El Gobierno propone reformas constitucionales y legales que apuntan a seguridad, justicia y transparencia
El presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional siete nuevas preguntas que espera incluir en la consulta popular y referendo del próximo 30 de noviembre de 2025. El paquete contiene cuatro iniciativas de reforma constitucional y tres de consulta popular.
Entre las propuestas de referendo destacan la creación de un registro de condenados por violación a menores, la exigencia de mayorías reforzadas en la Corte Constitucional para declarar inconstitucionalidad, la aplicación de juicios expeditos contra extorsión y robo, y la eliminación de facultades de designación del CPCCS.
Las preguntas de consulta popular abordan temas sensibles como la reapertura de casinos en hoteles cinco estrellas, la prohibición de uso de imagen o nombre de políticos sentenciados por corrupción, y una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para regular a la Corte Constitucional.
Analistas señalan que, de aprobarse, las preguntas tendrían impacto directo en la institucionalidad ecuatoriana, especialmente en la justicia constitucional y en la lucha contra delitos que afectan a la población.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la validez de las preguntas, garantizando que sean claras, legales y permitan a los ciudadanos votar con libertad.
En conclusión, la estrategia de Noboa con estas siete preguntas busca dar fuerza a su agenda de seguridad, transparencia y gobernabilidad. El referendo y la consulta popular se perfilan como un punto de inflexión para definir el rumbo institucional del país.
El ejecutivo envió este nuevo paquete tras expresar su descontento con la Corte, que semanas atrás rechazó cuatro propuestas iniciales por problemas de legalidad y redacción. El calendario electoral se ajusta y no se descartan cambios en la fecha de votación.
Desde Carondelet, se recalca que las reformas buscan blindar la seguridad, mejorar la justicia y cerrar espacios a la impunidad. Para el Gobierno, la consulta será un mandato ciudadano que respalde transformaciones de fondo.
