¿Atentado como en los años 70?: Un artefacto detonó frente al local de la Caja Militar en Montevideo

El episodio generó repudio político y sindical, pero también especulaciones en redes sobre posibles reacciones.

¿Estamos ante un regreso a las prácticas de los años setenta? La pregunta circula. En aquella época los atentados con explosivos eran moneda corriente en el marco de la guerrilla tupamara y la posterior represión. Hoy Uruguay tiene niveles de violencia política muy bajos.

Un artefacto detonado frente a una sede vinculada a las Fuerzas Armadas rompe esa normalidad relativa y obliga a mirar con atención.

Por ahora las autoridades insisten en que se trata de un hecho aislado. La investigación determinará si hay autores intelectuales, si el artefacto era de fabricación casera o más sofisticado, y si existe algún vínculo —directo o indirecto— con el conflicto reciente por las pensiones de los exmilitares requeridos por la Justicia.

Lo que sí está claro es que el hecho deja una imagen incómoda: un hombre caminando tranquilo por el centro de Montevideo, dejando un explosivo en la puerta de una institución del Estado y alejándose sin prisa.

En un país que se precia de su estabilidad institucional, ese tipo de escenas no pasan inadvertidas.

La Policía Científica sigue recolectando evidencias. El Ministerio del Interior mantiene reserva sobre los avances. Mientras tanto, la pregunta flota: ¿fue un acto solitario de alguien con un mensaje personal o el inicio de algo más organizado?.

Por ahora solo hay una certeza: el centro de Montevideo amaneció con vidrios rotos, escombros en la vereda y una nueva alerta que nadie esperaba.

La investigación sigue. Y con ella, la necesidad de respuestas rápidas y transparentes. Porque en Uruguay, este tipo de hechos, aunque aislados, no pueden volverse costumbre.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, habló con Telemundo y definió el episodio como “un hecho aislado”. Al mismo tiempo reconoció la preocupación: “No estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias”.

Dijo que ya tomó contacto con el Ministerio del Interior y que esperará los resultados de las pericias para “tomar las medidas correspondientes”. La frase clave fue clara: “Este tipo de situaciones de alguna manera desestabilizan porque no estamos acostumbrados ni vamos a acostumbrarnos nunca”.

El dato no es menor. Apenas tres semanas antes, la propia Caja Militar había suspendido el pago de pensiones a cuatro exmilitares prófugos en el exterior, acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

La medida llegó tras denuncias del fiscal especializado Ricardo Perciballe por irregularidades en el cobro de esas prestaciones.