En la madrugada de este lunes 15 de junio, alrededor de la 1:00, un hombre llegó caminando por la avenida Uruguay, en pleno Centro de Montevideo. Dejó un artefacto explosivo en la entrada principal de la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas —la conocida como Caja Militar— y se retiró a pie. Minutos después se produjo la detonación.
El estruendo rompió vidrios de la puerta principal y dañó la cortina metálica de acceso. Quedaron esparcidos por la vereda trozos de metales, plásticos y cables. No hubo heridos.
El operativo fue rápido: Policía Nacional, Dirección Nacional de Bomberos, Policía Científica y la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional trabajaron en el lugar. Las cámaras de seguridad captaron al autor del hecho.
La investigación está en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Por ahora no hay detenidos.
Todas las hipótesis están abiertas, aunque el modus operandi —un individuo solo que deposita el artefacto y se va caminando sin forzar nada ni robar— apunta más a un ataque premeditado contra la institución que a un delito común.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, habló con Telemundo y definió el episodio como “un hecho aislado”. Al mismo tiempo reconoció la preocupación: “No estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias”.
Dijo que ya tomó contacto con el Ministerio del Interior y que esperará los resultados de las pericias para “tomar las medidas correspondientes”. La frase clave fue clara: “Este tipo de situaciones de alguna manera desestabilizan porque no estamos acostumbrados ni vamos a acostumbrarnos nunca”.
El dato no es menor. Apenas tres semanas antes, la propia Caja Militar había suspendido el pago de pensiones a cuatro exmilitares prófugos en el exterior, acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
La medida llegó tras denuncias del fiscal especializado Ricardo Perciballe por irregularidades en el cobro de esas prestaciones.
