Se trata de "Coxtex", una de las empresas que generaba facturas para justificar gastos frente al Ministerio de Desarrollo Social. AFIP la estuvo vigilando desde 2022, pero nunca llegó a suspenderla.

El 30 de agosto de 2022, la AFIP concluyó una inspección sobre la empresa Coxtex, determinando que se trataba de una usina de facturas sin capacidad económica ni financiera. Por esta razón, decidió incluirla en la base E-Apoc, que reúne a todas las empresas que emiten facturas falsas.

Casi dos años después, esta misma empresa es parte de una investigación judicial que involucra al Polo Obrero y a sus principales dirigentes, como Eduardo Belliboni. La Justicia sospecha que Coxtex generó varias facturas para "justificar" gastos de esa organización.

La inspección de la AFIP, ahora parte del caso que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, reveló la actividad inusual de Coxtex en los meses siguientes a su creación en octubre de 2020. En el primer semestre de 2021, emitió facturas por un total de $115.531.342,83, y en el segundo semestre del año, la cifra ascendió a $226.074.302,49, según el informe judicial.

Pero hay más. Entre enero y febrero de 2022, el mismo año de la inspección, Coxtex facturó $139.119.572,65. En total, suman más de $480 millones en solo trece meses. "La última facturación importante es de febrero de 2022; después aparecen montos menores hasta julio de ese año", señaló un investigador.

Los investigadores de la AFIP visitaron los domicilios personales de los dos "socios fundadores" de Coxtex: María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, conocido como el enigmático "canadiense". La investigación alarmó a los implicados, aunque para ese momento la sociedad ya estaba prácticamente inactiva.

En el teléfono de Vega se encontraron mensajes relacionados con el conflicto. El 24 de octubre de 2022, Gabriela Anahí Rivero alertó a Vega: "Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no pueden ubicar. Vinieron a casa". Tres días después, Vega comunicó a Rivero su malestar: "Anita, recién pasó el hombre de la AFIP (…) me desvinculó de todo. Hay muchas empresas a mi nombre: Recinsur, VSP, Coxtex".

En efecto, Vega y Pichuaga habían prestado sus nombres para la creación de otras tres sociedades durante 2020: Consulting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL.

Cuando allanaron la casa de Vega, una mujer de origen humilde, no estaba presente. Más tarde llegó junto a su pareja, un albañil de 55 años, de manera espontánea. La Policía la registró y encontró un teléfono Samsung, el cual fue posteriormente peritado.

Hace aproximadamente un mes, Pichuaga también fue allanado en su modesto PH en el barrio de Floresta. En su domicilio, la Policía confiscó un documento de la AFIP fechado el 27 de octubre de 2022 y firmado por el inspector Norberto Andrade.

Según la investigación del organismo recaudador en ese momento, Coxtex, que supuestamente se dedicaba a la venta de equipos y programas informáticos, tenía solo un empleado registrado a pesar de facturar millones. "Presentó DDJJ (formulario 931) por los períodos 02/2021 al 10/2021 en cero", según consta en el documento adjunto a la investigación judicial.

La conclusión de los investigadores fue contundente: "Se observa la emisión de facturas electrónicas con montos significativos, los cuales resultan imposibles de ser realizados por una empresa sin capacidad económica y financiera suficiente para llevarlos a cabo". Debido a esto, la empresa fue incluida en la base E-Apoc.

La historia de Coxtex volvió a ser relevante hace dos meses, cuando la Justicia comenzó a investigar las facturas presentadas por el Polo Obrero para justificar sus gastos ante el Ministerio de Desarrollo Social. Otra empresa bajo escrutinio es la imprenta conocida como "Ediciones e Impresiones Rumbos SRL". En conjunto, estas dos sociedades aportaron facturas por un total de $25 millones de pesos.

Con esta información, el 21 de mayo el juez Casanello ordenó a la Policía Federal que se acercara a la AFIP para solicitar toda la información disponible sobre las dos empresas y sus socios. Específicamente, requirió declaraciones juradas, datos sobre vehículos, aeronaves, embarcaciones, propiedades, cuentas bancarias, y cualquier fiscalización o denuncia penal relacionada con los implicados.

