Córdoba traslada su voracidad fiscal al agua con aumentos automáticos en las tarifas

El gobierno provincial oficializó un mecanismo de actualización automática del Valor de Gestión del Agua que se publicará mes a mes en la web oficial. La medida fue formalizada mediante la Resolución General Nº 37 de la APRHI y quedó registrada en el Boletín Oficial para su vigencia inmediata. Con la nueva norma la Dirección General de Estadística y Censos publicará cada mes el valor que se usa como base para calcular cánones.

La Resolución Nº 28 del 29 de mayo fijó el VGA en $166,87 por metro cúbico y exigía aprobación del Directorio antes de cada ajuste. La nueva regulación reemplaza ese esquema y elimina la necesidad de resoluciones específicas para cada actualización mensual del valor del recurso. Según la norma, el objetivo es dar previsibilidad, reducir discrecionalidad y mantener el precio real del canon acorde a costos e inflación.

La resolución convalida los valores que la Dirección de Estadística publicó desde julio de 2025 y los declara aplicables de inmediato. El cambio incide en la boleta de Aguas Cordobesas, pues los cánones por uso, transporte y derecho de concesión se trasladan al usuario final. Los tres cánones figuran en el contrato de concesión desde 2005 y fueron restablecidos en 2018, por lo que toda variación repercute en la tarifa.

Repercusión sobre municipios, cooperativas y usuarios

El ajuste del VGA impactará a municipios, cooperativas y empresas que usan agua cruda para potabilización, riego o procesos industriales. Esos actores pagan cánones calculados sobre el VGA, por lo que la actualización periódica aumenta sus costos operativos y afecta la cadena productiva. Con el mecanismo automático, los incrementos se trasladarán a facturas con mayor frecuencia y reducirán la previsibilidad para usuarios y municipios.

En la práctica, el esquema convierte una variable técnica en un flujo regular de aumentos que las administraciones locales deberán afrontar en sus presupuestos. La periodicidad mensual exige a cooperativas y gobiernos municipales revisar costos operativos con más frecuencia y ajustar partidas. Ese dinamismo también puede trasladarse a precios de insumos y a servicios que usan agua como insumo.

Además, la norma formaliza la metodología que vincula la tarifa a índices de precios y costos por lo que la volatilidad macroeconómica impactará más rápido en la boleta. Para usuarios domiciliarios esto significa menos margen de previsión frente a movimientos de inflación y costos. El ajuste, por tanto, no sólo es técnico sino que tiene efectos concretos sobre la economía cotidiana de hogares y empresas.

Cánones y la recaudación indirecta del Estado provincial

El nuevo mecanismo facilita que la provincia aumente recaudación indirecta vía tarifa al trasladar cánones sin aparecer como responsable del alza. El ajuste funciona como un impuesto encubierto: usuarios y empresas terminan pagando costos que la Provincia recauda por vía tarifaria. Esta dinámica genera presión adicional sobre el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación y ajuste fiscal, según críticos políticos locales.

En el directorio y la oposición señalaron que la proporción de los cánones en la tarifa es creciente y preocupante para usuarios domésticos. “El significativo aumento en la tarifa del servicio de agua responde, en buena medida, a los incrementos impositivos impulsados por el Gobierno Provincial”, indicó Rodrigo Vega. Los vocales en disidencia sostuvieron que la Provincia eleva su recaudación mediante la tarifa, por lo que el usuario final asume el costo.

El servicio subió 19,1% en febrero por costos de septiembre a diciembre de 2024, ajustándose nuevamente en mayo por gastos de enero y febrero. La resolución de mayo vinculó la tarifa a índices de precios y factores de costo; la norma de agosto ordena publicar y aplicar esos valores mes a mes. APRHI sostiene que fijar precios que reflejen costos mejora la gestión; la oposición lo critica como una fuente adicional de recaudación.

El ajuste automático del agua es un ejemplo claro de la voracidad fiscal de Córdoba, que no reduce sus gastos sino que los multiplica.  En vez de achicar la estructura política y ordenar las cuentas, decide recaudar más cargando sobre los usuarios del servicio. El Estado provincial se muestra ineficiente y costoso, y financia su tamaño excesivo trasladando tarifas e impuestos a los ciudadanos.