En Cochabamba fue aprehendido el general en retiro Marco Bracamonte, su nombre también aparece en el documental como parte del plan golpista. Testigos lo vieron abordando un vuelo comercial a La Paz escoltado por efectivos policiales, su detención alimentó aún más las denuncias de una escalada represiva. Ciudadanos en redes sociales difundieron mensajes de apoyo y cuestionaron el procedimiento.
El Gobierno asegura que el documental se basa en más de 300 declaraciones, también señala que se usaron documentos y pruebas que demuestran un complot. Afirmaron que el objetivo del supuesto golpe era detener o asesinar al presidente Arce, el material muestra imágenes de armas, tropas y movimientos tácticos. Fue presentado en un acto público en el Banco Central de Bolivia.
La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado contundente con el que negó cualquier implicación en los hechos del 26 de junio y rechazó las acusaciones del documental. Calificó las versiones del Gobierno boliviano como falsas y ofensivas e instó a las autoridades a no involucrar a su país en conflictos internos. Remarcó su apoyo al Estado de derecho y a la democracia.
El diputado Alberto Astorga denunció una nueva ola de persecución política, comparó el documental con montajes del pasado como el caso del Hotel Las Américas. Señaló que el gobierno busca acallar a líderes sociales, analistas y opositores. Alertó sobre detenciones arbitrarias y el debilitamiento del sistema democrático, remarcó construyendo un modelo autoritario disfrazado de legalidad.
Diversas voces coincidieron en que el Gobierno está usando el documental como herramienta de control. Señalan que se busca instalar una narrativa de conspiración para justificar represalias, el uso de medios estatales para difundir el material genera cuestionamientos éticos. Algunos sectores consideran que se pretende distraer la atención de la crisis económica, otros creen que se está allanando el camino para un proceso electoral sin oposición fuerte.
Estas acciones del Gobierno, basadas en documentos audiovisuales cuestionables y detenciones selectivas, reflejan una preocupante deriva hacia el autoritarismo. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, se recurre a tácticas de intimidación que socavan las libertades fundamentales y criminalizan la disidencia. La utilización de aparatos estatales para perseguir voces críticas configura un escenario incompatible con una democracia genuina.
