En Uruguay, el Mes de la Diversidad Sexual se celebra en septiembre, a diferencia de muchos países donde el Orgullo LGBT+ se conmemora en junio.
Esta fecha coincide con el inicio de la primavera, y con la fundación de las primeras organizaciones del lobby LGBT+ en el país.
La elección de septiembre también se debe a razones climáticas, ya que el invierno uruguayo en junio dificulta la realización de eventos al aire libre como marchas.
Imposición violenta del Estado
El Estado uruguayo no debe promover ninguna orientación sexual. La sexualidad es un tema íntimo de cada individuo, y cuando el Estado promueve determinada preferencia sexual, cualquiera que sea, está usando su fuerza coactiva para someter al resto de la población que no tiene esa preferencia.
Se usan los recursos públicos, que se financian con los impuestos de los contribuyentes, para financiar a determinado grupo de individuos que tienen una orientación sexual, discriminando al resto de la población que también paga impuestos, y que merece igual trato.
Despilfarro de dinero público
El Estado uruguayo, desde hace décadas, cobra altísimos tributos a los contribuyentes.
Cobra impuestos, tasas, y contribuciones especiales, que son recaudados y malgastados desde hace muchísimos años.
La carga tributaria es altísima, y la casta política la despilfarra de la peor forma.
Desde hace años cada vez que llega septiembre, denominado Mes de la Diversidad Sexual, se malgasta el dinero de todos en promover determinadas orientaciones sexuales, en detrimento de otras.
En lugar de usar ese dinero para, por ejemplo, mejorar la seguridad pública, se lo malgasta en marchas, eventos, fiestas, y en contratar "artistas populares".
