Desde el sector privado se insiste en que el problema puede resolverse con la apertura del mercado. El empresario Branko Marinkovic aseguró que se podría importar combustible a menor precio y sostuvo que el Gobierno mantiene trabas burocráticas para no perder el control del sector. "Nos quieren obligar a depender de YPFB cuando la solución está a la mano", afirmó.
Desde Cainco rechazan los señalamientos del ministro Novillo y consideran injusto culpar a los empresarios cuando la responsabilidad es del régimen. Señalan que la crisis de abastecimiento demuestra la ineficiencia del monopolio estatal. "No se puede sostener un modelo que ha fracasado", indicaron en un comunicado.
Novillo, por su parte, insistió en que el bloqueo legislativo es parte de un plan de desestabilización. El ministro citó declaraciones de políticos que han sugerido un cambio de Gobierno ante la crisis económica. "No podemos permitir que intereses políticos pongan en riesgo la estabilidad del país", afirmó.
En medio de este conflicto, la población enfrenta dificultades para abastecerse de combustible. Transportistas y productores han expresado su preocupación por el impacto en sus actividades, advirtieron que esto puede provocar alzas de precios y desabastecimiento de productos. "Necesitamos una solución urgente", reclaman.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que está trabajando para normalizar el suministro. Novillo aseguró que se están tomando medidas para mejorar la distribución. Sin embargo, no ofreció plazos concretos para solucionar el problema, "Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios".
En este contexto, resulta contradictorio que el Gobierno insista en mantener restricciones mientras la población sufre por conseguir combustible. Si el problema radica en la falta de recursos, por qué prohibir que el sector privado ayude a resolver la crisis. El régimen masista parece más preocupado por preservar su control que por aliviar el sufrimiento de la gente.