Alejandro Ruibal, Saceem y el preacuerdo de las 40 horas: quién gana con el encarecimiento de la construcción

Una aproximación de piso de contratos estatales identificables desde 2018 supera los 440-480 millones de dólares atribuibles a Saceem. La empresa reconoce una cuota cercana al 10 % del mercado de obra pública. En 2025 fue adquirida por el grupo francés NGE por un valor empresarial de 45 millones de dólares; Ruibal continúa como director general.

El preacuerdo que eleva costos y el mecanismo de traslado

El preacuerdo que Ruibal negocia desde la Cámara reduce la jornada sin bajar salarios. La evidencia internacional más cercana —un estudio brasileño de Abrainc/Ecconit sobre el mismo cambio de 44 a 40 horas— estima un aumento del 10 % en el costo total de los proyectos y del 5,5 % en el precio de venta de las viviendas nuevas. En un horizonte de diez años, sumando demoras, menor oferta y rigideces, el impacto adicional puede situarse entre el 5 % y el 10 %.

Para una empresa como Saceem, que concentra cientos de millones en contratos estatales, el mecanismo es sencillo: el sobrecosto laboral se incorpora a las certificaciones de avance y el Estado lo paga. El erario no opera con la misma disciplina de precios que un cliente privado. Las medianas y pequeñas constructoras, que compiten en el mercado real por viviendas, galpones o reformas privadas, no tienen esa válvula. Absorben el aumento en sus márgenes, pierden competitividad o cierran.

El costo final lo pagan los más pobres

La vivienda es el gasto más importante de los hogares de menores ingresos. Un encarecimiento del 5,5 % (o más) en las unidades nuevas reduce la cantidad de viviendas que se pueden construir con los mismos recursos de vivienda social y empuja hacia arriba alquileres y precios. El mismo estudio brasileño calculó que ese aumento haría inviable el financiamiento para 1,6 millones de familias de bajos ingresos. En Uruguay el efecto es análogo: menos unidades por peso público, colas más largas y una proporción aún mayor del salario de los quintiles inferiores destinada a techo.

Cuando los costos suben, los desarrolladores priorizan segmentos de mayor margen. La oferta de vivienda asequible se contrae exactamente donde más se necesita.

Un patrón estructural

El caso de Alejandro Ruibal y Saceem ilustra un fenómeno de fondo: un puñado de constructoras concentra sistemáticamente las grandes licitaciones estatales. La “capacidad financiera y experiencia” opera como barrera de entrada. Desde la presidencia de la Cámara, Ruibal negocia condiciones laborales que elevan el costo de producir infraestructura. Desde la dirección de Saceem, su empresa está en condiciones de trasladar ese costo al propio Estado. El resultado no es neutro: fortalece a quienes ya dominan la obra pública, debilita a las empresas que operan en el mercado privado y termina pagándose en el precio de la vivienda de quienes menos capacidad tienen de absorberlo.

Lo que se ve es más tiempo libre con el mismo ingreso para un grupo de trabajadores. Lo que no se ve es el sobrecosto permanente sobre la construcción, la concentración de mercado y el traslado silencioso de recursos desde el bolsillo de los contribuyentes y de los compradores de vivienda hacia las firmas con acceso privilegiado al Estado.