El presidente Daniel Noboa firmó el decreto 148 y convocó a consulta popular para decidir si Ecuador debía instalar una Asamblea Constituyente. La medida se presentó en medio de tensiones políticas y protestas convocadas por sectores sociales.
El decreto 148 definió reglas, plazos y composición para instalar el nuevo órgano constituyente
El presidente Daniel Noboa firmó el decreto 148 y convocó a consulta popular para decidir si Ecuador debía instalar una Asamblea Constituyente. La medida se presentó en medio de tensiones políticas y protestas convocadas por sectores sociales.
El decreto estableció que la Asamblea tendría 80 miembros: 52 provinciales, 22 nacionales y 6 del exterior. Además, el método de asignación de escaños sería D'Hondt, replicando el sistema electoral vigente en el país.
La duración de la Asamblea se fijó en 180 días prorrogables por 60 más. Según el decreto, diez días después de la proclamación de resultados, la Asamblea se instalaría automáticamente sin necesidad de una convocatoria adicional.
El Gobierno señaló que la actual Constitución de Montecristi, redactada en 2008, ya no respondía a las necesidades ciudadanas. Según Noboa, la población perdió confianza en los órganos de poder público y exigía una reforma de fondo.
La Corte Constitucional había advertido que cualquier constituyente debía pasar bajo su control. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó directamente con el decreto, generando un choque institucional y un debate jurídico sobre su validez.
Los aliados del Gobierno respaldaron la medida como una salida para recuperar la gobernabilidad. Los opositores en cambio denunciaron un intento apresurado y riesgoso, con el que Noboa buscaba aumentar su margen político.
La convocatoria a consulta se convirtió en el punto más alto de la agenda del Ejecutivo. Será la ciudadanía, con su voto, quien decida si respalda el camino hacia una nueva Constitución o si rechaza la propuesta presidencial.
El Ejecutivo argumentó que Ecuador enfrentaba una crisis de seguridad sin precedentes y denunció la infiltración de redes de corrupción en el sistema judicial. Con ese diagnóstico, Noboa defendió la urgencia de nuevas reglas institucionales.
