Impensado giro de acontecimientos para la ex periodista
Rodríguez, senadora del MPP y del Frente Amplio, afirmó que es necesario penalizar los “mensajes de odio” porque “siembran odio” y terminan provocando daños reales. Aclaró, sin embargo, que aún no existe un proyecto de ley escrito y que el tema se encuentra apenas en etapa de conversación.
La respuesta del diputado Gerardo Sotelo fue precisa y contundente. En Twitter escribió:
“El Estado no puede castigar una idea porque la considere odiosa. Una expresión puede ser racista, xenófoba, misógina o profundamente intolerante y continuar protegida por la libertad de expresión, porque el odio, la ofensa o el rechazo social no bastan para justificar una sanción penal.Para la legislación y la jurisprudencia internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión, antes debe acreditarse que lo expresado funciona, en su contexto concreto, como una incitación intencional con aptitud suficiente para provocar violencia u otra conducta ilícita semejante.Esta diferencia es fundamental porque impide que la categoría jurídicamente indeterminada de ‘odio’ se convierta en una puerta para castigar opiniones minoritarias, impopulares o disidentes.”
La distinción que plantea Sotelo no es un detalle técnico: es la línea que separa la democracia liberal de la censura ideológica. Cuando el “odio” se transforma en un concepto vago y expansivo, el poder político obtiene una herramienta para silenciar lo que le incomoda.
Resulta especialmente llamativo que quien hoy empuja esta lógica haya sido durante más de treinta años la cara visible del noticiero Subrayado de Canal 10. Rodríguez se presentó durante décadas como periodista. Ahora, desde un alto cargo político, propone restringir aquello que vagamente denomina “discurso de odio”. En la práctica, esa categoría suele abarcar cualquier expresión que no sintonice con la visión de la izquierda.
Estas iniciativas de control del discurso no son inocuas. Cuando se las presenta como defensa de la convivencia, en realidad erosionan el núcleo de la libertad de expresión y, con ella, de la democracia misma.
