En un nuevo esfuerzo por desburocratizar al país, el Gobierno de Javier Milei reglamentó la implementación del "silencio positivo", un mecanismo que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, vigente desde 1972. Esta nueva medida establece que, en caso de que el Estado no responda a un procedimiento administrativo dentro de un plazo determinado, la solicitud será considerada aprobada automáticamente. Esta decisión busca facilitar y agilizar los trámites administrativos, fomentando así la inversión y el desarrollo del sector privado.
Silencio positivo: cuándo comienza a regir la medida y cuál es su alcance
La normativa que implementa el “silencio positivo” entrará en vigencia el 1º de noviembre de 2024 para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados. Un mes después, a partir del 1º de diciembre, se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional.
Durante el debate en el Senado, el oficialismo argumentó que esta reforma a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 está diseñada para incentivar la inversión privada y reducir la burocracia estatal.
Silencio positivo: detalles de la norma y excepciones
La Jefatura de Gabinete tendrá 15 días para determinar cuáles trámites podrán beneficiarse del "silencio positivo", con las modificaciones correspondientes a ser implementadas a través de la plataforma de Trámites A Distancia (TAD).
Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, explicó que el "silencio positivo" aplica cuando un ciudadano solicita a la administración que verifique el cumplimiento de las condiciones legales para el ejercicio de un derecho. Sin embargo, no todas las solicitudes podrán acogerse a esta medida. Por ejemplo, el "silencio positivo" no se aplicará a situaciones prohibidas por la normativa vigente o que requieran un permiso administrativo específico, como la solicitud para cortar una calle para una manifestación.
Evolución de la Ley de Procedimientos Administrativos
La Ley de Procedimientos Administrativos de 1972, en su artículo 10 del título III, establecía que la falta de respuesta de la Administración ante una solicitud debía interpretarse como una negativa. Esta norma solo permitía considerar el silencio como afirmativo mediante una disposición expresa y, si no se establecía un plazo específico, la administración tenía un máximo de sesenta días para pronunciarse. Si este plazo se vencía sin una resolución, el interesado podía solicitar un pronto despacho y, si transcurrían otros treinta días sin respuesta, se consideraba que había "silencio administrativo".
Con la nueva reforma, el inciso b del artículo 10 ha sido modificado para que el "silencio positivo" se aplique cuando una norma requiera una autorización o conformidad administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto. Si el plazo para resolver expira sin que se haya dictado una resolución expresa, la solicitud será considerada aprobada.
Silencio positivo: cuál es el impacto en el futuro administrativo de Argentina
La implementación del "silencio positivo" podría tener un impacto significativo en el funcionamiento administrativo del país. Al establecer plazos claros para la respuesta de la Administración Pública y considerar aprobadas las solicitudes en caso de no recibir respuesta, se espera una reducción en los tiempos de espera para trámites y permisos. Esto podría mejorar la percepción de eficiencia del Estado y reducir la burocracia que a menudo desincentiva la inversión y el desarrollo de proyectos privados.
El "silencio positivo" representa un cambio importante en la gestión administrativa de Argentina, alineándose con una tendencia global hacia la simplificación de trámites y la mejora de la eficiencia gubernamental.
