Funcionarios locales exigen recursos pero la municipalidad mantiene una planta política costosa que no ofrece resultados
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El secretario de Políticas Sociales de Córdoba, Raúl La Cava, criticó el Decreto 373/2025 del presidente Javier Milei. Este decreto modifica la Ley 27.654, delegando a provincias y municipios la atención de personas en situación de calle. La Cava expresó que el Gobierno nacional se desentiende de su responsabilidad en esta problemática.
Según el funcionario, la Municipalidad no ha recibido recursos nacionales para abordar la creciente crisis de personas sin techo. Afirmó que el decreto oficializa una situación de abandono por parte del Estado nacional. Además, cuestionó la reducción del rol del Gobierno federal a un mero coordinador sin intervención directa.
La Cava señaló que esta medida contradice la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna. Criticó el "falso federalismo" que, según él, reparte obligaciones sin recursos adecuados. También destacó el aumento de personas en situación de calle y la falta de políticas efectivas para revertir esta tendencia.
Personas en situación de calle en la ciudad de Córdoba
Una megaestructura municipal que consume recursos clave
Mientras se denuncia la falta de apoyo nacional, la gestión de Daniel Passerini mantiene una estructura municipal innecesariamente sobredimensionada. La Municipalidad de Córdoba cuenta con 400 cargos políticos, incluyendo 10 secretarías y 43 subsecretarías. Esta expansión burocrática implica un gasto millonario en sueldos y oficinas.
En este sentido, recordemos que la concejal Elisa Caffaratti cuestionó la necesidad de tantos funcionarios, comprobándose la existencia de cargos superpuestos y sin utilidad práctica. Entre las dependencias creadas se encuentran direcciones y subsecretarías con funciones redundantes e inútiles. Este esquema inflado contrasta con la falta de recursos destinados a políticas sociales efectivas.
El gasto en esta megaestructura ineficaz podría redirigirse, por ejemplo, a programas que aborden la situación de calle de manera integral. Sin embargo, la prioridad parece estar en sostener una planta política sobredimensionada que, evidentemente, no ofrece resultados positivos concretos. Esta elección de prioridades plantea interrogantes sobre el compromiso real con los sectores más vulnerables.
Persona durmiendo en la calle, Córdoba Capital
Córdoba, una ciudad con capacidad para actuar
El Decreto 373/2025 establece que el Estado nacional podrá asistir a gobiernos locales que carezcan de medios para atender a personas en situación de calle. Sin embargo, Córdoba es la segunda provincia más rica del país y una de las principales contribuyentes al PBI nacional. Esto evidencia que la ciudad capital, indefectiblemente, posee los recursos necesarios para implementar políticas sociales efectivas.
La crítica al Gobierno nacional por parte de funcionarios municipales pierde fuerza cuando se considera la capacidad económica de la provincia. La falta de acción local no puede justificarse únicamente por la ausencia de fondos federales. Es responsabilidad de las autoridades municipales utilizar sus recursos de manera eficiente.
La existencia de una estructura burocrática costosa sugiere que los recursos están disponibles, pero mal asignados. Priorizar el gasto político por sobre las necesidades sociales refleja una falta de compromiso con la población cordobesa vulnerable. Si lo que se pretende es abordar eficazmente la situación de las personas en condición de calle, es imperativo reevaluar las prioridades presupuestarias de la gestión de Passerini.
