Por: Guillermo Sicardi (mayo de 2023)
Decía el icónico ex presidente de Peñarol, contador José Pedro Damiani: “En el Uruguay no hay ricos, hay riquitos”. Y cuando nos comparamos con Argentina, también lo nuestro es diminutivo: ni grandes proezas, ni grandes desastres. Con la política sucede lo mismo: allá está “la casta” y aquí “la castita”. Ambas están en contra de las ideas que propone desde hace casi 10 años Javier Milei, un economista que defiende la libertad a ultranza y que quiere cambiar radicalmente la estructura del Estado y las mafias que lo gobiernan. Por eso muchos le tienen miedo.
Milei no está en contra de la política, ni de los políticos honestos y, menos aún, del sistema democrático. Él está en contra de “la casta”, a la cual define como aquellos políticos que viven del Estado, que aprueban leyes y decretos para dejar contento al pueblo en el corto plazo, aun sabiendo que, a la larga, esas medidas son perjudiciales para toda la sociedad.
También la casta la integra el político corrupto, no solo del que revolea bolsos con nueve millones de dólares para dentro de un convento trucho, asigna obra pública a los amigos y sus entenados que acumulan 400.000 hectáreas en estancias, sino que también incluye a los que hacen favores con dinero ajeno, cobran impuestos para repartirlos a cambio de votos o simplemente son tibios a la hora de encarar los cambios, porque saben que ir contra la corriente del pensamiento dominante es ir contra la corriente de los votos que los mantienen en el poder.
Miei a favor de la libertad
Milei está a favor de la libertad en todos sus términos, de las libertades políticas, las sociales, las individuales y, sobre todo, de las libertades económicas. Quiere eliminar los más de 120 impuestos que rigen en Argentina y dejar solo 10, así como las 69.000 regulaciones que impiden el comercio, al punto tal que un vehículo que transporta chacinados desde capital federal a provincia (es decir, cruzando la General Paz), debe llevar unos 17 permisos encima, y para ello el empresario debe disponer de un funcionario casi en exclusiva para llenar papeles inútiles para saciar a un Estado ineficiente.










