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Economía

Estados Unidos pone en la mesa repatriar sus empresas de China

El éxodo de China ha comenzado. El gobierno de Trump considera seriamente un plan de repatriación de sus empresas radicadas en suelo chino, bajo un contexto donde ya muchos decidieron volver a su tierra natal por la crisis mundial.

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El éxodo de China ha comenzado. Según la Consultora Kearney, desde principios de 2019 que la guerra tarifaria que enarboló Trump está cambiando la tendencia comercial del mundo, y más compañías estadounidenses se están yendo de China que las que se establecen allá.

Esto fenómeno se mide con el Business Reshoring Index (índice de repatriación de empresas) que en 2019 estuvo en su punto máximo histórico, rompiendo con una tendencia de 5 años que dejaba en claro que, si no fuera por Trump, Estados Unidos iba en camino a terciarizar por completo su producción al país comunista. A su vez, con la crisis del coronavirus, Kearney avisa que las empresas estadounidenses van a terminar de comprometerse con esta repatriación, y el índice va a seguir subiendo.
Las empresas tomaron las oportunidades que dio el gobierno de Trump (beneficios fiscales, menos impuestos laborales y menos regulaciones) para poner en orden un cambio integral de su cadena de abastecimiento. Cualquier empresa del mundo prefiere tener su producción en EE.UU. antes que en China, donde tienen su producción a decenas de miles de kilómetros de su casa matriz. A su vez, tienen que lidiar directamente con el Partido Comunista Chino y con su burocracia. La única razón que ata a la cadena de valor a China es la mano de obra regalada y los beneficios fiscales que, inteligentemente, otorga el gobierno de Xi Jinping a las grandes multinacionales.
Trump atacó este problema de cuajo. Primero, apuntó con tarifas contra estas ganancias extraordinarias que sólo existen porque el empresariado tiene acceso a mano de obra cuasi-esclava en China; recordar que en el país asiático la propiedad privada es sólo un lujo de los millonarios, que el desempleo es ilegal y que los sueldos son pagados por el Estado, no por las empresas que contratan. 
Las tarifas también solucionaron un problema que viene dañando la economía de EE.UU. desde la década del ’80: el dumping del gobierno chino. Para poder ganar en el mercado altamente competitivo occidental, las empresas que se radican en China no sólo tienen beneficios fiscales, sino que reciben subsidios directamente del gobierno para poder poner precios brutalmente bajos.
El autor del reporte que saca a relucir la actual realidad de la matriz productiva global, Patrick Van Bossche, explica esta nueva dinámica:

“Hace 3 décadas, los productores de EE.UU. empezaron a fabricar y a radicarse en China por una sola razón: los costos. La guerra comercial trajo una nueva dimensión a la ecuación: el riesgo. El COVID-19 trae una tercer dimensión a la mezcla, y consolida la segunda: la resiliencia – la habilidad para predecir y adaptarse a los shocks sistémicos inesperados”.

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Bajo esta premisa, y luego de que Japón anunciara al mundo un fondo multimillonario del gobierno para ayudar a repatriar a sus empresas de China, el principal asesor económico de la Casa Blanca, el economista monetarista Larry Kudlow, anunció que se está considerando seriamente pagar desde el gobierno los costos relacionados a la repatriación de las principales empresas multinacionales radicadas actualmente en China.

“Defiendo en un 100% la idea de cubrir inmediatamente los costos de traer las compañías de vuelta a casa – nuevas fábricas, equipos, propiedad intelectual, estructuras, renovaciones – en otras palabras, si tuviéramos el presupuesto podríamos literalmente pagar los costos de la mudanza de compañías en China de vuelta a Estados Unidos”.

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Definitivamente la pandemia de coronavirus sacó a la luz todo lo que el Presidente Trump venía denunciando hace tiempo. El libre mercado funciona, pero no puede existir libre mercado con un país que miente, que no simpatiza con las libertades civiles y empresariales que definen el pilar fundamental del capitalismo. Trump lo llama fair trade (comercio justo) y, en otras palabras, propone comerciar libremente entre los países que no abusan del sistema, y a los que lo abusan, habrá que ponerle estándares más altos que “tienen” que cumplir.

