El Kremlin no pudo afrontar el pago por los servicios de su deuda externa a causa de la expulsión de Rusia del sistema financiero internacional, y entró formalmente en suspensión de pagos.  

Después de las severas sanciones de Occidente, Rusia cayó en default al vencer el período de gracia de 30 días para abonar un monto de 100 millones de dólares en concepto de intereses de deuda externa.

La agencia Moody’s confirmó el nuevo default ruso al día 27 de junio, pero las autoridades rusas se negaron a aceptarlo, y lo califican como una imposición externa por encima de cualquier decisión propia.

El Tesoro de los Estados Unidos impidió que los tenedores de bonos estadounidenses pudieran recibir fondos de Rusia en dólares, eliminando una serie de exenciones que habían sido dispuestas al principio de la guerra en Ucrania.

En respuesta, Rusia anunció que su deuda por US$ 40.000 millones pasaría a pagarse en rublos, pero al verse irremediablemente incumplidos los términos originales del contrato, el default fue inevitable. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, desconoció el default y culpó a las sanciones de Occidente por la suspensión de pagos.

“Cualquiera puede declarar lo que quiera. Pero cualquiera que entienda lo que está pasando sabe que esto no es en absoluto un impago”, declaró Siluanov.

Es la primera vez que Rusia incumple efectivamente sus obligaciones con el pago de su deuda externa desde 1918, cuando la incipiente dictadura marxista liderada por los bolcheviques decidía desconocer completamente la deuda anterior.

También existe un importante precedente de impago en 1998, en el marco de la crisis financiera bajo la presidencia reformista de Boris Yeltsin, pero este default afectó principalmente a los títulos colocados en el mercado de capitales local, y se declaró una moratoria de la deuda externa para renegociar los plazos de pago convenidos, pero sin default (algo similar a lo que ocurrió en Argentina antes del default en 2002).

Rusia se encuentra expulsada del sistema financiero internacional, y su acceso al mercado de capitales se encuentra completamente bloqueado. Esto limita las implicancias prácticas del default, debido a que aún sin él, el crédito externo no es una posibilidad real para el Gobierno ruso ni para las empresas rusas.

Sin embargo, es posible que el default dañe la reputación crediticia de Rusia a largo plazo y pasada la guerra en Ucrania, por considerarse un país altamente riesgoso y políticamente inestable para afrontar sus obligaciones. 

La autoridad monetaria dirigida por Miguel Pesce cumplirá con todas y cada una de las pretensiones de la Vicepresidente, y presionará a las empresas para que se financien con dólares propios o crédito externo, en lugar de hacerlo por el cambio oficial.

El agotamiento del cepo cambiario es cada vez más notorio, pero el Gobierno insistirá en mantener el sistema hasta las últimas consecuencias. Por influencia de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el Banco Central llevará adelante una severa política para estrangular el volumen efectivo de importaciones.

La autoridad monetaria que dirige el radical Miguel Ángel Pesce anunció un nuevo comunicado que pretende “optimizar” el sistema de pagos del comercio exterior atentando contra las llamadas “importaciones especulativas”, y cumpliendo así con todos y cada uno de los caprichos de la Vicepresidente.

El objetivo de las medidas es evitar una mayor profundización de la caída de las reservas internacionales, aunque para eso se deba incurrir en una recesión aún más profunda sobre el nivel de actividad real. Las únicas importaciones que no se verán afectadas son las de energía, ante el peligro de una crisis energética mayor.

La autoridad monetaria endureció las regulaciones para que las empresas puedan acceder al dólar oficial para financiar importaciones. De esta manera, se insta a las empresas a que utilicen dólares propios para financiarlas, o en su defecto que adquieran crédito externo con sus respectivas casas matrices.

Para financiar importaciones, las firmas deberán adquirir créditos externos por hasta 180 días, debido a que el Central no habilitará la compra de dólares. Esto tendrá un impacto recesivo especial en la actividad industrial, altamente dependiente de la importación de insumos.

En coordinación con el Ministerio de desarrollo productivo que lidera Daniel Scioli, se resolvió la ampliación de las posiciones arancelarias para bienes importados que sean sustitutos a productos de origen local, y tendrán un plazo de 6 meses para poder acceder al mercado. Los bienes suntuarios y considerados de lujo, tendrán un plazo mayor de casi un año.

Para las pequeñas y medianas empresas el Banco Central lanzó un esquema que las exceptúa de las nuevas regulaciones, y les permite acceder al mercado de cambios oficial, siempre y cuando no se supere un límite por 1 millón de pesos y cuando las importaciones no hayan aumentado más de 15% con respecto a 2021.

De la misma manera en que ocurrió entre 2012 y 2015, la actividad económica se verá afectada dramáticamente ante la “restricción externa” autoimpuesta por el propio Gobierno. 

A 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, los dirigentes evitan hablar de las peores facetas de las presidencias radicales.

