En las primeras horas del 1 de abril de 2026, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) comunicó un ajuste del 83 % en el precio del gasoil marino, el combustible esencial para la flota pesquera uruguaya. El valor pasó de aproximadamente 715 dólares por metro cúbico a más de 1.300 dólares. La medida, justificada por la suba internacional del petróleo derivada de la inestabilidad en Medio Oriente y por la ausencia de topes regulatorios en este segmento (a diferencia de los combustibles domésticos), generó alarma inmediata en el sector pesquero. Armadores advirtieron que la operación se volvía inviable: varios barcos no pudieron zarpar y la zafra, que se intensifica en mayo, peligraba.
La reacción no se hizo esperar. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), que agrupa a las principales empresas del rubro, señaló que el incremento convertía al principal insumo en un factor prohibitivo. “No vamos a sacar los barcos porque es inviable comprar el combustible a ese valor y salir a pescar”, resumió su presidente, Juan Riva-Zucchelli. Paralelamente, se reportaron dificultades previas de suministro que ya habían dejado en tierra a una quincena de embarcaciones. El Ejecutivo, ante el riesgo de paralización, corrigió el rumbo en cuestión de horas: dispuso un precio diferencial con un ajuste del 7 % (equiparado al del resto de los combustibles regulados) para un volumen máximo de 2.000 metros cúbicos destinados a nave y pesca de bandera nacional. El excedente se vendería al precio de mercado regional (alrededor de 53.173 pesos por metro cúbico). De esta forma, ANCAP absorbe un desfasaje estimado en 1 a 1,2 millones de dólares mensuales, financiado con recursos públicos.
Este episodio, más allá de su rápida rectificación, revela una dinámica estructural. Cuando una sola entidad estatal controla la refinación, importación y distribución de combustibles, las señales de precio dejan de surgir del encuentro voluntario entre oferentes y demandantes. En su lugar, prevalecen cálculos burocráticos que intentan equilibrar costos internacionales, subsidios implícitos y presiones políticas. El gasoil marino, al no estar sujeto al mismo régimen de topes que los combustibles para el público, reflejó de golpe la realidad regional; pero el impacto sobre la pesca —un sector exportador que compite en mercados globales— fue inmediato y desproporcionado. La corrección posterior, aunque bienvenida para evitar un paro, no resuelve el problema de fondo: sigue dependiendo de la discrecionalidad del ente monopolista y del Tesoro público.
El contexto laboral del sector pesquero añade otra capa de rigidez. En los últimos años, la industria ha enfrentado conflictos prolongados con gremios marítimos que denuncian condiciones laborales precarias y contratación de tripulantes extranjeros. Las empresas, por su parte, rechazan categóricamente las acusaciones de “semiesclavitud” y sostienen que las actitudes sindicales históricas han generado relaciones laborales disfuncionales: dificultad para acceder a mano de obra local, altos costos y menor competitividad. La pesca uruguaya opera en un entorno global altamente competitivo, donde los márgenes dependen de la eficiencia en costos de combustible, mano de obra y logística. Cualquier distorsión artificial —ya sea en el precio del insumo energético o en la flexibilidad del mercado de trabajo— se traduce directamente en menos salidas, menos capturas, menos empleo y menos divisas.
Desde la lógica de una economía de mercado libre, este tipo de episodios ilustran por qué los monopolios estatales no son neutros. Cuando la producción y distribución de un bien estratégico como el combustible queda en manos de un solo actor con poder coercitivo (el Estado), se pierden los mecanismos de coordinación espontánea que surgen de la competencia. Los precios dejan de ser información veraz sobre escasez relativa y se convierten en variables políticas. Los subsidios temporales, aunque mitigan el golpe inmediato, transfieren el costo al contribuyente y generan incentivos perversos: sobreconsumo, acopio especulativo (como se vio en la demanda extraordinaria de los días previos) y dependencia crónica de decisiones centralizadas. La pesca, actividad privada y generadora de riqueza, termina pagando la ineficiencia de un esquema que privilegia el control sobre la eficiencia.
La solución no pasa por ajustes cosméticos ni por decretos de emergencia. Radica en permitir que el mercado funcione sin cortapisas: abrir la importación, refinación y distribución de combustibles a la competencia privada, eliminar monopolios legales y dejar que los precios se formen por la interacción de miles de decisiones individuales. Al mismo tiempo, la modernización del mercado laboral —con contratos flexibles, respeto a la voluntad de las partes y fin de los privilegios coercitivos sindicales— permitiría al sector pesquero reducir costos y aumentar su productividad. Solo así se evita que episodios como el del gasoil marino se repitan, y que el verdadero motor de la prosperidad —la iniciativa privada— deje de ser castigado por intervenciones que, aunque se presenten como protección, terminan siendo su mayor obstáculo.
Uruguay tiene la oportunidad de aprender de esta corrección forzada. El camino hacia una economía más robusta y competitiva pasa por reducir el peso del Estado en actividades que el mercado puede resolver mejor. La pesca no es un sector marginal: es fuente de empleo, exportaciones y desarrollo costero. Protegerlo no significa subsidiarlo con recursos ajenos, sino liberarlo de las cadenas que hoy lo atan.
