En Uruguay, el empleo público ha sido más una herramienta política que un servicio a la ciudadanía. Durante décadas, el Partido Colorado utilizó el aparato estatal como una maquinaria clientelista, contratando a discreción, repartiendo cargos y asegurando lealtades a cambio de votos. Sin embargo, lo que alguna vez fue una práctica del Partido Colorado, el Frente Amplio la ha perfeccionado y llevado a un nuevo nivel.
Actualmente, Uruguay cuenta con casi 300,000 empleados públicos en un país de solo 3.5 millones de habitantes. Esto significa que aproximadamente el 10% de la población trabaja para el Estado. Para comprender la magnitud de esta cifra, es útil comparar con Estados Unidos, que con 300 millones de habitantes tiene 2.4 millones de empleados públicos, es decir, menos del 1%.
El Frente Amplio ha encontrado en el empleo público un aliado clave para ganar elecciones. Entre 2005 y 2019, mientras se hablaba de justicia social, se incorporaron cerca de 70,000 nuevos funcionarios públicos. Estos 70,000 nuevos sueldos, financiados por todos los ciudadanos, correspondieron en su mayoría a cargos sin una necesidad real, pero con un objetivo claro: crear una base de votantes leales.
Esta estrategia explica cómo el Frente Amplio ha ganado elecciones con márgenes relativamente estrechos. No se trata de magia, sino de clientelismo. El costo de este modelo es:
