La Fiscalía avanza investigando la financiación ilegal del Partido liderado por Óscar Andrade y Juan Castillo.
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El fiscal Gilberto Rodríguez citó para hoy en calidad de indagada a Laura Alberti, ex tesorera del SUNCA y del Partido Comunista.
La secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y del Partido Comunista del Uruguay (PCU) deberá comparecer ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.
La citación se enmarca en la investigación por el desvío de más de un millón de dólares del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc).
Lo que hasta hace poco parecía un caso acotado a exdirigentes expulsados del gremio comienza a golpear las estructuras centrales del comunismo uruguayo. Alberti, figura de peso en las finanzas tanto del sindicato como del partido, fue mencionada en los testimonios de varios de los involucrados ya condenados.
El fiscal Rodríguez ha sido claro: existe una presunción sólida de que parte de esos fondos, desviados de su destino original —la construcción de viviendas para trabajadores—, terminó financiando actividades del SUNCA y del propio PCU.
El caso Fosvoc: de la denuncia interna a las condenas
La investigación, que lleva más de un año, se activó tras una denuncia de la propia directiva del fondo. Se detectó un esquema de irregularidades que permitió desviar al menos 1,1 millones de dólares.
En junio de 2025, tres exdirigentes del SUNCA y militantes históricos del PCU —Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero— fueron condenados por su participación en las maniobras.
En sus declaraciones ante la fiscalía, estos exsindicalistas no actuaron solos. Señalaron una estructura más amplia y mencionaron nombres de peso, entre ellos el de Laura Alberti. El fiscal Rodríguez, en rueda de prensa, confirmó que la trazabilidad de los fondos y los dichos de los condenados configuran indicios consistentes de que parte del dinero se destinó al financiamiento partidario y sindical.
Hasta el momento, el PCU mantiene una postura de negación absoluta. En un comunicado oficial rechazó en forma contundente haber recibido dinero alguno del Fosvoc y atribuyó las acusaciones a sujetos condenados que buscan involucrar al partido.
Sin embargo, la realidad judicial avanza por otro carril: la justicia no se detiene en las negaciones partidarias cuando hay trazabilidad bancaria y testimonios coincidentes.
Laura Alberti en el centro de la tormenta
Alberti no es una militante de base. Durante años ocupó (y según información reciente, sigue ocupando) un rol de responsabilidad en las finanzas del SUNCA, uno de los sindicatos más poderosos del país y tradicionalmente ligado al PCU. Su citación como indagada no es un trámite menor: implica que el fiscal considera que existen elementos suficientes para interrogarla en el marco de una causa por delitos económicos.
Su abogado ya anticipó que va a aclarar todas las dudas. El PCU, por su parte, la respaldó públicamente con firmeza. Pero el respaldo partidario no borra los hechos: tres condenados la mencionaron, el fiscal habla de presunciones sólidas y el dinero del fondo de los trabajadores de la construcción terminó, al menos en parte, en circuitos que la justicia investiga como vinculados al partido.
Un partido en el barro
El Partido Comunista del Uruguay enfrenta uno de los capítulos más delicados de su historia reciente. Durante décadas se presentó como la opción de la honestidad, la disciplina y la defensa de los trabajadores frente a la corrupción burguesa.
Hoy, sus exdirigentes están condenados por desviar fondos de vivienda obrera y su secretaria de Finanzas es citada a indagatoria por el mismo caso.
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El silencio institucional del PCU —interrumpido solo por comunicados genéricos de negación— contrasta con la contundencia de las pruebas que maneja la fiscalía. Óscar Andrade y Daniel Diverio, legisladores comunistas y exdirigentes del SUNCA, también fueron mencionados en el expediente, aunque hasta ahora no tienen calidad de imputados. El fiscal no descarta ampliar el círculo de indagados.
Mientras tanto, Laura Alberti mantiene su cargo de responsabilidad en el sindicato. El SUNCA expulsó a diez integrantes vinculados a las irregularidades, pero la cúpula financiera sigue en funciones.
La noche que se avecina
La citación de hoy no es el final del camino judicial, pero marca un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, la justicia uruguaya pone bajo la lupa no solo a militantes de base o exdirigentes caídos en desgracia, sino a una figura central de las finanzas del Partido Comunista.
El PCU puede seguir negando. Puede seguir hablando de delatores y de intentos de desprestigio. Pero los hechos son tozudos: dinero del fondo de vivienda de los obreros de la construcción apareció en circuitos que la fiscalía vincula al partido. Tres militantes ya fueron condenados. La secretaria de Finanzas del PCU y del SUNCA fue citada como indagada.
Se le viene la noche al Partido Comunista. Y esta vez, no alcanza con el viejo relato de la pureza ideológica. La Justicia tiene la palabra. Y los trabajadores de la construcción, cuyos fondos fueron desviados, merecen saber hasta dónde llegó la mano de quienes decían representarlos.
