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Estados Unidos

Mientras mantiene 400 presos políticos, Biden anuncia sanciones contra otros países que "encarcelen injustamente opositores"

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Desde el 6 de enero del año pasado, el FBI de Biden mantiene arrestados a casi 400 militantes del Partido Republicano que protestaron contra su victoria electoral en medio de la polémica por el fraude.

El presidente demócrata Joe Biden firmó una orden ejecutiva que le permitirá a la Casa Blanca sancionar a gobiernos de otros países que "encarcelen injustamente a opositores y a ciudadanos estadounidenses" y publicó una lista revisada de advertencias de viaje después de una serie de detenciones de alto perfil.

“Cuando los estadounidenses son llevados cautivos en el exterior, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar su liberación”, dijo Blinken en un comunicado.

La medida se produce después de una amplia cobertura mediática de la detención en Rusia por cargos de drogas de la estrella del básquet Brittney Griner, cuya esposa inicialmente dijo que Biden no estaba haciendo lo suficiente para ayudar en su liberación.

La orden ejecutiva autoriza a Estados Unidos a imponer sanciones financieras y prohibiciones de viaje internacional a funcionarios estatales involucrados en detenciones injustas de estadounidenses u opositores en general.

Esta decisión es bastante hipócrita, ya que Biden mantiene a casi 400 estadounidenses presos en centros de detención en la zona de Washington DC sin causa justa.

Luego de la manifestación del pasado 6 de enero del 2021 en el Capitolio, cuando policías dejaron entrar a los que participaban de una marcha reclamando que no se certifique el fraude electoral del 2020, el FBI de Biden ejecutó una ola de arrestos masivos que dejó a cientos de personas tras las rejas.

Estas personas, son acusadas de cometer el delito de intrusión ("trespassing") en un edificio federal, aunque todas las grabaciones muestran cómo los policías abrieron las puertas e hicieron señas para que los manifestantes entraran al Congreso. Incluso esto fue reconocido por uno de los tantos jueces que trataron los casos de estos presos políticos, quien exoneró de todos los cargos a un acusado, bajo el argumento de que es imposible la intrusión cuando un policía te da permiso a pasar. Pero no todos tuvieron la misma suerte.

Incluso si fuera correcto la condena por intrusión, según las leyes de la capital del país, la intrusión a un edificio federal solamente conlleva una multa de 500 dólares y sin tiempo de cárcel efectiva, pero estas personas ya llevan más de 18 meses encarcelados.

Es clara la intención política de estas detenciones, especialmente en el caso de Ryan Kelley, quien lideraba las encuestas a gobernador en Michigan por el Partido Republicano y fue arrestado el pasado 10 de junio luego de que surgieran videos suyos en las escalinatas del Capitolio.

Antes de salir a condenar a otros países por tener presos políticos, Biden debería fijarse cómo anda en su propia casa. El fiscal general de la Casa Blanca, Merrick Garland, se ha encargado de lograr la prisión preventiva para estos casi 400 estadounidenses, usando muchas veces las mismas excusas que utilizan los regímenes extranjeros para justificar su detención.

El Departamento de Estado, en sus avisos de viaje para estadounidenses, también comenzará a resaltar en qué naciones existe un riesgo elevado de "detención injusta", y establcerá un sistema para advertir a los norteamericanos que quieran sacar un pasaje para viajar allí.

El grupo inicial de naciones que llevarán una marca “D” por riesgo de detención serán China, Irán, Myanmar, Corea del NorteRusia Venezuela, confirmó el secretario Antony Blinken, quien debería incluir en la lista a la misma Estados Unidos.

Estados Unidos

Trump destruyó a Biden en el primer debate presidencial, y hasta CNN pide que los demócratas elijan otro candidato

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El debate fue una masacre: el republicano sacudió al actual presidente en una serie de temas mientras el demócrata balbuceaba y le costaba enarbolar una respuesta.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump se enfrentaron en un tenso cara a cara este jueves en el primer debate de las elecciones de 2024, en el que el republicano dominó por amplia diferencia a un Biden que estuvo ausente mentalmente todo el debate.

El cruce, que se realizó en la cadena de CNN en Atlanta, donde Trump jugó completamente de visitante, pero arrasó. Biden, por momentos, pareció perder el hilo de sus pensamientos y tropezó en varios puntos, provocando lo que algunos analistas describieron como "pánico" dentro del Partido Demócrata.

Ambos candidatos se acusaron mutuamente de mentir sobre temas que van desde los veteranos y la frontera hasta el estado de la economía estadounidense y la inflación. Pero Trump fue capaz de hablar coherentemente, lo que no pudo hacer el mandatario demócrata.

