La Junta de Maldonado mandó a doce personas a una feria de turismo en Buenos Aires con viáticos pagos

Con ese parámetro, y tomando la duración de la misión tal como figura en el boletín —cinco días—, el cálculo es simple: doce personas por cinco días por USD 368 arrojan USD 22.080. La cifra es una estimación construida sobre la escala de referencia; el monto efectivamente pagado podría ser menor si el cuerpo aplicó otro criterio o si los días de viaje se liquidaron en forma parcial. Este medio consultó a la Junta sobre el costo de la misión y al cierre de esta nota no había obtenido respuesta. Lo que no está en discusión es la cantidad de integrantes, la duración y el destino, que constan en un documento oficial emitido por la Secretaría General del cuerpo.

Lo que se hacía antes

La participación de la Junta de Maldonado en la FIT no es nueva. Es habitual que el cuerpo envíe a integrantes de la Comisión de Turismo a acompañar el stand de Uruguay en la feria. Lo que distingue a esta edición es el tamaño de la delegación: doce personas, incluyendo a un funcionario de confianza que no ejerce representación política alguna y cuya función es asistir al presidente.

El propio Matteu fue entrevistado desde la feria por FM Gente de Maldonado, que difundió el diálogo bajo el título "Maldonado presente en la FIT 2026". El presidente habló allí de las expectativas y de la promoción del departamento como destino turístico. Es la defensa esperable; también es exactamente la misma que se hacía cuando viajaban tres ediles, lo que deja sin responder la única pregunta que importa: qué aportan los otros nueve.

El mismo boletín registra otra misión: diez ediles viajaron a Colonia entre el 11 y el 13 de setiembre para participar del Congreso Nacional de Ediles. Dos misiones oficiales en dos semanas, veintidós cupos con viáticos, sin que se haya difundido públicamente informe alguno de resultados.

El problema no es el viaje, es la idea de Estado que hay detrás

Nadie discute que promocionar Maldonado en la principal feria turística de la región sea una tarea pertinente. La discute la lógica más elemental cuando se pretende que esa tarea requiera doce personas. La gestión comercial del stand uruguayo corresponde al Ministerio de Turismo; la promoción del departamento, a la Intendencia. La Junta no vende paquetes, no firma convenios ni negocia con operadores. Su función constitucional es legislar en el ámbito departamental y controlar al Ejecutivo comunal. En la FIT no se legisla ni se controla nada.

Un edil en un stand es representación institucional. Diez ediles y un secretario de confianza en un stand son otra cosa: son un beneficio repartido entre quienes integran el cuerpo, financiado por el contribuyente de Maldonado y presentado como misión oficial. Que Moroy viaje con viáticos además de percibir la remuneración más alta del organismo no es un detalle administrativo; es la síntesis del problema. El Estado paga al funcionario para asistir al presidente y le cubre además los viáticos para acompañarlo a Buenos Aires.

Se dirá que USD 22.000 no quiebran las finanzas de ninguna Junta. Es cierto, y es precisamente el argumento más peligroso que existe en materia de gasto público. "No es mucho" es la frase con la que se justifica cada partida que nadie controla, cada cupo que se agrega a una delegación, cada viático que se liquida sin que a nadie se le ocurra preguntar para qué. La suma de gastos que "no son mucho" es la razón por la que el Estado uruguayo cuesta lo que cuesta.

Mientras tanto, el mismo Boletín 28/2026 que consigna la misión a Buenos Aires recoge planteos de vecinos por veredas inexistentes, cunetas sin limpiar e iluminación deficiente en Cerro Pelado y Punta Negra. Esos expedientes fueron derivados a la Intendencia "a recabar información". La misión de doce personas no necesitó recabar nada: se tramitó y se ejecutó. La velocidad con la que un organismo resuelve sus propios viajes y la lentitud con la que atiende las veredas de sus contribuyentes dicen más sobre sus prioridades que cualquier discurso.

Corresponde que la Junta publique el costo total de la misión, el criterio con que se fijaron los viáticos y qué actividad concreta cumplió cada uno de los doce integrantes durante los cinco días. Son datos públicos, pagados con dinero público. Que el contribuyente de Maldonado tenga que reconstruirlos con una escala ministerial y una calculadora no es una omisión menor: es la prueba de que el organismo no considera que deba explicaciones a quien le paga el sueldo.