La medida es positiva pero no implica una solución de fondo al grave tema de la inseguridad.
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El gobierno de Yamandú Orsi dio un paso en la dirección correcta al anunciar el despliegue de vehículos blindados del Ejército Nacional para apoyar el patrullaje policial en los barrios más peligrosos de Montevideo.
Es una medida sensata. Los recursos militares no pueden quedar parados mientras el crimen organizado y la inseguridad escalan. Usar esa infraestructura (vehículos Mamba y personal capacitado) bajo mando policial para redoblar la presencia del Estado en zonas críticas es lógico y necesario.
Sin embargo, es claramente insuficiente
Acompañar a la policía con vehículos blindados ayuda a la disuasión y a la protección de los agentes, pero no cambia la ecuación de fondo. Mientras los delincuentes sigan percibiendo que el riesgo de ser detenido es bajo y que las consecuencias son leves, la inseguridad no se detendrá. Uruguay necesita mucho más que apoyo logístico: necesita represión efectiva y ejemplar.
Lo que falta: mano dura real
No alcanza con que los militares “acompañen”. Se requiere que las fuerzas de seguridad, incluyendo el componente militar, tengan mayor margen de acción operativa y que el sistema penal deje de ser una puerta giratoria.
Uruguay debe avanzar urgentemente en:
- Penas mucho más severas. Los homicidios, especialmente los vinculados al crimen organizado, sicariatos y robos con violencia extrema, deben recibir castigos ejemplares y sin beneficios automáticos. La prisión perpetua efectiva tiene que ser una realidad, no una ficción.
- Pena de muerte para los homicidas. Es hora de debatir seriamente la restauración de la pena capital para los casos más graves. Países que aplicaron políticas de tolerancia cero y castigos duros lograron bajar drásticamente sus tasas de homicidio. Uruguay no puede seguir siendo un paraíso para quienes matan sin consecuencias reales.
-Más bala al chorro. Las fuerzas de seguridad necesitan respaldo legal claro para usar la fuerza letal cuando enfrenten amenazas armadas. No se trata de abusos, sino de que un policía o militar no tenga que dudar un segundo cuando un delincuente apunta un arma.
La legítima defensa y la protección de la vida de los agentes y de la ciudadanía deben estar blindadas legalmente.
- Rol más activo de los militares. No solo vehículos que circulan acompañando. Donde la policía esté desbordada, los militares deben poder actuar con mayor protagonismo en operativos específicos, siempre dentro de un marco jurídico claro pero que no los paralice con burocracia.
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La inseguridad no se combate solo con presencia. Se combate con voluntad política de reprimir sin complejos. Los barrios más peligrosos necesitan que el Estado vuelva a imponer autoridad, no que siga negociando o conteniendo.
El anuncio de Orsi es bienvenido como primer gesto. Pero si se queda solo en vehículos blindados que “acompañan”, será otro parche más en un sistema que ya demostró ser insuficiente.
Uruguay merece y necesita mano dura de verdad. Más presencia, sí. Pero sobre todo más castigo, más disuasión y cero tolerancia con quienes eligen el camino del crimen. Todo lo demás es maquillaje.
La ciudadanía ya lo tiene claro: o se pone orden de una vez, o la escalada continúa.