Trump atacó repetidamente a Biden por su manejo de la economía y su historial de política exterior, así como por las cifras récord de llegada de inmigrantes. Biden, por su parte, apuntó a la reciente condena penal de Trump y repitió que su rival es "una amenaza a la democracia", pero sin ya que nadie le crea mucho.

Esta es la segunda vez que Biden y Trump se disputarán la Casa Blanca después de que al republicano le robaran las elecciones de 2020, aunque ambos todavía deben ser nominados oficialmente por sus respectivos partidos en las convenciones que se harán el mes que viene.

A diferencia de debates anteriores, éste debate se celebró sin una audiencia en vivo y también contó con micrófonos silenciados para los candidatos durante el tiempo de palabra asignado a su oponente, lo que evitó que se reinara en el caos que caracterizó el primer debate Trump-Biden en 2020.

Tras el cruce, los comentaristas de CNN salieron al aire advirtiendo el peligro de que Biden continúe con la campaña. "Altos funcionarios del Partido Demócrata están diciendo: ‘Tenemos un problema’", aseguraron ni bien terminó el debate.

Anthony Van Jones, por su parte, le soltó la mano a Biden: "Fue doloroso de ver. Yo trabajé en muchas campañas con Biden. Lo amo, es uno de mis mejores amigos. Pero lo de hoy demostró que llegó el momento de cambiar de candidato. Todavía tenemos tiempo antes de la Convención".

Por último, el comentarista David Urban asegura que los mismos candidatos demócratas no quieren que Biden continúe: "Me están llamando candidatos de todo el país que me dicen que si van en la misma boleta que este tipo van a perder en sus distritos".

El jefe de campaña de Barack Obama en 2008 y en 2012, David Axelrod, puso en duda que Biden sea el candidato luego de la convención del 19 de agosto: “Les puedo asegurar que habrá discusiones sobre si debería continuar como candidato a presidente”.

En una entrevista en MSNBC, David Plouffe, mano derecha de Axelrod, advirtió que la actuación de Joe Biden en los debates llamó la atención sobre su avanzada edad, que es una de sus mayores debilidades.

"Es una especie de momento Defcon 1", dijo Plouffe. "Lo más importante en esta elección son las preocupaciones de los votantes, y son tanto los votantes indecisos como los votantes de base, con su edad, y eso se agravó esta noche".

Aunque Biden es solo tres años mayor que Trump, Plouffe dijo: “Esta noche parecía que se llevaban unos 30 años de diferencia. Y creo que eso es lo que los votantes tendrán que afrontar realmente después de esto”.

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Estados Unidos

El Congreso de EEUU aprueba la histórica “Ley de Protección a Falun Gong” para combatir las persecuciones políticas de la dictadura china

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Desde 1999, el Partido Comunista Chino sistemáticamente estigmatizada y persigue a los practicantes de Falun Gong, quienes además sufren de una sustracción forzada de sus órganos por parte de la dictadura china.

En una medida histórica, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la HR 4132, conocida como la "Ley de Protección a Falun Gong", marcando un paso crucial para abordar la persecución de los practicantes de Falun Gong en China, especialmente la aterradora práctica de la sustracción forzada de órganos.

Falun Gong, también conocida como Falun Dafa, es una disciplina espiritual de la Escuela Buda basada en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Desde 1999, ha sido sistemáticamente estigmatizada y perseguida por el Partido Comunista Chino (PCCh), en parte debido a la gran popularidad que obtuvo en los años noventa, lo que llevó al entonces líder del régimen chino, Jiang Zemin, a considerarla una "amenaza".

Luego del debate y la aprobación, Levi Browde, director ejecutivo del Centro de Información de Falun Dafa, declaró: "Aplaudimos y estamos profundamente agradecidos al Congreso de los Estados Unidos por aprobar la Ley de Protección de Falun Dafa antes del 25.º aniversario de la persecución el próximo mes".

"Este proyecto de ley vital salvará vidas, brindará esperanza a los practicantes de Falun Gong que aún sufren en China, reducirá la sustracción forzada de órganos y ayudará a los centros médicos y pacientes estadounidenses a evitar la complicidad en este crimen atroz. Instamos al Senado a presentar y aprobar un proyecto de ley complementario lo antes posible, y al presidente Biden a firmar la legislación", agregó.