En una conferencia de prensa del día lunes, Donald Trump comentó sobre el tema y dio su total apoyo a un plan que signifique ayudar a las empresas a volver a Estados Unidos o, en su lugar, mudarse de China a países que no sean liberticidas, como India o países del este de Europa.

China está gobernada por una oligarquía que somete al pueblo a la miseria, no reconoce la propiedad privada de más del 80% de sus habitantes, prohíbe la acumulación de capital—el ahorro genuino—y opera constantemente en detrimento de sus principales socios comerciales. 

La dictadura de Xi Jinping se queja de las tarifas de Trump mientras devalúa su moneda para mejorar sus condiciones de intercambio, se queja de la decisión de abandonar los tratados ecologistas cuando su país es el que más contamina del planeta, y se queja del liderazgo de EE.UU. cuando ellos liberaron un virus pandémico al resto del mundo, y ahora no quieren hacerse cargo.

Las mentiras, la soberbia y la censura del Partido Comunista Chino deberían ser la gota que rebalse el vaso para que los líderes de Occidente finalmente entiendan que financiar a tu propio enemigo no va más. Terminar con la hegemonía económica de China no es una problemática económica, es una problemática política, social y moral.

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Economía

Guzmán se queda pero con la condición de usar los dólares del FMI para la campaña

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Tras el colapso del Frente de Todos en las urnas, la Vicepresidente se impuso al propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, y decidió emplear una maniobra para utilizar recursos brindados por el FMI para disparar el gasto público en cara a la campaña electoral.

En las últimas horas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner demostró nuevamente tener el control real de la coalición oficialista, e impuso su voluntad por sobre la del ministro de Economía y la del propio Alberto Fernández.

A través de un decreto, el Gobierno utilizará los dólares del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central para encarar una violenta expansión del gasto público como campaña para las elecciones de noviembre. El kirchnerismo apuesta por el despilfarro de recursos para mejorar su posición política hasta las últimas consecuencias y bajo cualquier costo.

De la misma manera en que se hizo en 2009, el Gobierno colocó Letras intransferibles al Banco Central por las cuales podrán hacerse de unos US$ 4.334 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), una suerte de divisa internacional convertible con el dólar y establecida por el FMI.

Estas medidas fueron establecidas para eludir las restricciones que establece la Carta Orgánica del BCRA, las cuáles indican que la autoridad monetaria solo puede girar a Tesorería hasta un 20% de la recaudación acumulada en 12 meses y hasta un 12% de la base monetaria si es preciso.

Al emplear las Letras intransferibles, las restricciones no se ven violentadas en términos contables y legales, pero en términos económicos el BCRA pierde recursos propios que habían sido otorgados por el FMI para fines muy específicos, y el Tesoro adquiere recursos para fomentar políticas socialistas.

Pero esta maniobra no resulta fortuita para el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, el ministro Martín Guzmán se había negado a utilizar estos recursos e intervenir el Banco Central debido a la presión inflacionaria que deriva directamente de este tipo de políticas arbitrarias.

Para concretar las operaciones, y dado que los DEGs depositados en el Banco Central son del Tesoro y que este debe emplear gastos en pesos, el BCRA compra esos DEGs con una agresiva emisión monetaria y estos recursos son finalmente lanzados a la economía mediante una política fiscal extremadamente expansiva.

Las consecuencias esperables de estas medidas son claras: una mayor presión sobre el dólar en el mercado paralelo, mayor desequilibrio externo, mayor brecha cambiaria, y finalmente una mayor presión inflacionaria.

El kirchnerismo podría desarticular completamente toda la corrección fiscal realizada desde diciembre del año pasado y desequilibrar la economía, pues el sobrante monetario es actualmente el principal problema que enfrenta Argentina.

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Economía

El director del Banco Nación propuso crear un sistema monetario similar al de Cuba

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El economista ultra-kirchnerista Claudio Lozano, nombrado presidente del Banco Nación por Alberto Fernández, propone crear un sistema monetario similar al que tiene Cuba y limitar severamente la compra de dólares en el país.

En el marco de la amplia derrota del kirchnerismo, Claudio Lozano, economista fanáticamente kirchnerista y actual director del Banco Nación, propuso en diálogo con C5N una polémica reforma monetaria en la cual los argentinos perderían la posibilidad de defender sus ahorros comprando dólares.

