidad que contemple a todos los actores del Estado y de la sociedad civil con responsabilidad de intervención ante situaciones vinculadas a la salud mental, favoreciendo políticas oportunas y basadas en necesidades reales.