Este histórico proyecto de ley es la primera legislación federal que aborda específicamente los abusos a los derechos humanos sufridos durante décadas por decenas de millones de practicantes de Falun Gong. Aunque desde 1999 se han adoptado múltiples resoluciones del Congreso condenando la campaña de represión, la HR 4132 representa un avance significativo. El proyecto fue presentado por el congresista Scott Perry y copatrocinado por otros 18 miembros bipartidistas.

Entre sus disposiciones, el proyecto de ley establece que "evidencia creíble sugiere que los practicantes de Falun Gong están sujetos a una sustracción forzada de órganos generalizada y son el objetivo específico de esta práctica bárbara".

La sustracción forzada de órganos fue reconocida por el Tribunal de China en 2019 como un crimen contra la humanidad y ha sido denunciada como una forma de genocidio por numerosos académicos e investigadores. Una disposición clave de la Ley de Protección de Falun Gong instruye al Secretario de Estado a determinar oficialmente si la persecución califica como un crimen contra la humanidad o genocidio bajo la Ley Elie Wiesel de Prevención de Genocidio y Atrocidades, dentro de un año de la promulgación de la ley.

Además, el proyecto de ley exige un informe completo sobre las políticas y prácticas de trasplante de órganos en China y la imposición de sanciones estrictas. Esto incluye compilar una lista de aquellos involucrados en la sustracción involuntaria de órganos y que, por lo tanto, deberían estar sujetos a bloqueo de activos y restricciones de VISA.

La legislación también establece una política clara de Estados Unidos, evitando cualquier cooperación en el campo de los trasplantes de órganos mientras el actual régimen chino permanezca en el poder. Además, alienta a Estados Unidos a colaborar con sus aliados "para resaltar la persecución de China a Falun Gong" y en la implementación de sanciones selectivas y restricciones de visas.

"Los practicantes de Falun Gong han desempeñado un papel fundamental al desafiar la censura y los abusos de los derechos humanos del PCCh", señaló Browde. "La aprobación de la Ley de Protección de Falun Gong por parte de la Cámara representa no solo un triunfo para los practicantes de Falun Gong, sino también una esperanza para todos los que sufren bajo la opresión del PCCh".

“Mientras celebramos este progreso, es crucial que el Senado tome medidas rápidas para presentar y aprobar un proyecto de ley complementario. La urgencia de la crisis de derechos humanos que aborda esta legislación no puede subestimarse, y es imperativa una respuesta unificada del Congreso para contrarrestar eficazmente estas atrocidades”.

Desde hace años, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha participado en prácticas de sustracción forzada de órganos. La evidencia y los testimonios han revelado que el PCCh ataca sistemáticamente a grupos marginados, como los practicantes de Falun Dafa, los musulmanes uigures, los tibetanos y otras minorías religiosas y étnicas, deteniéndolos en campos de concentración, donde son sometidos a pruebas médicas invasivas en contra de su voluntad.

Sorprendentemente, el PCCh también ha sido acusado de publicitar la venta de órganos humanos vivos, enumerando corazones, hígados y riñones disponibles como si fueran artículos de una lista de compras. Esta espantosa mercantilización de vidas humanas con fines de lucro subraya la urgente necesidad de una condena internacional y de medidas legislativas para detener estas atrocidades.

En 2006, el fallecido abogado canadiense David Kilgour, junto con el abogado de derechos humanos David Matas, publicó el informe “Cosecha sangrienta”. Esta investigación reunió suficiente evidencia para comprobar la sustracción forzada de órganos por parte del régimen chino de prisioneros de conciencia vivos de Falun Dafa, entre otras minorías religiosas.

En 1999, comenzó una campaña de difamación y persecución contra la disciplina espiritual iniciada por el exlíder del régimen comunista chino, Jiang Zemin. Esta persecución continúa hasta hoy, ya que la facción de Jiang aún mantiene bajo su control el aparato represivo de China.

Inicialmente, se prohibieron los ejercicios en los parques y luego, utilizando todo el aparato de comunicación estatal, se denigró a Falun Gong y se iniciaron arrestos masivos. A pesar de los riesgos, los practicantes continúan arriesgando sus vidas cada día al colocar pancartas de "aclaración de la verdad" en las calles o buzones de los domicilios.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Estados Unidos

Julian Assange llegó a un acuerdo con el gobierno de Biden y quedará en libertad por primera vez desde 2019

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Había sido detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de salir de la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo refugiado durante casi siete años.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se declarará culpable de un delito en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Joe Biden, lo que le permitirá salir de la cárcel y poner fin a una prolongada saga legal que abarcó varios continentes y se centró en la publicación de numerosos documentos clasificados, según documentos judiciales presentados el lunes por la noche.

