La inseguridad es insostenible: tres atentados que exponen el colapso de una política de Estado
La situación de la inseguridad en Uruguay ha alcanzado un punto de quiebre. Ya no se trata de robos callejeros, hurtos o rapiñas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. Ahora son atentados directos contra instituciones del Estado: la Caja Militar, la vivienda de la Fiscal de Corte y la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Estos hechos no son aislados ni casuales. Son mensajes claros de impunidad y desafío al poder legítimo.
El más reciente ocurrió en la madrugada del 15 de junio de 2026, cuando un artefacto explosivo fue detonado contra la fachada de la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (conocida como la Caja Militar), en Avenida Uruguay entre Convención y Andes, en el centro de Montevideo. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre que llegó caminando, dejó el explosivo y se retiró a pie. Hubo daños materiales en persianas y vidrios, pero afortunadamente no hubo víctimas. La Policía Científica, el Ejército y la inteligencia trabajan en el caso; se investiga incluso la posible participación de una pareja que llegó en taxi.0
No es el primer golpe de este tipo. El 28 de septiembre de 2025 (madrugada del 29), dos personas ingresaron al patio trasero de la vivienda de la Fiscal de Corte Mónica Ferrero en Brazo Oriental. Dispararon y, según las pericias, al menos una detonación correspondió a una granada u otro explosivo. La vivienda sufrió daños, pero Ferrero salió ilesa por centímetros. El hecho fue vinculado al narcotráfico y generó un mensaje de terror contra la máxima autoridad del Ministerio Público. Posteriormente se produjeron condenas contra varios implicados.54
Y en la madrugada del 16 de noviembre de 2025, dos personas en moto dispararon varias veces contra la sede del INR en el centro de Montevideo y dejaron una carta con una amenaza explícita contra su directora. Otro ataque directo contra el sistema penitenciario y de rehabilitación del Estado.50
Estos tres atentados en menos de nueve meses conforman un patrón alarmante: el crimen organizado —o sectores vinculados a él— ya no se conforma con operar en las sombras. Ataca símbolos del Estado con explosivos, granadas y disparos. Esto no ocurre en un vacío. Ocurre bajo una gestión de la seguridad que, pese a los discursos y los números, ha demostrado ser incapaz de disuadir.
Una política de Estado fallida
La inseguridad no es un problema técnico ni coyuntural. Es el resultado de una política de Estado sostenida a lo largo de años, que priorizó la narrativa de “baja de delitos” por encima de la realidad percibida por la ciudadanía y, ahora, por encima de la integridad de las instituciones. El gobierno actual presenta planes nacionales a 10 años, con decenas de medidas y énfasis en prevención, coordinación y “evidencia”. Mientras tanto, los delincuentes actúan con creciente audacia.
Aquí entra de lleno la figura de Diego Sanjurjo. Politólogo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior y coordinador de estrategias de prevención focalizada, Sanjurjo ha sido uno de los principales arquitectos y voceros de esta línea. Sus informes destacan caídas en hurtos, rapiñas y hasta homicidios en 2025 y lo que va de 2026. Él mismo ha reconocido que Uruguay es “un país inseguro y violento”, pero insiste en que los indicadores “vienen bajando”.43
Esa defensa numérica es, en el mejor de los casos, miope. En el peor, es parte del problema. Sanjurjo representa la continuidad de un enfoque que confunde gestión estadística con seguridad real. Sus estrategias de “prevención focalizada” y “barrios sin violencia” (inspiradas en modelos internacionales suaves) han fracasado en generar disuasión efectiva. Mientras él y su equipo celebran números que bajan en ciertos rubros, el Estado recibe explosivos en la Caja Militar, granadas en la casa de la Fiscal de Corte y balazos con amenazas en el INR.
Criticar a Sanjurjo no es personalismo: es señalar al responsable intelectual de una política que subestima la gravedad del desafío. Su énfasis en datos agregados y prevención blanda ha contribuido a generar una percepción —y ahora una realidad— de impunidad. Los criminales no leen los informes de la AECA. Ven que pueden atacar sedes estatales y que la respuesta es investigación posterior, no una ofensiva inmediata y demoledora. Esa es la política de Estado que se debe denunciar: una que administra la inseguridad en lugar de erradicarla.
