El impuestazo municipal al combustible dispara distorsiones en todo el país

En medio de la volatilidad internacional del precio del petróleo, el valor del combustible en Argentina no sólo responde a factores externos o decisiones del Gobierno nacional. En paralelo, los municipios han incorporado una carga propia que impacta directamente en el precio final: las denominadas tasas viales.

Estos recargos, aplicados a nivel local, generan diferencias concretas entre distritos y se han convertido en un componente cada vez más relevante en la estructura del precio. Dependiendo del municipio, la tasa puede aplicarse como un porcentaje del valor del combustible o como un monto fijo por litro expendido.

En algunas regiones del país, la presión municipal alcanza niveles particularmente elevados. En la provincia de Neuquén, por ejemplo, varios municipios aplican tasas cercanas al 4,5% sobre el precio de cada litro, ubicándose entre los niveles más altos del país. A esto se suman casos en Río Negro y Jujuy con esquemas similares.

El fenómeno también se replica en la provincia de Buenos Aires, donde distintos municipios han adoptado tasas viales con alícuotas relevantes. Distritos como General Pueyrredón, Pinamar o Colón aplican recargos que rondan el 3%, mientras que otros como Pilar, Moreno o Azul se ubican levemente por debajo, en torno al 2,5%.

A su vez, existe un amplio grupo de municipios bonaerenses gobernados por el kirchnerismo —entre ellos Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora o Quilmes— que aplican tasas cercanas al 2%, consolidando una carga adicional generalizada sobre el combustible en áreas geográficas donde la población resulta particularmente vulnerable.

Otro esquema utilizado es el de montos fijos por litro, que también tiene impacto directo en el precio final. Municipios como José C. Paz o General Rodríguez adoptaron este sistema, estableciendo recargos específicos por cada litro vendido, independientemente del valor del combustible; ignorando por completo la realidad económica de sus habitantes.

La contracara de este esquema son los municipios que no aplican tasa vial, como Vicente López o Bahía Blanca. En estos distritos, el precio final resulta más bajo, lo que incluso genera movimientos de consumidores que se trasladan para cargar combustible a menor costo.

El freno local al alivio económico

Este esquema de presión fiscal a nivel local no es un fenómeno aislado que ataca unicamente al precio de los combustibles. En distintos municipios del conurbano bonaerense, las autoridades avanzaron en los últimos meses con nuevos tributos o aumentos de tasas que terminan trasladándose directamente a los precios que pagan los vecinos.

Un caso paradigmático es el de Pilar, donde la gestión de Federico Achával implementó una tasa del 2% sobre las operaciones en supermercados, encareciendo de forma automática el costo de los alimentos. La lógica es similar a la de las tasas viales: un recargo que, en la práctica, no lo absorben las empresas sino el consumidor final.

Este tipo de medidas exponen una contradicción cada vez más evidente entre el rumbo económico del Gobierno nacional y las políticas fiscales de numerosos municipios. Mientras la administración de Javier Milei avanza en la reducción de impuestos distorsivos, la desregulación y la mejora del poder adquisitivo, a nivel local se multiplican los mecanismos que agregan presión sobre los consumidores.

Muchos intendentes optan por sostener o incluso ampliar esquemas de recaudación que impactan directamente en el costo de vida. El resultado es una dinámica fragmentada, donde los esfuerzos por estabilizar la economía y recuperar ingresos reales se ven parcialmente neutralizados por cargas adicionales en el plano municipal.

Mientras el Gobierno nacional avanza en la normalización de la macroeconomía y en el fin del proceso inflacionario, muchos intendentes insisten en aumentar tasas que encarecen el consumo y terminan golpeando a la calidad de vida de los argentinos.