En un nuevo esfuerzo por desburocratizar al país, el Gobierno de Javier Milei reglamentó la implementación del "silencio positivo", un mecanismo que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, vigente desde 1972. Esta nueva medida establece que, en caso de que el Estado no responda a un procedimiento administrativo dentro de un plazo determinado, la solicitud será considerada aprobada automáticamente. Esta decisión busca facilitar y agilizar los trámites administrativos, fomentando así la inversión y el desarrollo del sector privado.
Silencio positivo: cuándo comienza a regir la medida y cuál es su alcance
La normativa que implementa el “silencio positivo” entrará en vigencia el 1º de noviembre de 2024 para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados. Un mes después, a partir del 1º de diciembre, se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional.
Durante el debate en el Senado, el oficialismo argumentó que esta reforma a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 está diseñada para incentivar la inversión privada y reducir la burocracia estatal.