Gobierno confirmó muerte de dirigente Evista involucrado con red criminal del Chapare

El gobierno confirmó la muerte de Jhonny Cruz, un dirigente evista, en un operativo policial realizado en el Chapare. Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, Cruz estaba vinculado a una red criminal dedicada al secuestro y asesinato. El operativo se llevó a cabo en busca de Ariel Villarroel, otro presunto miembro de la organización.

Durante la intervención, Cruz habría disparado contra los efectivos policiales y los agentes reaccionaron en defensa propia. El exdictador Evo Morales denunció el hecho como un asesinato y responsabilizó al gobierno por la muerte de Cruz. Afirmó que el dirigente fue interceptado por personas de civil en un vehículo sin placa.

Según su versión, intentó defenderse, lo que provocó un tiroteo en el que resultó abatido. Morales exigió la detención del policía que disparó contra Cruz., dio un plazo de 48 horas al gobierno para que actúe. El viceministro Aguilera desmintió la versión de Morales y aseguró que no se trató de un asesinato.

Aguilera explicó que Cruz disparó primero contra la policía, lo que obligó a los agentes a responder. Aclaró que Cruz resultó herido en la pierna y que su fallecimiento fue consecuencia del tiempo transcurrido sin atención médica. Destacó que la familia del fallecido no reclamó su cuerpo durante cinco días, esto refuerza la hipótesis de su vinculación con grupos delictivos.

¿Evo Morales respalda a los delincuentes?

En el operativo buscaba capturar a Ariel Villarroel, presunto líder criminal del Chapare. Según Aguilera, Villarroel estaba implicado en asesinatos y otros delitos violentos, el viceministro señaló que Villarroel perdió la vida en el enfrentamiento con la policía. Aseguró que se produjo un intercambio de disparos tras su descubrimiento. 

Evo Morales calificó la muerte de Cruz como una estrategia para descabezar el movimiento campesino del Chapare. En un evento público, acusó al presidente Luis Arce de orquestar una persecución contra sus seguidores. Sostuvo que existen intentos de debilitar a los sectores sociales que lo respaldan. 

El régimen ha rechazado las acusaciones y sostiene que los operativos buscan desarticular redes criminales. Aguilera insistió en que la intervención policial estuvo justificada. Reiteró que los agentes actuaron en legítima defensa al ser atacados y descartó que exista una persecución política contra los sectores afines a Morales.

Mientras tanto, sectores afines a Morales han intensificado sus denuncias contra el gobierno, senadores evistas aseguraron que hay infiltrados en sus eventos políticos. Leonardo Loza, senador evista, advirtió que cualquier enfrentamiento con la guardia sindical será responsabilidad del gobierno.  Denunció que hay helicópteros y fuerzas de seguridad movilizadas en el Chapare.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó que haya planes para detener a Morales en eventos políticos. Aseguró que el líder cocalero busca provocar enfrentamientos entre la población y la policía. Destacó que el gobierno no caerá en provocaciones y que la orden de aprehensión contra Morales se ejecutará en su momento.

En el Chapare, grupos civiles han conformado anillos de seguridad en torno a Morales. Se reportó la presencia de ciudadanos extranjeros dentro de estos grupos. Según Aguilera, estos individuos buscan impedir la ejecución de órdenes judiciales, la policía considera que esto representa un desafío a la autoridad del Estado.

Los familiares de Jhonny Cruz no han emitido declaraciones sobre su fallecimiento, se desconoce si han iniciado acciones legales contra el gobierno o la policía. La falta de pronunciamiento ha sido destacada por las autoridades como un factor llamativo. Aguilera reiteró que Cruz estaba vinculado a redes criminales y que su muerte fue producto de su accionar violento. 

 Estos hechos reflejan una preocupante normalización de la violencia por parte de ciertos dirigentes sindicales y cocaleros, quienes no dudan en abrir fuego o atacar a las autoridades policiales. La facilidad con la que estos grupos recurren a la agresión pone en evidencia un clima de impunidad. No es la primera vez que operativos de seguridad enfrentan resistencia armada en el Chapare, una región donde el Estado parece tener un control limitado.