Lozano propuso instaurar en el país un sistema monetario socialista, similar al que tiene Cuba, donde los ciudadanos pierden el derecho a adquirir divisas extranjeras cuando dispongan de hacerlo, y el Estado se garantiza la base imponible para recaudar el impuesto inflacionario. En otras palabras, propuso la inconvertibilidad más absoluta del peso argentino en cualquier divisa y bajo cualquier tipo de cambio, bajo cualquier instancia.

Dentro del esquema descripto por el economista, se propuso imponer nuevas regulaciones sobre el mercado cambiario para terminar de desdoblar la compra de divisas de la misma forma que en Cuba: una parte legal exclusivamente para el Estado o un cierto grupo minoritario, y el resto de las personas obligadas a operar con una divisa no convertible y de dudoso valor para realizar sus transacciones cotidianas.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación nombrado por Alberto Fernández en enero de 2020.

El principal objetivo de la reforma propuesta es dotar al Estado de una forma de financiamiento compulsiva aún más estricta de la que existe hoy. De esta manera, el Lozano criticó la tenue corrección fiscal que lleva adelante el ministro Martín Guzmán.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, sentenció Claudio Lozano en referencia a la política fiscal de Guzmán.

Lozano aseguró que los subsidios económicos a los servicios públicos “no pueden debatirse” y que se deberá profundizar la política de “transferencias sociales” a partir de un ingreso universal. Este tipo de medidas se tornan prácticamente infinanciables sin un violento incremento de la asistencia monetaria del Banco Central.

Este planteo no es novedoso dentro de las filas del cristinismo fanático, pues la reconocida referente de la izquierda kirchnerista, Fernanda Vallejos, ya anticipó en reiteradas oportunidades que la corrección fiscal de Guzmán es ampliamente incompatible con las preferencias ideológicas de la Vicepresidente.

La debacle electoral del oficialismo impulsó un nuevo cimbronazo interno a nivel ideológico, y cada vez más voces que responden directamente a Cristina Fernández pujan por una nueva radicalización del Gobierno que podría tornarse peligrosa.

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Economía

¿Crisis institucional? El dólar se disparó hasta los $187 y se derrumban las acciones argentinas en Wall Street

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Tras la implosión en el gabinete nacional, y ante las dudas por la continuidad del programa económico, los mercados reaccionaron desfavorablemente y se derramaban los ADRs argentinos en la plaza de Wall Street.

Después de la estrepitosa derrota electoral, el kirchnerismo sigue sin tocar fondo y la implosión del gabinete nacional supone un nuevo cimbronazo. Las dudas sobre la continuidad del programa económico o un cambio en la estrategia con el FMI sembraron pánico en los mercados financieros.

El dólar paralelo llegó hasta los $187, subiendo prácticamente $5 en un solo día. La brecha cambiaria llegó al 78,5% y se vuelve cada vez más incontenible. El alza del dólar también alcanzó a los mercados alternativos, aunque el Banco Central se negó a permitir mayores correcciones sobre el segmento oficial.

Desde el plano financiero, los títulos nacionales en Wall Street registraron pérdidas importantes. La amenaza por una posible radicalización del kirchnerismo sentó las bases para una implosión bursátil de los ADRs.

Edenor registró pérdidas por un 10%, y la misma suerte corrieron las principales entidades bancarias del país, como el Grupo Galicia (-3,3%), Banco Supervielle (-3,6%) y Banco Macro (-4,4%).

La incertidumbre sobre los mercados refleja la falta de determinación del Gobierno de Fernández. Hasta ahora, el ministro Guzmán planteaba una corrección tarifaria para el año próximo, aunque de carácter tenue. Dado el actual caos institucional, estas garantías dejan de ser tan robustas y muchos inversores temen que el Gobierno se incline por medidas abiertamente extremistas.

El Riesgo País también se vio afectado y subió hasta los 1.505 puntos básicos. Tras el endurecimiento de la postura del Fondo Monetario Internacional y la falta de definiciones del Gobierno, la posibilidad de un acuerdo parece algo cada vez más lejano.

Los cambios en el gabinete podrían ser transcendentales para la política económica en materia de tarifas públicas y la gestión de la deuda externa con el FMI, lo cual mantiene en un absoluto estado de alerta a todos los mercados.

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