La justicia uruguaya acaba de firmar un cheque en blanco con la sangre fiscal de todos los uruguayos. En una sentencia que debería avergonzar a cualquiera con un mínimo de sentido común económico, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo condenó al Ministerio de Ganadería y al Banco Central a pagarle 25.000 dólares a cada uno de cuatro inversores de República Ganadera SRL. No porque el Estado haya robado. No porque haya engañado. Sino porque no controló lo suficiente a una empresa privada que captaba plata prometiendo rentas fijas sobre vacas que, al parecer, solo existían en el papel.
República Ganadera operaba un esquema tan burdo como previsible: captaba ahorro público disfrazado de “administración de ganado”, prometía rendimientos fijos en un negocio que por naturaleza es variable, y cuando el castillo de naipes se derrumbó, los inversores perdieron. El BCU sabía desde 2018 que estaba captando ilegalmente. Se limitó a un tibio “dejen de publicitar” y miró para otro lado mientras la gente seguía metiendo plata. El MGAP, dueño del sistema de trazabilidad que debería saber dónde está cada animal y de quién es, tampoco movió un dedo. Cuando todo explotó, en lugar de dejar que los privados asuman el riesgo que ellos mismos eligieron, la justicia decidió que el pagano sea el contribuyente.
Esto no es justicia. Esto es un atraco institucional disfrazado de “falta de servicio”.
Cuatro personas arriesgaron su capital buscando un rendimiento atractivo. Ganaron mientras el negocio parecía funcionar. Ahora que se hundió, el Estado —es decir, el médico del CASMU, el maestro de escuela pública, el jubilado que cobra miseria, el trabajador que se descuenta IRPF todos los meses— tiene que sacar de su bolsillo para rescatarlos. Las ganancias fueron privadas. Las pérdidas son públicas. El principio es tan viejo como perverso, y la justicia uruguaya acaba de consagrarlo con solemnidad.
El efecto visible es el de siempre: cuatro cheques de 25.000 dólares. El efecto invisible es una lección tóxica que se graba a fuego. A partir de ahora, cualquier esquema de captación de fondos en zona gris sabe que, si el regulador duerme, el contribuyente pagará. El inversor que no se tomó el trabajo de verificar si la empresa estaba realmente autorizada o si las vacas existían, ahora tiene un seguro gratuito financiado por quienes nunca firmaron nada. Se premia la imprudencia. Se castiga la responsabilidad. Se incentiva el riesgo moral en su versión más cínica.
¿Dónde queda el principio elemental de que quien asume un riesgo debe soportar sus consecuencias? ¿Dónde queda la idea de que el Estado no es una compañía de seguros para negocios privados mal armados? La sentencia responde con claridad: no quedan. Lo que queda es un Estado que, cuando falla en controlar, se convierte en el gran rescatista de los que apostaron mal. Y un pueblo que, una vez más, ve cómo se le vacían los bolsillos para cubrir las pérdidas de unos pocos.
Esto no protege a nadie. Esto corrompe. Corrompe los incentivos. Corrompe la noción de responsabilidad. Corrompe la confianza en que las reglas son las mismas para todos. Porque no lo son. Para el inversor de República Ganadera hay red de seguridad fiscal. Para el resto de los uruguayos, solo la obligación de pagar.
La justicia pudo haber exigido responsabilidades administrativas. Pudo haber ordenado reformas. Pudo haber señalado con el dedo a los funcionarios que miraron para otro lado. En cambio, eligió el camino más fácil y más ruinoso: transferir el costo de una estafa privada al conjunto de la sociedad. Socializó las pérdidas. Capitalizó las ganancias ajenas. Y lo hizo con la solemnidad de quien cree estar haciendo justicia.
No la está haciendo. Está consolidando un sistema donde el riesgo es privado solo cuando conviene, y público cuando duele. Un sistema que, a la larga, no solo empobrece al contribuyente: lo convierte en el eterno fiador de los errores ajenos. Y eso, más que una sentencia, es una condena al pueblo uruguayo.
