Desde este viernes, tras su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas clave impulsadas por el Gobierno para modernizar el sistema tributario argentino. La norma, sancionada por el Congreso el pasado 26 de diciembre, apunta a corregir distorsiones históricas, reducir la presión punitiva sobre los contribuyentes cumplidores y fortalecer la seguridad jurídica.
El nuevo marco establece reglas más claras para la declaración y regularización de ahorros no bancarizados, redefine los parámetros del Régimen Penal Tributario y limita el uso discrecional de herramientas sancionatorias por parte del fisco. De este modo, se busca facilitar la formalización, incentivar el cumplimiento voluntario y reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos.
Evasión: suben los montos y se reduce la criminalización
Uno de los ejes centrales de la ley es la actualización de los montos mínimos para configurar delitos tributarios. A partir de ahora, el delito de evasión simple solo se configura cuando el monto supere los $100 millones, mientras que la evasión agravada se eleva a $1.000 millones. Esta modificación corrige valores que habían quedado totalmente desactualizados y que exponían a contribuyentes a causas penales por montos marginales.
En la misma línea, también se incrementaron los pisos para multas y sanciones administrativas, con el objetivo de focalizar el control estatal en conductas verdaderamente relevantes y no en errores formales o diferencias menores.
