La formulación de cargos del caso Vidrio Libre fue suspendida por una falla técnica
Compartir:
La audiencia para imputar cargos en el caso Vidrio Libre fue interrumpida en la Corte Nacional de Justicia. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, acudió, pero los demás procesados fueron representados por la Defensoría Pública.
Según la Fiscalía, el caso se relaciona con la liberación irregular del exvicepresidente Jorge Glas en 2022. Esta es la cuarta causa penal por corrupción que involucra a Terán, quien ya fue sentenciado en los casos Metástasis e Independencia Judicial.
Los otros imputados son los exabogados de Glas, Cristian Palacios y Edison Loaiza, así como la exjueza Anabel Torres. Todos están señalados por asociación ilícita en una trama que habría operado dentro del sistema judicial.
La audiencia fue suspendida por una supuesta falla en el sistema de notificaciones. El fiscal Wilson Toainga pidió sanciones económicas para los abogados ausentes, pero el conjuez Barros aceptó que hubo error técnico, aplazando la diligencia.
falla técnica
Este patrón evidencia la estrategia del correísmo de manipular instituciones desde dentro. Los vínculos entre operadores judiciales, defensores de Glas y jueces favorecidos conforman una red funcional al poder político previo.
El nuevo proceso deja entrever que el esquema judicial construido por el socialismo del siglo XXI continúa teniendo ramificaciones activas. La falta de sanciones inmediatas refuerza la percepción de impunidad selectiva.
La Defensoría Pública asumió la representación de algunos acusados, argumentando que no fueron notificados. Esto genera suspicacias sobre posibles maniobras legales para dilatar procesos clave que afectan al correísmo.
El caso será reprogramado para el viernes 13 de junio. La Fiscalía ha prometido presentar evidencia directa de la relación entre los implicados y las irregularidades cometidas en la liberación de Glas.
La recurrencia de exfuncionarios correístas en tramas judiciales revela un patrón estructural de corrupción sistémica. El caso Vidrio Libre podría convertirse en una nueva prueba para la credibilidad del sistema penal ecuatoriano.
