En Venezuela, el nombre Helicoide dejó hace tiempo de asociarse a arquitectura, modernidad o desarrollo urbano. Hoy es sinónimo de represión, encierro y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el edificio —ubicado en Caracas— se consolidó como uno de los principales centros de detención y tortura del país, según denuncias de organismos internacionales, exdetenidos y organizaciones humanitarias.
En los últimos meses, el tema volvió al centro de la escena tras el anuncio de excarcelaciones de presos políticos, entre ellos ciudadanos extranjeros y dirigentes opositores. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos advierten que aún permanecen detenidas cerca de mil personas por motivos políticos, muchas de ellas alojadas en el Helicoide, considerado por sus víctimas como “el infierno en la tierra”.
El Helicoide fue concebido en los años 50 como un proyecto monumental. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se planeó construir allí el shopping más grande de América Latina: un complejo comercial y cultural con cines, locales, oficinas, miradores y rampas helicoidales por donde circularían miles de autos. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos venezolanos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst, y ocupaba más de 10.000 metros cuadrados en la zona de Roca Tarpeya, parroquia San Pedro.
La caída del régimen en 1958 marcó el inicio del fracaso del proyecto. El financiamiento se interrumpió y, para 1961, la obra quedó inconclusa. Lo que debía ser un emblema de modernidad se transformó en una enorme estructura de hormigón abandonada.
Durante las décadas siguientes, el Helicoide tuvo múltiples usos informales. En los años 70 y principios de los 80, fue ocupado por familias desplazadas por deslizamientos y crisis habitacionales. El edificio se convirtió en un asentamiento precario dentro de una mole inconclusa, lejos de cualquier idea original de lujo o consumo masivo.
El desembarco de los servicios de inteligencia
El destino definitivo del Helicoide comenzó a sellarse a mediados de los años 80, cuando el Estado venezolano tomó control total del predio. El edificio pasó a manos de la DISIP, el organismo de inteligencia de la época, hoy conocido como SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
