Demandas civiles contra Oscar González: la disputa por los montos y el futuro de Alexa Miranda
Las demandas civiles, promovidas por Alexa Miranda, Marina Szulewicz y Vera Szulewicz, se tramitan ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores por una suma de $11.776 millones.
A pocas semanas de que el juez Santiago Camogli dé a conocer su decisión en el juicio contra el exlegislador Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres, la discusión civil volvió a ocupar un lugar central. Los abogados querellantes Germán Romero Marcón y Emiliano Binante cuestionaron la posición asumida por la Provincia de Córdoba y por la defensa del acusado, y plantearon una preocupación concreta: quién deberá afrontar los gastos futuros derivados de las graves secuelas sufridas por Alexa Miranda.
Las demandas civiles, promovidas por Alexa Miranda, Marina Szulewicz y Vera Szulewicz, se tramitan ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores por una suma conjunta inicial de $11.776 millones. La defensa de González presentó una actualización de esos montos que llevaría el reclamo a una cifra superior a los $78.500 millones, cifra que los querellantes cuestionaron al considerar que se trata de una estimación propia de las actoras y que será la Cámara la que determine, en definitiva, qué conceptos reconoce y por qué suma.
Según explicó Romero Marcón, Alexa Miranda quedó con una paraplejia que requiere asistencia permanente y dos enfermeras que se alternan durante las 24 horas, además de consecuencias que afectarán su proyecto de vida, como la imposibilidad de ser madre. Para la querella, el reclamo no se agota en una cifra determinada: el planteo apunta también a garantizar que alguien se haga responsable de esos gastos durante el resto de su vida.
Las demandas civiles, promovidas por Alexa Miranda, Marina Szulewicz y Vera Szulewicz, se tramitan ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores por una suma conjunta inicial de $11.776 millones.
La postura de la Provincia de Córdoba en las demandas civiles
Uno de los principales cuestionamientos de la querella está dirigido contra la posición de la Provincia de Córdoba, que interviene como codemandada porque González conducía un vehículo oficial al momento del choque. El Estado provincial solicitó el rechazo de las demandas y atribuyó la responsabilidad del siniestro a Alejandra Bengoa, la conductora fallecida, aunque de manera subsidiaria pidió que, de establecerse una responsabilidad compartida, se distribuya en un 75% para Bengoa y un 25% para González.
Los querellantes señalaron una coincidencia entre esa postura provincial y la de la defensa de González, que también solicitó la absolución y responsabilizó a Bengoa por una maniobra de sobrepaso. Los abogados de las víctimas rechazan esa reconstrucción y sostienen que el peritaje oficial ubica el impacto sobre el carril del Sandero, además de señalar testimonios que describen la conducción de González como peligrosa y temeraria, un punto de vista contrapuesto que deberá valorar Camogli al resolver.
La querella también cuestionó que la Provincia no haya profundizado en la situación patrimonial de González, quien durante el juicio manifestó que alquila su vivienda, no tiene propiedades a su nombre y que sus ingresos provienen de una jubilación. Con el juicio ya en su tramo final, Camogli deberá dar a conocer el 20 de octubre tanto la situación penal del exlegislador como la resolución de las cuestiones civiles que permanecen en discusión.
Uno de los principales cuestionamientos de la querella está dirigido contra la posición de la Provincia de Córdoba, que interviene como codemandada porque González conducía un vehículo oficial al momento del choque.
