Merecen un Oscar: El Documental masista fue desacreditado por la población

El diputado "evista" Héctor Arce, calificó el 26 de junio como un “autogolpe” y acusó al Gobierno de inventar una narrativa heroica. Aseguró que nadie cree la versión oficial sobre el supuesto intento de golpe y comparó a Luis Arce con superhéroes como Batman o Terminator. Consideró que el documental busca exagerar el papel del presidente para reposicionarlo políticamente.

El senador Santiago Ticona, de Comunidad Ciudadana, cuestionó la intención del audiovisual e indicó que es un intento por "dorar" la imagen del mandatario. El parlamentario Alberto Astorga respaldó esta visión y ambos coincidieron en que se trata de una herramienta de persecución política. Acusaron al Gobierno de criminalizar a los opositores sin pruebas sólidas.

Una de las personas afectadas es el abogado Jorge Valda, el jurista fue detenido sin orden judicial visible, lo que generó una ola de protestas. Tras recuperar su libertad, anunció una acción constitucional para frenar la difusión del documental. Alegó que el material vulnera su derecho a la imagen, al honor y a la presunción de inocencia, también pidió una auditoría del caso ante el fiscal general del Estado.

¿El régimen utilaza la misma receta?

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó su detención como un secuestro y comparó el hecho con lo ocurrido con el gobernador Luis Fernando Camacho. Criticó el uso de vehículos sin placa y policías vestidos de civil, señaló que la Fiscalía de Santa Cruz no tenía conocimiento del operativo. En su opinión, esto demuestra una intromisión del Ejecutivo en la justicia.

Carlos Mesa también se pronunció sobre el caso, publicó un mensaje en respaldo a la diputada Luisa Nayar, quien fue mencionada en el documental. Afirmó que el MAS está creando una “cortina de humo” para tapar la crisis económica, dijo que el Gobierno busca amedrentar voces disidentes. Mesa denunció que hay una persecución contra quienes denuncian corrupción y llamó a la ciudadanía a defender la democracia.

El documental del Gobierno titulado ¿Qué pasó el 26J?, ha sido criticado en el país. Diversos parlamentarios han calificado el material audiovisual como “actuado” y “propagandístico”, el senador Félix Ajpi, ironizó al decir que merece un “premio Óscar”. Las declaraciones surgieron tras la presentación del audiovisual el jueves 10 de abril.

Ajpi, criticó con la forma en que el documental fue producido y cuestionó el uso de recursos estatales para elaborar lo que denominó una “payasada”. A su juicio, el video daña la imagen del MAS y también ridiculiza al país. Ironizó comparando al ministro Del Castillo con la productora Metro Goldwyn Mayer. 

También se señaló financiamiento del documental, Ajpi se preguntó si el dinero provenía del presupuesto inflado del Ministerio de la Presidencia. Recordó que el Gobierno alega no tener fondos para garantizar el voto en el exterior, pero habría destinado recursos a la producción del material audiovisual. Esta contradicción, afirmó, evidencia una mala priorización de las necesidades del país.

Durante el estreno, el régimen afirmó que la información presentada se basa en más de 300 declaraciones y documentos. Según el Gobierno, se trata de una investigación seria, respaldada por la Policía y el Ministerio Público.

¿Condena basada en suposiciones?

No obstante, varios legisladores indicaron que existen discrepancias con los datos obtenidos por la comisión especial legislativa. Esta comisión aún no ha tenido acceso a las personas implicadas en el documental. Por tanto, cuestionan la imparcialidad del material.

Nayar denunció públicamente la inclusión de su nombre en una orden de aprehensión e indicó que el Gobierno intenta silenciarla y desprestigiar su labor. Afirmó que nunca participó en ningún acto conspirativo y reiteró que el audiovisual es un montaje sin fundamentos. Responsabilizó al Gobierno por cualquier atentado contra su integridad.

El documental también ha sido cuestionado por su origen y producción, fue realizado por la Unidad de Comunicación del Ministerio de Gobierno. Su jefe, José Llorenti, habría renunciado horas antes del estreno. Aunque el ministro Del Castillo negó su salida, el hecho generó sospechas porque la carta de renuncia fue breve y sin explicación.

La difusión del documental fue acompañada por nuevas órdenes de aprehensión, según el ministro de Justicia, César Siles, seis personas serán sentenciadas en proceso abreviado. Tres militares ya aceptaron culpabilidad por delitos como terrorismo, otros tres esperan someterse al mismo proceso. Estas sentencias formarían parte de las pruebas en un eventual juicio oral.

¿La población ya conoce las intenciones del régimen?

El documental fue subido a YouTube, pero recibió mayormente comentarios negativos. La cuenta de la Agencia Boliviana de Información, donde se aloja el video, apenas acumuló una docena de "me gusta". Los “no me gusta” no son visibles, el contenido ha sido descrito como “propaganda disfrazada de documental”.

La polémica crece a medida que se revelan más nombres mencionados en el audiovisual. Figuras como el vicerrector Reinerio Vargas y los diputados Richard Ribera y Luisa Nayar aparecen implicados, estos negaron estar vinculados con actos violentos o conspirativos. La difusión masiva del video ha afectado su imagen pública, por lo mismo manifestaron estar meditando para tomar acciones legales.

El MAS muestra que actúa sin fundamento legal, usando mecanismos del Estado para imponer su versión de los hechos. La difusión del documental, las detenciones irregulares y la mención de personas sin pruebas firmes son vistas como signos de un creciente autoritarismo. El Gobierno ha profundizado las dudas sobre su compromiso con el Estado de derecho al vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso.