El Concejo Deliberante de Córdoba se encuentra sesionando, al momento de la redacción de esta nota, una normativa que transforma a los polémicos naranjitas en figuras denominadas constatadores. Esta medida es vista como una claudicación del Ejecutivo municipal ante la extorsión callejera, obligando a los vecinos a financiar un sistema innecesario. En lugar de prohibir una práctica rechazada masivamente por la sociedad, el oficialismo opta por institucionalizar un esquema que golpea el bolsillo ciudadano.
La propuesta oficialista delega facultades críticas en el Poder Ejecutivo, dejando una preocupante falta de certezas sobre la implementación en los barrios. El concejal de la Unión Cívica Radical, Sergio Piguillem, alertó en una entrevista a un medio local que la única certeza del proyecto es un incremento desmedido en el valor de la tarifa. Según sus cálculos, el costo por estacionar saltaría de los actuales $500 a una cifra cercana a los $ 1.300 o $ 1.500 en la capital cordobesa.
Esta actualización tarifaria se vinculará directamente al 60% del precio de la nafta súper premium de YPF, encareciendo aún más el costo por estacionar en la vía pública. La gestión de Daniel Passerini prioriza la recaudación y la contención de cooperativas rechadzas por la sociedad en general en detrimento al derecho al libre tránsito y la seguridad ciudadana. Al derogarse las zonas actuales, los frentistas de barrios como General Paz quedan en una situación de total vulnerabilidad ante la falta de reglamentación clara.
El concejal de la Unión Cívica Radical, Sergio Piguillem, alertó que la única certeza del proyecto es un incremento desmedido en el valor de la tarifa
Incertidumbre y falta de seguridad para vecinos
La nueva ordenanza no ofrece garantías reales para erradicar los hechos de violencia o las presiones que sufren diariamente los automovilistas cordobeses. Sergio Piguillem cuestionó la efectividad del control nocturno, advirtiendo que después de las 20 horas la ciudad continuará siendo tierra de nadie. La falta de supervisión oficial durante la noche demuestra que el proyecto no busca el ordenamiento vial, sino simplemente formalizar un plan social encubierto financiado directamente por los automovilistas de la ciudad.
Existe además una gran preocupación por el destino de los 1.500 naranjitas que actualmente operan de forma externa y no están dentro de ninguna cooperativa. El municipio no aclara si estos trabajadores serán absorbidos por las estructuras existentes o si se fomentará la creación de nuevas entidades para contenerlos. Esta falta de definiciones técnicas confirma que la normativa es una medida cosmética que no ataca ni soluciona el problema de fondo planteado por los vecinos de Córdoba Capital.
El esquema propuesto representa una oportunidad perdida para modernizar Córdoba y eliminar definitivamente una de las prácticas violentas más repetidas que afectan la tranquilidad de los vecinos. Al legalizar el cobro obligatorio, el Gobierno municipal se pone de espaldas a una ciudadanía que reclama desde hace años el fin de estas extorsiones. La recaudación municipal crecerá a costa de un sistema que no asegura orden ni protección genuina frente a la inseguridad reinante en las calles de la ciudad capital.