Este domingo se cumplieron 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical (UCR) por Leandro N. Alem, originalmente conocida como la “Unión Cívica Anti Acuerdista”, en rechazo a un pacto de la Unión Cívica con el Partido Autonomista Nacional (PAN) para una fórmula presidencial “de unidad” para las elecciones de 1892.

Esa fuerza política, que se constituyó como el partido con la ideología más extremista del momento en contra del entonces gobierno conservador, se cambió el nombre a Unión Cívica Radical el 2 de julio, en contraposición de la Unión Cívica Nacional, de Mitre, una fuerza política mucho más moderada.

Desde entonces, el partido se ha mantenido a lo largo de la historia como la fuerza política más tradicional de Argentina, dejando muy lejano las ideas extremistas de Alem. Sin embargo, a lo largo de los diferentes gobiernos que conformaron en el último siglo, han provocado verdaderos horrores económicos y sociales en el país.

Los principales dirigentes radicales en todo país destacaron el rumbo histórico del partido, pero decidieron ignorar deliberadamente algunos de los episodios más dramáticos de la historia económica argentina llevados a cabo por presidencias radicales.

La expropiación de los depósitos en dólares en la presidencia de Illia

El programa integral del presidente Arturo Umberto Illia se caracterizaba por un feroz estatismo económico, junto con un diagnóstico muy poco convencional acerca de la situación heredada en 1963.

Hacia diciembre de 1963, el ministro de Economía radical, Eugenio Blanco, lanzaba la receta económica auspiciada por la plataforma oficial del radicalismo: control de precios y tarifas públicas, cepo cambiario con un límite de compra de hasta US$ 50 por mes, y la anulación de contratos petroleros con empresas privadas para que YPF recuperara el monopolio absoluto.

El programa dio indicios de agotamiento a mediados de 1964, cuando la inflación minorista se enquistaba en el 23% interanual y la mayorista subía hasta el 26%, 3 puntos por encima de diciembre de 1963.

Además, y como sucede en la actualidad, el país atravesaba una profunda crisis de vencimientos por el pago de deuda pública externa. Los violentos controles cambiarios impedían la acumulación de reservas, aún a pesar de que el Gobierno radical restringía severamente las importaciones.

La falta de acceso al mercado externo de divisas provocó que los bancos no pudieran estar en condiciones para afrontar los depósitos en dólares, que alcanzaban los US$ 200 millones en 1964. El Gobierno radical decidió, por decreto, pesificar compulsivamente los depósitos de los ahorristas al tipo de cambio vigente en el mercado libre (y no el oficial).

Del mismo modo en que lo hizo Eduardo Duhalde en 2002, las medidas de Illia destruyeron el poder adquisitivo de los ahorristas que habían depositado su confianza y sus ahorros en dólares al sistema bancario.

El fracaso del Plan Austral y el “Corralito” de Alfonsín

Después de una primera hiperinflación hacia fines de 1984, el entonces presidente radical Raúl Alfonsín anunciaba su Plan Austral para poner fin a la inflación. El programa incluía la reducción del déficit fiscal con un drástico aumento de impuestos y retenciones, mientras que al mismo tiempo reemplazaba al “peso argentino” por el austral, y se establecían controles de precios, salarios y tarifas públicas.

A pesar del aumento de las cargas sociales a la seguridad social, el impuesto a las Ganancias, las retenciones y los aranceles de importación, el déficit fiscal no se eliminó y para 1987 el programa se encontraba virtualmente agotado en una nueva crisis de estanflación.

Hacia abril de 1989, y después del fracaso del segundo programa de estabilización en la primavera de 1988, la inflación superaba el 460% interanual y el sistema bancario se encontraba al borde del colapso.

A causa de la pésima reputación del Gobierno y su programa, las expectativas inflacionarias se dispararon y la demanda de australes se derrumbó. Esto provocó un pánico de los ahorristas, que dejaron de confiar en el ajuste de las tasas de interés y buscaron retirar sus fondos bancarios para rápidamente transformarlos en dólares y así protegerse de la inflación.

El Gobierno de Alfonsín estableció un estricto límite al retiro de fondos de los bancos, lo que se conoce formalmente como “Corralito”, para evitar el colapso del sistema financiero, de la misma manera en que lo hizo Fernando De la Rúa en 2001.

“Hacia fines de abril de 1989, ante la perspectiva de un estallido hiperinflacionario, las autoridades monetarias argentinas introdujeron severas restricciones al retiro en efectivo de los depósitos bancarios. Esto provocó temporalmente el surgimiento de un sistema monetario bipapélico en el que circularon dos monedas: el austral billete y el austral cheque”, explicaba el CEMA en octubre de 1990.

En medio del caos, el Presidente radical huyó del Gobierno y transfirió el poder en julio de 1989 al entonces Presidente electo Carlos Menem, que debió hacerse cargo de la conducción del Poder Ejecutivo.