Alejandro Ruibal ocupa un lugar singular en el mapa del poder económico uruguayo. Es director ejecutivo de Saceem —la constructora que más obra pública concentra en el país— y, al mismo tiempo, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Desde esa doble posición encabeza las negociaciones con el SUNCA que apuntan a un preacuerdo para reducir paulatinamente la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin pérdida salarial. El resultado previsible es un aumento del costo horario de la mano de obra cercano al 9 %. Ese sobrecosto no se reparte por igual: las grandes empresas con contratos millonarios con el Estado pueden trasladarlo a las facturas públicas; las medianas y pequeñas, y los compradores de vivienda, lo pagan de lleno.
El mapa de los contratos que consolidaron a Saceem
Ruibal no firma los contratos a título personal, pero pocas figuras están tan asociadas a la obra pública. Saceem, la empresa que dirige, factura del orden de los 350-400 millones de dólares anuales y aparece, sola o en consorcio, detrás de las mayores obras estatales de la última década:
Ferrocarril Central (MTOP): el mayor contrato PPP de la historia del país. Consorcio Grupo Vía Central (Sacyr 40 %, NGE 27 %, Saceem 27 %, Berkes 6 %). Construcción inicial en torno a 1.070 millones de dólares y costo total del proyecto estimado por encima de los 2.000 millones. Participación de Saceem del 27 %.
Viaducto de la rambla portuaria (ANP, 2018): obra de más de 130 millones de dólares. Saceem fue el único oferente y ejecutó la totalidad.
Viaducto Accesos Este (MTOP): unos 54 millones de dólares.
PPP Educativa II (ANEP, 2019): 42 centros educativos por 72 millones de dólares. Consorcio Berkes-Saceem-Stiler.
El preacuerdo que eleva costos y el mecanismo de traslado
El preacuerdo que Ruibal negocia desde la Cámara reduce la jornada sin bajar salarios. La evidencia internacional más cercana —un estudio brasileño de Abrainc/Ecconit sobre el mismo cambio de 44 a 40 horas— estima un aumento del 10 % en el costo total de los proyectos y del 5,5 % en el precio de venta de las viviendas nuevas. En un horizonte de diez años, sumando demoras, menor oferta y rigideces, el impacto adicional puede situarse entre el 5 % y el 10 %.
Para una empresa como Saceem, que concentra cientos de millones en contratos estatales, el mecanismo es sencillo: el sobrecosto laboral se incorpora a las certificaciones de avance y el Estado lo paga. El erario no opera con la misma disciplina de precios que un cliente privado. Las medianas y pequeñas constructoras, que compiten en el mercado real por viviendas, galpones o reformas privadas, no tienen esa válvula. Absorben el aumento en sus márgenes, pierden competitividad o cierran.
El costo final lo pagan los más pobres
La vivienda es el gasto más importante de los hogares de menores ingresos. Un encarecimiento del 5,5 % (o más) en las unidades nuevas reduce la cantidad de viviendas que se pueden construir con los mismos recursos de vivienda social y empuja hacia arriba alquileres y precios. El mismo estudio brasileño calculó que ese aumento haría inviable el financiamiento para 1,6 millones de familias de bajos ingresos. En Uruguay el efecto es análogo: menos unidades por peso público, colas más largas y una proporción aún mayor del salario de los quintiles inferiores destinada a techo.
Cuando los costos suben, los desarrolladores priorizan segmentos de mayor margen. La oferta de vivienda asequible se contrae exactamente donde más se necesita.
Un patrón estructural
El caso de Alejandro Ruibal y Saceem ilustra un fenómeno de fondo: un puñado de constructoras concentra sistemáticamente las grandes licitaciones estatales. La “capacidad financiera y experiencia” opera como barrera de entrada. Desde la presidencia de la Cámara, Ruibal negocia condiciones laborales que elevan el costo de producir infraestructura. Desde la dirección de Saceem, su empresa está en condiciones de trasladar ese costo al propio Estado. El resultado no es neutro: fortalece a quienes ya dominan la obra pública, debilita a las empresas que operan en el mercado privado y termina pagándose en el precio de la vivienda de quienes menos capacidad tienen de absorberlo.
Lo que se ve es más tiempo libre con el mismo ingreso para un grupo de trabajadores. Lo que no se ve es el sobrecosto permanente sobre la construcción, la concentración de mercado y el traslado silencioso de recursos desde el bolsillo de los contribuyentes y de los compradores de vivienda hacia las firmas con acceso privilegiado al Estado.
