El intendente Daniel Passerini y el arzobispo Rossi sellaron una alianza para legalizar la extorsión de los naranjitas en todo Córdoba Capital. La gestión municipal ignora el reclamo de miles de cordobeses que son rehenes diarios de un sistema de cobro ilegal avalado por el Arzobispo.
Passerini decidió otorgar el control del espacio público a grupos informales en lugar de garantizar el libre estacionamiento demandado por los vecinos. Mientras el vecino sufre el apriete constante en las esquinas el intendente prefiere priorizar un acuerdo corporativo con estructuras muy oscuras. La decisión de la Municipalidad de Córdoba representa una claudicación ante los sectores que viven de la coacción sistemática contra el contribuyente cordobés.
El escándalo se agrava al confirmar que el 50% de las cooperativas elegidas por el municipio se encuentran suspendidas por graves irregularidades. De las 8 entidades que Passerini pretende habilitar solo la mitad mantienen sus balances al día frente a los organismos de control nacional estatal. Esta falta de transparencia fiscal es avalada por un arzobispo que tilda de digno el cobro forzado a ciudadanos que trabajan para sostener al estado.
Passerini decidió otorgar el control del espacio público a grupos informales de naranjitas que han sido denunciado múltiples veces por amenazas y extorsión en la vía pública.
Irregularidades fiscales y el golpe al bolsillo del contribuyente
La nueva ordenanza fija un canon abusivo de $ 2.200 por hora que será recaudado por personas que ni siquiera rinden cuentas sobre su patrimonio neto. Los conductores de Córdoba deberán financiar de forma obligatoria un sistema que no ofrece ninguna garantía de seguridad para los vehículos privados. El municipio establece horarios extendidos de lunes a sábados para asegurar que la caja de los naranjitas se mantenga siempre llena con plata ajena.
El registro oficial reconoce apenas a 360 asociados mientras las estimaciones privadas indican que más de 2.000 sujetos operan libremente en las zonas. Esta diferencia de números evidencia el descontrol absoluto de una municipalidad que prefiere legalizar la informalidad antes que aplicar la normativa. La intervención del arzobispo Rossi en la Catedral funcionó como un escudo moral para que el intendente avance contra el derecho de propiedad privada.
Rossi afirmó que la labor de los cuidacoches otorga dignidad a las familias mientras oculta que el origen de ese dinero es la coacción en la vía pública. Es inaceptable que una institución religiosa defienda un esquema que impide el libre tránsito de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias siempre. El respaldo eclesiástico le permite al oficialismo de Passerini ignorar la demanda social de prohibir definitivamente estas mafias que azotan al centro.
La gestión municipal ignora el reclamo de miles de cordobeses que son rehenes diarios de un sistema de cobro ilegal avalado por el Arzobispo.
Una ordenanza a medida del lobby cooperativista
La mitad de las organizaciones que ahora serán constatadores tienen sus cuits bloqueados en ARCA por la falta de presentación de balances contables. Passerini decide premiar a entidades incumplidoras con el 80% de lo recaudado por un servicio que debería ser gestionado por empresas privadas serias. Este reparto de fondos públicos representa una transferencia directa de riqueza desde el vecino honesto hacia grupos que operan fuera de toda la ley vial.
La Municipalidad autoriza esta recaudación masiva en favor de grupos privados que no garantizan la seguridad de los bienes custodiados ilegalmente. Los sábados el régimen operará desde las 8 hasta las 14 horas extendiendo la presión fiscal sobre el esparcimiento de los trabajadores locales.
La votación prevista para este jueves en el Concejo Deliberante marcará el inicio de un régimen donde el estado municipal bendice el atropello ciudadano. Los cordobeses asisten con indignación a la oficialización de una mafia que cuenta con el apoyo explícito del intendente y de la cúpula de la Iglesia. El respeto por el orden fiscal y la libertad individual son pisoteados en favor de un acuerdo corporativo que solo beneficia a los sectores informales.
