Crisis por combustible: el masismo admitió su incapacidad para abastecer la demanda

Armin Dorgathen, presidente de YPFB, admitió que la empresa solo puede cubrir entre un 40% y 50% de la demanda. También reveló que hay 500 cisternas cargadas de combustible que no pueden ingresar al país por falta de pago. En un intento por destrabar la situación, se anunció el pronto desembolso de los recursos necesarios para liberar estos cargamentos.

La crisis no solo afecta al sector agropecuario y minero, sino también a la industria y el transporte. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), advirtió que la escasez de combustible compromete la producción y el abastecimiento de alimentos. Según él, es urgente debatir el futuro de la subvención y establecer una política energética sostenible.

A medida que la situación se torna más crítica, el masismo ha planteado una solución parcial. Esta consiste en vender combustible a precio internacional para los sectores minero y agropecuario. Esta medida, sin embargo, ha sido rechazada por los productores, quienes consideran que el Estado debe facilitar la libre importación sin intermediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La crisis de combustible afecta de manera directa a la economía. La cosecha de verano, que representa más de 2.000 millones de dólares en movimiento económico, está en riesgo por la falta de diésel. En varias regiones, productores han bloqueado caminos exigiendo garantías para el suministro de carburantes.

¿La población ya no cree en promesas?

El presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, acusó al Gobierno de "mentir sistemáticamente". Exigió la liberación inmediata de las importaciones sin regulaciones excesivas. Aseguró que el sector privado puede abastecer el mercado si se eliminan las trabas burocráticas.

Desde la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), Jorge Méndez también se pronunció en contra de la intermediación de YPFB. Según la autoridad, el Gobierno no tiene dinero para sostener el sistema actual y debería permitir que los privados asuman la responsabilidad de la importación.

La situación también ha generado tensiones políticas. La ministra Prada defendió la gestión de Arce y acusó a la oposición de intentar un "sabotaje económico y político". Aseguró que el Gobierno no cederá a presiones y continuará en el poder hasta las próximas elecciones.

Mientras el Gobierno le atribuye la crisis a sus detractores, las filas en los surtidores se alargan. La población teme que el desabastecimiento se extienda a otros productos esenciales si no se encuentra una solución pronta.

El régimen insiste en que la crisis de combustible es solo un problema momentáneo y que la estabilidad está asegurada, la realidad en las calles muestra una situación muy distinta. Las largas filas, la incertidumbre y el malestar de la población reflejan una desconfianza creciente en un discurso oficial que cada vez encuentra menos respaldo. Las promesas se repiten, pero la escasez persiste.