La central sindical quiere adueñarse ilegítimamente de los ahorros jubilatorios de los trabajadores, al estilo Cristina Kirchner.
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El PIT-CNT impulsa, una vez más, la estatización total de las AFAPs. Eliminar el pilar de ahorro individual gestionado por privados, traspasar los fondos acumulados al BPS y convertir todo en un sistema puro de reparto “solidario”. En la práctica, significa expropiar los ahorros previsionales de los uruguayos para que el Estado los administre y los use a su antojo.
Es el mismo camino que tomó Argentina en 2008 bajo el kirchnerismo. Y los datos materiales son irrefutables: fue un desastre económico y social que destruyó valor, erosionó el poder adquisitivo de los jubilados y dejó al sistema previsional más dependiente y vulnerable que nunca.
En octubre de 2008, el gobierno argentino anunció la nacionalización de las AFJP (las equivalentes a las AFAPs uruguayas). De un plumazo, se transfirieron al Estado unos 30.000 millones de dólares en fondos acumulados por 9,5 millones de trabajadores. El argumento oficial era “proteger” las jubilaciones de la crisis financiera global. La realidad, según los números, fue otra: el Estado necesitaba caja para financiar su gasto corriente, pagar deuda y sostener un modelo de reparto que ya arrastraba desequilibrios estructurales.
¿Qué pasó con esos fondos una vez en manos del ANSES (el equivalente al BPS)? Se crearon el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En teoría, un “resguardo” para las jubilaciones. En la práctica, una chequera discrecional para el Gobierno. Entre 2010 y 2015, el FGS creció a un ritmo anual de apenas 2,1% en dólares. Un rendimiento ridículo si se compara con lo que podría haber generado una gestión privada diversificada y con incentivos reales de rentabilidad.
Peor aún: gran parte de esos recursos se colocaron en títulos públicos a tasas inferiores al 8% anual, mientras la inflación real superaba el 20%. Es decir, el Estado le prestó a sí mismo el dinero de los trabajadores a tasas negativas en términos reales. Un impuesto encubierto al ahorro previsional.
El impacto en los mercados de capitales fue inmediato y brutal. El anuncio provocó una caída del 9,6% en el índice Merval y del 15,8% en acciones de bancos como el Francés. El volumen negociado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó de 470 millones de dólares mensuales a 270 millones.
El riesgo país (EMBIG) se disparó más que en el resto de la región y se mantuvo elevado. ¿Por qué? Porque los fondos de las AFJP eran los principales inversores institucionales del país. Al desaparecer la demanda privada de acciones y bonos corporativos, se contrajo el financiamiento al sector productivo. Menos inversión, menos crecimiento, menos empleo. Menos capital para generar la riqueza que, al final, sostiene las jubilaciones.
En el plano de los jubilados, los resultados fueron aún más claros. El sistema pasó de un esquema mixto (reparto + capitalización individual) a un reparto puro. Los aportes ya no se capitalizaban en cuentas personales; se usaban para pagar las jubilaciones presentes. Eso permitió, sí, expandir la cobertura mediante moratorias y jubilaciones no contributivas.
Pero a qué costo: los haberes reales se erosionaron por la inflación y la falta de disciplina fiscal. El Estado, al disponer de los fondos sin contrapeso de mercado, priorizó el gasto político sobre la sustentabilidad. El resultado fue un sistema cada vez más deficitario, más dependiente de transferencias del Tesoro y más expuesto a la discrecionalidad política.
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Los datos no mienten: lo que en 2008 eran 30.000 millones de dólares de ahorro genuino de los trabajadores terminó financiando obras, subsidios y deuda bajo criterios políticos, no económicos. No hubo “rescate” de los ahorros; hubo expropiación y redistribución regresiva. Los que ahorraron durante años vieron cómo su capital era diluido por la inflación y la mala asignación estatal. Los que no aportaron, recibieron beneficios pagados con el esfuerzo ajeno. Y los futuros jubilados heredaron un sistema sin reservas acumuladas, donde la pensión depende de la capacidad del Estado de recaudar y no de malgastar.
Esta no es una discusión ideológica abstracta. Es aritmética fría. Un sistema de capitalización individual obliga a los gestores privados a buscar rentabilidad real porque los afiliados pueden elegir y los retornos se reflejan en las cuentas personales. Un sistema de reparto estatal elimina ese incentivo: el político de turno usa los fondos para comprar votos hoy y posterga el ajuste para mañana. El resultado material siempre es el mismo: menos ahorro, menos inversión, menos crecimiento y jubilaciones más magras en términos reales.
En Uruguay, el plebiscito de octubre de 2024 ya dejó claro que seis de cada diez uruguayos rechazan esta estatización. Ignorarlo sería un acto de autoritarismo. Pero más grave aún sería repetir el experimento kirchnerista: tomar los ahorros de los trabajadores, centralizarlos en el BPS y dejar que la casta político-sindical los administre sin rendir cuentas al mercado ni a los dueños reales de ese dinero.
La historia argentina lo demuestra con números: estatizar las AFAPs no salva el sistema previsional. Lo condena a la ruina fiscal, a la erosión inflacionaria y al empobrecimiento de los jubilados. Es la receta perfecta para destruir el ahorro, ahuyentar la inversión y perpetuar el ciclo de despilfarro y miseria que ya conocemos demasiado bien.
