El accidente del ómnibus de Cutcsa en la rambla de Pocitos el 26 de octubre de 2024 ha puesto en evidencia una vez más las profundas falencias del sistema judicial uruguayo, revelando lo que muchos ya sospechan: que la justicia en nuestro país es un chiste cuando se trata de proteger a los poderosos políticos y sus corporaciones aliadas.
La pericia realizada al conductor del ómnibus, que según los peritos Gabriel Barreiro y Álvaro Trindade determinó que el chofer "se durmió" en el tramo final del trayecto, choca frontalmente con los testimonios de los pasajeros. Matías Muniz, uno de los afectados, declaró a Telemundo que el conductor estaba "muy despierto" y que no se percibió nunca un estado de somnolencia. "Yo lo noté muy en sí. Cuando se para Eloísa, él le hace señas de calma y le dice que se quede tranquila," señaló Muniz, contradiciendo directamente las conclusiones de la pericia.
Este contraste entre los testimonios presenciales y los hallazgos de los peritos deja entrever un sistema judicial que parece más interesado en fabricar excusas que en buscar la verdad. La afirmación de la jueza de que el chofer estaba dormido, a pesar de la falta de corroboración por parte de testigos, sugiere un sesgo protector hacia el conductor, y por extensión, hacia la empresa Cutcsa. ¿Es acaso este un ejemplo de cómo se protege a los "amigos del poder" en Uruguay?