"Julian Assange está libre. Abandonó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días. El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto de Stansted por la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido", anunció WikiLeaks en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Está previsto que Assange comparezca ante el tribunal federal de las Islas Marianas, una mancomunidad estadounidense ubicada en el Pacífico occidental, para declararse culpable de un cargo bajo la Ley de Espionaje por "conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional", según informó el Departamento de Justicia en una carta presentada ante el tribunal.

La declaración de culpabilidad, que debe ser aprobada por un juez, pone fin abruptamente a un caso penal de intriga internacional. Los investigadores han afirmado repetidamente que sus acciones infringieron leyes diseñadas para "proteger información sensible y pusieron en peligro la seguridad nacional del país", mientras que muchos defensores de la libertad de prensa argumentan que "actuaba como periodista para exponer irregularidades de distintos gobiernos".

Se espera que Assange regrese a Australia tras su declaración de culpabilidad y la sentencia, prevista para el miércoles por la mañana, hora local, en Saipán, la mayor isla de las Marianas. La audiencia se llevará a cabo allí debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal a Australia.

El acuerdo asegura que Assange admitirá su culpabilidad, mientras que le exime de cualquier pena de prisión adicional. Ha pasado años escondido en la embajada de Ecuador en Londres después de que las autoridades suecas pidieran su detención por falsas acusaciones de violación, antes de ser encarcelado en el Reino Unido.

Entre los archivos publicados por WikiLeaks se encuentra un video de un ataque con helicópteros Apache perpetrado en 2007 por las fuerzas estadounidenses en Bagdad (Irak), en el que murieron 11 personas, entre ellas dos periodistas de la agencia Reuters.

La acusación del Departamento de Justicia, desvelada en 2019, acusaba a Assange de "alentar y ayudar" a la analista de inteligencia del Ejército estadounidense, Chelsea Manning, a robar "cables diplomáticos y archivos militares" que WikiLeaks publicó en 2010. Los fiscales habían afirmado que Assange "dañó la seguridad nacional al publicar documentos que perjudicaban a Estados Unidos y sus aliados, y ayudaban a sus adversarios".

El caso fue criticado por defensores de la prensa y partidarios de Assange. Los fiscales federales argumentaron que su conducta iba mucho más allá de la de un periodista que recopila información, equiparándola a un intento de "solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos clasificados del gobierno". Esto se llevó a cabo a pesar de que el Departamento de Justicia de la administración Obama había decidido no procesarlo años antes.

El acuerdo de culpabilidad se produce meses después de que el presidente Joe Biden dijera que estaba considerando una petición de Australia para que Estados Unidos renunciara a procesar a Assange.

Manning fue condenada a 35 años de prisión tras ser declarada culpabla de violar la Ley de Espionaje y otros delitos por filtrar documentos clasificados del gobierno y militares a WikiLeaks. El presidente Barack Obama conmutó su sentencia en 2017, permitiendo su liberación tras aproximadamente siete años entre rejas.

Assange volvió a los titulares en 2016 después de que su sitio web publicara correos electrónicos demócratas que, según los fiscales, fueron robados por agentes de inteligencia rusos. Aunque nunca fue acusado en la investigación sobre Rusia del abogado especial Robert Mueller, esta investigación detalló el papel que desempeñó la operación de pirateo en la interferencia en las elecciones de ese año en favor del entonces candidato republicano Donald Trump.

Tras la publicación de los documentos en 2010, funcionarios del Departamento de Justicia consideraron la posibilidad de presentar cargos contra Assange, pero dudaron de que el caso se mantuviera en los tribunales y les preocupaba que pudiera ser difícil justificar su procesamiento por actos similares a los de un periodista convencional. Sin embargo, la postura cambió durante la administración Trump, y en 2017 el exfiscal general Jeff Sessions consideró prioritaria la detención de Assange.

La familia y los partidarios de Assange han señalado que su salud física y mental se ha deteriorado tras más de una década de batallas legales, incluyendo siete años pasados dentro de la Embajada de Ecuador en Londres.

Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012 y se le concedió asilo político después de que los tribunales de Inglaterra dictaminaran que debía ser extraditado a Suecia en el marco de una falsa investigación por violación en el país escandinavo. Fue detenido por la policía británica después de que el gobierno de Ecuador le retirara el estatus de asilado en 2019 y luego encarcelado por saltarse la fianza cuando se refugió por primera vez dentro de la embajada.

Aunque Suecia terminó retirando la investigación por delitos sexuales, Assange ha permanecido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh durante la batalla por la extradición con Estados Unidos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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