En respuesta, la AFIP comunicó, entre otros detalles, que la empresa Rumbos "no ha presentado declaraciones juradas después del año 2019" y que "Lucas Adrián Buchichio, quien fue el contador encargado de presentarlas en los años 2017 y 2018, recibió además facturas B de dicha empresa durante los años 2023 y 2024". Además, informaron que "la declaración jurada del año 2019 fue presentada por Leonardo Daniel Narizzano, actualmente registrado como contador de la empresa". Con esta información, el juez ordenó operativos sobre ambos contadores a fines de mayo.

Antes todas estas pruebas, la estrategia de defensa de Eduardo Belliboni cambió recientemente y ahora se centra en el papel de la AFIP. Durante su declaración, el extorsionador de pobres afirmó que las empresas Rumbos y Coxtex operaban con autorización del organismo recaudador, y que era responsabilidad de este asegurar que continuaran en funcionamiento.

Anteriormente, el líder piquetero había señalado a "los funcionarios kirchneristas del Ministerio de Desarrollo Social" que aprobaban las facturas. Aunque no los mencionó específicamente, se refería a la Secretaría de Economía Social, dirigida por Emilio Pérsico. Según él, una vez que esta oficina daba el visto bueno, la documentación pasaba por dos líneas de control adicionales: las legales y las de contabilidad. Sin embargo, nadie detectó irregularidades.

La estrategia es Belliboni es clara. Si él cae, se lleva a todos los kirchneristas con él, ya que fueron ellos quienes le permitieron llevar a cabo este negocio corrupto.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

La oposición dialoguista cumplió su palabra de aprobar las masivas reformas de Milei pero con profundos cambios en el proyecto que le quitaron dos tercios de sus artículos, aunque conservó los puntos más importantes.

Justo 200 días después de asumir la Presidencia y a 6 meses de enviar la primera versión de la Ley Bases, Javier Milei logró la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, con la ratificación de la Cámara de Diputados este viernes 28 de junio a la madrugada.

El masivo proyecto de ley había entrado en la Cámara de Diputados en enero pero la oposición logró rechazarla en particular y el presidente Milei decidió retirarla y volver a foja cero. Así, durante los siguientes meses sufrió innumerables recortes y modificaciones que permitieron al oficialismo alcanzar un consenso mínimo con los bloques de la oposición “dialoguistas”.

Entre ellas se quitaron más de dos tercios de los artículos que liberalizaban la economía, endurecían la política económica, impulsaban cambios en la justicia, entre otras cosas. Sin embargo, lo más importante permaneció en la legislación que se reintrodujo en abril, obtuvo media sanción en Diputados, se aprobó en el Senado con modificaciones y ahora fue ratificada en su versión original en la cámara de origen.

Entre los puntos considerados centrales para la Casa Rosada, como las facultades delegadas, la reforma del Estado, las privatizaciones (aunque limitadas), el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la reversión del Impuesto a las Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

Esta versión de la Ley Bases, limitada pero con todas las reformas más importantes, se aprobó finalmente con 147 votos a favor y 107 en contra del kirchnerismo, la izquierda troskista, el socialismo santafesino y la cordobesa Natalia de la Sota.

Asimismo, Ganancias obtuvo 136 votos afirmativos y 116 en contra, mientras que la reforma de Bienes Personales, 134 votos positivos y 118 negativos.

El proyecto final es tan solo el primer paso de las masivas reformas que Javier Milei tiene en mente para sacar a la Argentina de más de 100 años de decadencia, pero ese primer escalón quedó más chico que lo que se esperaba.

Finalmente Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina se retiraron de la lista de empresas privatizables, mientras que se accedió a la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, medidas destinadas a evitar que se sigan jubilando personas sin aportes.

Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueo de capitales que hizo el Senado. En particular, el RIGI se limitó a nueve sectores: industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología, y se hizo obligatoria la contratación de un 20% de proveedores locales.

