Es un hecho lamentable y de profunda preocupación institucional.
Mientras el PIT-CNT —esa organización que carece de personería jurídica, que recauda recursos de los trabajadores, que ejerce presión constante sobre el sector productivo y que ha contribuido durante décadas a tensiones que afectan el crecimiento económico del país— realizaba su acto tradicional del 1° de Mayo, con la Internacional Socialista como fondo emblemático, se hicieron presentes varias figuras de los partidos que integraron la coalición de gobierno: las diputadas María Eugenia Roselló (Partido Colorado) y Valeria Ripoll (Partido Nacional), junto al diputado Pedro Jisdonián (PN), el exlegislador Álvaro Viviano y Jorge Larrañaga Vidal.
No se trata de un simple acto de cortesía o de escucha. Asistir implica, de facto, otorgar legitimidad institucional a una central sindical que ha operado históricamente como un actor político con métodos de confrontación que van más allá del legítimo reclamo laboral. Cuando La Derecha Diario señaló esta realidad con la claridad que exige el debate público, las diputadas Roselló y Ripoll respondieron visiblemente enojadas a nuestro posteo. No comprendieron —o no quisieron comprender— el núcleo del cuestionamiento: no se critica solamente el contenido de los discursos que escucharon, que de por sí son nefastos, sino el hecho mismo de validar con su presencia un evento de una institución que actúa al margen de la plena transparencia jurídica y con prácticas que han sido objeto de reiteradas críticas por parte de sectores productivos y contribuyentes. ¿Por qué deberían ir al acto del PIT-CNT? ¿Le debemos algo? ¿Le tienen miedo a esa mafia?
Podrían haber expresado sus opiniones desde sus bancas, desde sus redes o desde cualquier espacio público sin necesidad de legitimar el escenario. El argumento es elemental: asistir equivale a convalidar. Y convalidar una organización que:
- Recauda de forma compulsiva aportes de los trabajadores,
- Ejerce presión sistemática sobre empresarios mediante medidas de fuerza,
- Ha contribuido a un modelo de relaciones laborales que genera rigideces y costos que frenan el desarrollo económico,
- Y opera sin personería jurídica plena, lo que plantea interrogantes sobre su accountability institucional.
Eso no es diálogo constructivo. Es un gesto que debilita la coherencia de los partidos tradicionales, aquellos que deberían representar una alternativa clara al modelo intervencionista y confrontativo que el PIT-CNT encarna.
Y aquí la verdad sin anestesia, porque hay que decirla con toda su crudeza: el PIT-CNT y los sindicatos que lo integran no son “defensores de los trabajadores”. Son nefastos y destructivos para la economía real. No crean riqueza; la destruyen sistemáticamente. Imponen un modelo de rigideces laborales, paros extorsivos y chantaje permanente que eleva costos, desincentiva la inversión, genera desempleo y ahoga la productividad. Su lógica es siempre la misma: “o cedés a nuestras demandas irracionales o paralizamos todo”. No defienden empleo; lo liquidan.
Miren el sector pesquero, un caso paradigmático de su capacidad destructiva. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), afiliado al PIT-CNT, ha protagonizado conflictos tras conflictos que han paralizado flotas enteras durante meses en plena zafra. En 2025, un solo conflicto acumuló pérdidas de entre 10 y 15 millones de dólares en un mes; en total, el sector perdió más de 40 millones en conflictos recientes, dejó de pescar atún y pez espada en varias oportunidades y vio cómo empresas cierran o se van del país. Más de 3.000 trabajadores quedaron sin empleo temporalmente por culpa de la parálisis impuesta por el sindicato. ¿Resultado? Menos producción, menos exportaciones, menos divisas y, paradójicamente, más desempleo en el sector que supuestamente defienden. El SUNTMA optó por “volar todo por el aire” con demandas irracionales sobre guardias de timón, horas de descanso y convenios incumplidos, mientras las empresas advierten que Uruguay está perdiendo competitividad frente a países con sindicatos más racionales. Esto no es defensa laboral: es sabotaje económico puro.
En la construcción, el SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines) sigue el mismo manual destructivo. Su historial de huelgas prolongadas —como la de 83 días en 1993, una de las más largas de la historia uruguaya— y paros nacionales recurrentes por “seguridad y salud” (irónicamente, mientras imponen rigideces que encarecen las obras) generan demoras en proyectos, aumento de costos que se trasladan a los precios de las viviendas y desincentivo a la inversión privada. Los empresarios enfrentan un clima donde cualquier reclamo sindical puede frenar obras enteras, elevando el riesgo y frenando el desarrollo habitacional e infraestructural que el país necesita.
Y no paran ahí. En el sector industrial en general, los sindicatos del PIT-CNT y la Confederación de Sindicatos Industriales han contribuido a la pérdida de miles de puestos de trabajo formales e informales en los últimos años: cierres de fábricas, despidos masivos y una “cultura del paro” que ahoga la productividad. Empresas cierran porque no pueden competir con las rigideces laborales impuestas, mientras los dirigentes sindicales viven de cuotas compulsivas y poder político sin rendir cuentas.
De todas formas, aunque la crítica a estas presencias fue dura y necesaria, la responsabilidad mayor recae en quien lideró la coalición republicana durante cinco años: Luis Lacalle Pou. Su gobierno fue tibio y complaciente frente al poder sindical. No modificó un solo interés estructural del PIT-CNT, no intervino en sus cajas ni en sus privilegios históricos, y optó sistemáticamente por el pacto y la “paz social” antes que por una reforma profunda que pusiera límites al sindicalismo extorsivo. Ese legado de moderación excesiva es el que explica —y en cierta medida habilita— que hoy dirigentes de sus propios partidos consideren natural sentarse en un acto donde resuena la Internacional Socialista.
Roselló, Ripoll y los demás presentes no hicieron más que seguir esa línea de menor resistencia. Su asistencia refleja un giro preocupante hacia la izquierda en sectores que deberían ser el principal dique de contención frente al avance de las ideas colectivistas.
Que no se confunda: la crítica no busca descalificar personas, sino defender principios. Los partidos tradicionales tienen la obligación histórica de representar la defensa de la propiedad privada y la libertad económica. Si comienzan a normalizar su presencia en eventos que exaltan el sindicalismo confrontativo, esa barrera se erosiona.
Los uruguayos que trabajan, producen e impulsan el progreso del país tienen todo el derecho a exigir coherencia. Esto no es un detalle menor. Es una señal clara de lo que está en juego.
Basta de diálogo con quien destruye. Hora de confrontar con principios y reformas profundas.
