Bolivia, el país más corrupto: Un estudio revela que el MAS consolidó la delincuencia

Herrera mencionó también el caso “consorcio” como ejemplo de corrupción judicial. En ese caso se investiga a exjueces y vocales que supuestamente direccionaron fallos. Incluso está involucrado el exministro de Justicia, César Siles.

Este caso reveló una red de manipulación interna del sistema judicial. Para el analista, es una muestra del colapso institucional.

El MAS rechazó de manera enfática los resultados del informe del WJP. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, cuestionó la metodología utilizada.

Afirmó que no se puede tomar como válida la evaluación de una ONG extranjera. Insistió en que Bolivia es evaluada por organismos serios como la OCDE. Dijo que esos datos son más confiables.

Saravia resaltó que Bolivia obtuvo un 67% en criterios regulatorios según la OCDE. Además señaló un cumplimiento del 100% en normas sobre conflictos de interés. En acceso a la información, el país habría alcanzado un 64% de cumplimiento.

También destacó los sistemas de denuncia pública que tiene el Estado. Consideró que eso refleja avances en transparencia.

Bolivia ha sido calificada como la nación más corrupta de América Latina y el segundo país a nivel mundial. Así lo establece el Índice de Estado de Derecho 2024 elaborado por el World Justice Project.

Este informe ubica al país en el puesto 141 de 142 naciones evaluadas. Solo la República del Congo está por debajo, según la puntuación obtenida. El dato ha generado preocupación nacional e internacional.

El índice del WJP mide la ausencia de corrupción en diferentes órganos del Estado. Evalúa al Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, las fuerzas policiales y militares. La nota global de Bolivia es de 0,23 sobre 1, una de las más bajas del mundo.

Este resultado está por debajo de países como Venezuela, Haití y Camboya. El informe expone una debilidad estructural en la institucionalidad boliviana.

En el ámbito judicial, Bolivia ocupa el puesto 140, lo cual representa su punto más crítico. La corrupción en la Policía y el Ejército fue ubicada en el lugar 137 del ranking. El Ejecutivo se situó en el puesto 131 y el Legislativo en el 120.

Todos los sectores presentan indicadores alarmantes. La corrupción parece extenderse de forma generalizada en la estructura estatal.

Un objetivo del socialismo

El analista William Herrera afirmó que el MAS es responsable directo de esta situación. Señaló que el partido de gobierno debilitó la independencia de poderes. Aseguró que en más de una década se impuso un modelo de control centralizado.

Según él, se institucionalizó la corrupción bajo un discurso de lucha contra ella. El estudio del WJP reflejaría ese proceso.

El documento evidencia el deterioro moral en el país 

A pesar de los argumentos del Gobierno, los datos del WJP generaron alarma pública. Varios sectores civiles expresaron su indignación frente a los resultados. La ciudadanía reclama mayor transparencia y justicia en todos los niveles.

El informe volvió a poner en debate la credibilidad de las instituciones. Muchos consideran que el país vive una crisis profunda de legalidad.

Según el WJP, se evaluaron tres formas de corrupción en todos los poderes del Estado. Se trata del soborno, la malversación de fondos y la influencia indebida.

Los datos se obtuvieron a través de encuestas y análisis de expertos. Se cruzaron variables como percepción ciudadana y desempeño institucional. El enfoque fue integral y aplicado a todos los países evaluados.

El MAS ha reiterado que combate la corrupción y que existen avances concretos. Sin embargo, los resultados del informe debilitan ese discurso oficial. La contradicción entre el Gobierno y los datos internacionales se ha hecho evidente.

El estudio muestra una percepción de corrupción extendida en todos los sectores. Y deja mal parada a Bolivia en la escena global.

La consolidación de la delincuencia

Mientras el oficialismo denuncia una supuesta campaña de desprestigio, los datos persisten. Ninguna autoridad del MAS ha explicado por qué Bolivia obtuvo una nota tan baja.

Los ciudadanos siguen esperando reformas reales que no lleguen solo en discurso. La corrupción, según expertos, no es una percepción sino una estructura consolidada. La legitimidad institucional está hoy más cuestionada que nunca.

Frente a este escenario, las organizaciones civiles piden auditorías independientes. También exigen que se fortalezcan los órganos fiscalizadores sin injerencia política. La lucha contra la corrupción no puede basarse solo en propaganda oficial. 

El oficialismo ha descalificado el informe

Desde el Viceministerio de Transparencia también hubo críticas al informe del WJP. La viceministra Susana Ríos afirmó que no se puede comparar países tan distintos. Mencionó que no se puede medir a Bolivia con el mismo patrón que a Noruega.

A su juicio, el informe ignora realidades políticas y sociales muy diversas. Consideró que el documento no es técnicamente objetivo.

Ríos defendió las políticas implementadas por el Gobierno en materia anticorrupción. Mencionó la aplicación de leyes como la 1390 y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Indicó que Bolivia ha suscrito convenios internacionales en este ámbito.

Así mismo, añadió que se investigan y procesan a las autoridades acusadas. También aseguró que existe rendición de cuentas en el aparato estatal.