En cuanto al blanqueo, quedaron excluidos los hermanos de los funcionarios, de los extranjeros y de los bienes de terceros (testaferros), algo que había pedido el radicalismo; y finalmente, los fondos que se recauden del ingreso de capitales serán coparticipables con las provincias.

Así lo comunicaron en su cuenta oficial de X, en donde aseguraron que esto permitirá una administración eficiente y productiva de los recursos, siguiendo el mandato del Presidente Javier Milei de ahorro y cuidado del dinero del contribuyente.

En consonancia con la política de austeridad y eficiencia del gobierno de Javier Milei, este año el 39° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará entre el jueves 21 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, co-producido por el INCAA y el Municipio de General Pueyrredón, pero esta vez con financiamiento privado.

El INCAA estará a cargo del contenido artístico del Festival, seleccionando las películas y los jurados para las diferentes secciones. Mientras tanto, la Ciudad de Mar del Plata, con el respaldo de fondos privados, pagará por la operatividad del evento.

Por primera vez en la historia del festival, se cobrará una inscripción para participar, algo usual en los festivales internacionales pero que las anteriores gestiones kirchneristas en Argentina no implementaban.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 31 de julio, de manera online, y con el pago correspondiente: USD 50 para largometrajes internacionales, USD 25 para medios y cortometrajes internacionales, $30.000 para largometrajes nacionales, y $15.000 para medios y cortometrajes nacionales.

Esta medida, junto con el incentivo a través de una sociedad de gestión que incorpora capital privado, permitirá una administración eficiente y productiva de los recursos, siguiendo el mandato del Presidente Milei de ahorro y cuidado del dinero del contribuyente.

Este anuncio sin precedentes se realiza luego de que el pasado martes 25 de junio el INCAA haya comunicado una masiva reestructuración de su organismo.

En aquella ocasión, habían expresado que, de acuerdo al esquema de gastos heredado de administraciones anteriores, de haber continuado con el mismo ritmo económico, el INCAA habría enfrentado un déficit superior a los $8.500 millones en 2024, lo que habría requerido significativas transferencias del Tesoro Nacional para su subsistencia.

Por lo que, siguiendo el mandato del presidente Javier Milei, conocido por su firme compromiso con el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, se implementaron una serie de medidas de reestructuración financiera. Estas acciones han permitido un ahorro inicial de más de $3.410 millones anuales, con el objetivo de alcanzar el equilibrio financiero para finales de año.

Esos esfuerzos comenzaron a mostrar resultados positivos. El ahorro de $3.410 millones anuales no solo representa una eliminación parcial del déficit proyectado, sino que también establece una base sólida para la autosuficiencia financiera del INCAA.

La administración actual está comprometida a mantener este rumbo, asegurando que el instituto dejará de ser un "agujero negro" de recursos públicos.

El objetivo a largo plazo es claro: el INCAA debe transformarse en una entidad autosuficiente que no dependa de la asistencia financiera del Estado para operar. Esto no solo aliviará la carga sobre el Tesoro Nacional, sino que también incentivará una gestión más eficiente y responsable de los recursos disponibles.

La reestructuración financiera no solo tiene implicaciones internas para el INCAA, sino que también afecta a la industria del cine en general. Al optimizar el uso de los recursos, se esperaba que haya más competencia para proyectos cinematográficos que realmente demuestren potencial y valor cultural, y podrán ser financiados mediante el sector privado, eliminando así el monopolio estatal que lo único que había generado eran curros y corrupción. Esto se traducirá en una mayor calidad de producciones, beneficiando a cineastas y al público por igual.

Esta nueva noticia respecto al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata confirma las declaraciones realizadas. El Estado dejará de gastar el dinero de todos los contribuyentes en los "proyectos" de unos pocos, los cuales solo servían para llenarle los bolsillos a los amigos del poder. De esta manera, se utilizarán los recursos de manera justa y eficiente. La solidaridad con el dinero ajeno se terminó.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.