La gestión de Daniel Passerini continúa ejecutando parches ante la crisis terminal del transporte urbano que su propia administración profundizó. A partir de este sábado, la empresa Coniferal asumirá la operación de las líneas 21 y 25 con apenas 15 colectivos para intentar salvar el corredor 2. Esta fragmentación del servicio surge tras el colapso de la prestataria FAM el pasado 9 de marzo, evento que dejó a miles de usuarios sin movilidad.
La Municipalidad de Córdoba ahora negocia con la firma SolBus para que se haga cargo de las líneas de circunvalación 600 y 601 en un esquema de emergencia. La inoperancia oficial ha llevado a que la estatal Tamsau deba absorber tramos deficitarios, sobrecargando una estructura pública que ya resulta insostenible. El secretario Rodrigo Fernández admitió que buscan intervenciones puntuales en lugar de una solución estructural definitiva que brinde previsibilidad al sector privado.
La exclusión definitiva de la empresa FAM deja en evidencia la discrecionalidad con la que se han otorgado y retirado concesiones en los últimos meses.
A pesar de la incorporación de 7 unidades cero kilómetro por parte de Coniferal, el sistema opera bajo una presión financiera asfixiante y sin un plan de fondo. La apuesta por "fragmentar" la prestación entre varios operadores demuestra la falta de un diseño técnico sólido para el área metropolitana cordobesa.
Incertidumbre operativa y el costo de la desidia administrativa local
La exclusión definitiva de la empresa FAM deja en evidencia la discrecionalidad con la que se han otorgado y retirado concesiones en los últimos meses. El Palacio 6 de Julio analiza ahora el posible desembarco de otros grupos como Sierras, aunque el criterio de selección parece limitarse a la disponibilidad inmediata. Mientras el municipio improvisa con modelos de contingencia, los vecinos sufren frecuencias deplorables y una red que funciona al borde del colapso operativo.
La decisión de sumar colectivos articulados en líneas saturadas como la 51 llega tarde para compensar años de desinversión y falta de incentivos reales. La sostenibilidad de este esquema depende de ajustes "quirúrgicos" que solo prolongan la agonía de un sistema que fue destruido por la mala praxis política. Córdoba capital requiere un marco de seguridad jurídica que atraiga capitales serios en lugar de convenios precarios firmados bajo la urgencia del conflicto.
El fracaso de la gestión de Passerini en materia de movilidad urbana es absoluto y condena a los trabajadores a una incertidumbre constante cada mañana. Resulta imperativo dejar de usar a la empresa estatal como un parche costoso para las arcas públicas y avanzar hacia una licitación transparente y competitiva. El transporte cordobés no necesita más relatos sobre la crisis, sino una administración capaz de garantizar el orden fiscal y la libertad de movimiento.
