El exdiputado del Partido Nacional y presidente de la Fundación FREE, Pablo Viana, se reunió esta semana en Taipéi con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y expuso en el Ketagalan Forum sobre resiliencia democrática y guerra híbrida.
Su presencia en uno de los principales foros de seguridad del Indo-Pacífico es una excepción casi solitaria. Mientras él plantea la necesidad de cooperar con democracias frente a la coerción autoritaria, la mayor parte de la clase política uruguaya mantiene un alineamiento servil y de largo plazo con el régimen de Pekín que resulta, por cualquier estándar de soberanía e interés nacional, lamentable.
Desde 1988, cuando Uruguay rompió relaciones con la República de China (Taiwán) para reconocer a la República Popular, la tradición diplomática del país ha consistido en subordinar cualquier consideración de valores, autonomía estratégica o diversificación a las exigencias de un Estado de partido único. Esa tradición no es neutral ni inevitable: es una opción política que se ha consolidado hasta convertirse en casi dogma. La visita del presidente Yamandú Orsi a Xi Jinping a comienzos de 2026 y la declaración conjunta que reafirmó que Taiwán “forma parte inalienable del territorio chino” y respaldó los esfuerzos de “reunificación nacional” no fueron un desliz. Fueron la continuidad de una postura que ya había sido suscrita por gobiernos anteriores de distinto signo. El resultado es una clase política que, en su gran mayoría, trata el vínculo con Pekín como un hecho consumado e intocable, mientras minimiza o ignora los costos.
Dependencia económica y subordinación política
China es el principal socio comercial de Uruguay. En 2025 concentró cerca del 26 % del comercio total de bienes. Las exportaciones —soja, celulosa y carne bovina, casi exclusivamente— superaron los 3.400 millones de dólares. Las importaciones desde China (maquinaria, electrónicos, plásticos y, de forma creciente, vehículos) también crecieron con fuerza, hasta el punto de que en varios indicadores China ya desplazó a Brasil como principal socio.85
Esa dependencia no es solo comercial: se traduce en autocensura política. Cualquier gesto que pueda molestar a Pekín —incluso el más modesto intercambio con Taiwán— es desestimado o desincentivado. El comercio Uruguay-Taiwán ronda apenas los 44-50 millones de dólares anuales. No hay oficinas de peso ni acuerdos preferenciales. La clase política prefiere no explorar ese espacio porque prioriza no irritar al comprador dominante. El resultado es una relación asimétrica en la que Uruguay vende commodities y compra manufacturas, acepta el discurso de “una sola China” sin contrapartidas reales de diversificación tecnológica o institucional, y cede terreno en materia de autonomía.
Paraguay, el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, demuestra que existe otra vía. Sus exportaciones a la isla pasaron de unos 40 millones de dólares en 2017 a alrededor de 343 millones en 2025, con proyecciones cercanas a los 350-400 millones. Carne bovina y porcina gozan de aranceles cero o muy reducidos; en 2026 se abrió el mercado al pollo. Además, la cooperación incluye un centro de inteligencia artificial, parque tecnológico, cientos de becas y digitalización de pymes. Taiwán no se limita a comprar materias primas: transfiere capacidades.51
Uruguay, por opción política, se priva de ese tipo de vínculo. Mientras Paraguay obtiene acceso preferencial y cooperación tecnológica con una democracia, Montevideo se contenta con ser un proveedor más de commodities para un régimen que no comparte valores institucionales y que utiliza su peso económico para disciplinar a sus socios.
Pesca ilegal: depredación con base en Montevideo
La misma potencia a la que la clase política uruguaya se alinea con tanta diligencia opera una de las flotas pesqueras de aguas distantes más agresivas del planeta. Cientos de buques —en su mayoría chinos— se concentran en la milla 201 del Atlántico Sur, frente a Argentina y Uruguay, capturando calamar y otras especies. El puerto de Montevideo funciona como base logística para abastecimiento, tripulaciones y transbordos. Reportes documentan reiteradas denuncias de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, apagado de sistemas de identificación y presión sobre los stocks. Capitales chinos controlan una porción significativa de la flota de calamar bajo bandera argentina. El resultado es sobreexplotación, daño a ecosistemas y pérdida de oportunidades para pescadores locales.110
Uruguay cobra por los servicios portuarios mientras su clase política evita confrontar el problema de fondo. Es el mismo patrón: maximizar el ingreso inmediato y postergar cualquier cuestionamiento que pueda incomodar a Pekín.
Hace falta un giro
La reunión de Pablo Viana con Lai Ching-te y su intervención sobre guerra híbrida no cambian por sí solas la política exterior. Sí evidencian que el alineamiento casi unánime de la clase política uruguaya con China no es el único camino posible ni el más conveniente para el interés nacional. La tradición inaugurada en 1988 y reforzada una y otra vez —incluidas las declaraciones de 2026— ha convertido a Uruguay en un socio dócil que vende commodities, acepta el discurso político de Pekín y tolera prácticas depredadoras en sus propias costas.
Un giro no implica romper de un día para el otro con el principal comprador. Implica dejar de tratar esa relación como sagrada, abrir espacio real a vínculos con democracias que ofrezcan mercados de mayor valor agregado, tecnología y cooperación sin las asimetrías actuales, y recuperar la capacidad de cuestionar cuando los costos —económicos, ambientales y de soberanía— superan los beneficios. Mientras la mayor parte de la clase política prefiera la comodidad del alineamiento, figuras como Viana seguirán siendo excepciones. El costo de esa comodidad lo paga el país.
