El presidente Daniel Noboa presentó el proyecto de ley 'Talón de Aquiles' para sancionar la mala fe procesal y reducir la congestión en el sistema judicial ecuatoriano. Esta iniciativa busca garantizar una tutela judicial efectiva y combatir prácticas dilatorias que afectan el acceso a la justicia.
La reforma, remitida a la Asamblea el 14 de marzo de 2025, propone modificaciones al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal. Incluye cuatro artículos, siete disposiciones reformatorias y dos disposiciones transitorias para su implementación.
Entre las principales medidas, se sancionará a los abogados que no comparezcan a audiencias sin justificación, con multas de dos a cinco salarios básicos.
En caso de presentar documentos falsos, las sanciones alcanzarán los cinco salarios y podrán enfrentar acciones penales. Además, se limitará la posibilidad de diferir audiencias penales a una sola vez por caso fortuito o fuerza mayor.
El proyecto también propone castigar el abuso del derecho para dilatar procesos, imponiendo multas de cinco a diez salarios básicos.
Los abogados reincidentes podrían enfrentar suspensiones en el Foro de Abogados, desde uno hasta 36 meses, dependiendo de la gravedad y frecuencia de la falta.
Otra de las reformas clave es la ampliación del delito de obstrucción de la justicia, sancionando a quienes utilicen engaños para dilatar audiencias. También se propone que las inasistencias injustificadas no interrumpan los plazos procesales, evitando que se afecte la prescripción o caducidad de los casos.
Con la Ley Talón de Aquiles, el Gobierno de Noboa busca fortalecer el sistema judicial y garantizar que la justicia sea ágil y efectiva, beneficiando a los ciudadanos con un mejor acceso y confianza en las instituciones.
