La fiscal Celeste Blasco dictó la imputación por estrago culposo agravado contra el arquitecto Federico Yáñez, director técnico de la obra, y el ingeniero civil Guillermo Juri, encargado de construir el muro de revestimiento. Esta medida judicial se produce a 11 meses del trágico derrumbe ocurrido en la zona de barrio Güemes, específicamente en boulevard San Juan al 600, en el edificio María Reina V. La investigación judicial busca determinar las responsabilidades penales tras el desprendimiento que terminó con la vida de Ramiro Alaniz Cortés, quien falleció por asfixia al quedar atrapado entre los escombros cuando cenaba con amigos.
El hecho fatal se registró el pasado 17 de mayo de 2025 y provocó además heridas de diversa consideración en otras 8 personas que transitaban por el lugar. Según la fiscalía, ambos profesionales habrían actuado con imprudencia o impericia en sus respectivas funciones de dirección técnica y construcción del muro. Se sospecha que existieron fallas críticas en los controles de seguridad pública necesarios para garantizar la estabilidad del revestimiento de la fachada Este.
La acusación formal sostiene que tanto el director técnico de la obra como el encargado del revestimiento omitieron previsiones técnicas fundamentales para el edificio. El avance de la causa penal se sustenta en la recopilación de pruebas testimoniales y documentales obtenidas durante casi un año de instrucción judicial. Los imputados deberán presentarse a prestar declaración indagatoria para responder por los cargos que se les atribuyen formalmente.
El desprendimiento terminó con la vida de Ramiro Alaniz Cortés, quien falleció por asfixia al quedar atrapado entre los escombros
Peritajes técnicos confirman deficiencias en la construcción
Un informe pericial clave firmado por el ingeniero Pedro Huerta Soaje determinó que el colapso se originó por serias deficiencias en el diseño y la ejecución. El documento técnico concluyó que las condiciones climáticas de aquella noche funcionaron solo como un detonante y no como la causa raíz del desprendimiento. Los expertos señalaron que las fallas estructurales detectadas en el edificio María Reina V habrían sido evitables con una supervisión técnica adecuada y profesional.
De mantenerse la calificación legal actual, los profesionales involucrados podrían enfrentar una condena de entre 1 y 5 años de prisión efectiva. La Justicia de Córdoba continúa analizando si existieron otros factores de negligencia que contribuyeron al desmoronamiento de la fachada del complejo habitacional. El peritaje oficial resultó determinante para que la fiscalía avanzara en las imputaciones actuales contra los máximos responsables de la seguridad de la obra.
El proceso judicial busca llevar respuestas a las familias de las víctimas de uno de los siniestros edilicios más graves registrados en la capital provincial. Mientras tanto, la obra permanece bajo la lupa de los peritos oficiales para descartar nuevos riesgos estructurales en el sector del boulevard San Juan. La determinación final de las responsabilidades técnicas marcará un precedente importante para el control de las construcciones en altura dentro del ejido urbano cordobés.
