La política migratoria de los Estados Unidos atraviesa una transformación profunda bajo la exitosa presidencia de Donald Trump, con un marcado giro hacia el control y la aplicación estricta de la ley. En este nuevo escenario, las cifras oficiales reflejan una caída significativa en la inmigración legal y un fuerte incremento en los arrestos, en línea con una estrategia que prioriza el orden interno y el cumplimiento normativo. Un informe del Instituto Cato, difundido por la agencia EFE, reveló que la aprobación de nuevas Green Cards —tarjetas de residencia legal— se redujo casi a la mitad, mientras que los arrestos migratorios se multiplicaron desde el inicio del nuevo mandato.
El autor del estudio, David J. Bier, señaló con claridad el cambio de enfoque: “El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) suspendió el procesamiento de muchas solicitudes de green cards, lo que permite al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestar a inmigrantes legales, incluyendo refugiados, personas con protección condicional y esposos de ciudadanos de Estados Unidos”.
En términos concretos, el Gobierno aprobó 34.000 tarjetas de residente en enero de 2026, frente a las 65.000 del mismo mes de 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca. Los datos surgen del USCIS y reflejan una contracción sustancial del acceso a la residencia permanente. En paralelo, la actividad del ICE se intensificó de manera notable: más de 38.000 migrantes fueron detenidos en el primer mes de 2026, frente a los 12.348 registrados en enero del año anterior, consolidando un aumento exponencial en la aplicación de la ley migratoria.
El propio Bier interpretó esta dinámica como una decisión estratégica: “La suspensión de solicitudes para tarjetas de residentes es un esfuerzo deliberado para impulsar los arrestos de ICE al frustrar los esfuerzos de las personas para permanecer en el lado correcto de la ley”.
Desde una perspectiva estructural, el informe explica que la caída en las Green Cards responde a la decisión de impedir que inmigrantes ya presentes en el país —como refugiados o beneficiarios de parole humanitario— puedan ajustar su estatus hacia una residencia permanente. Esta política apunta a cerrar vías legales que, en administraciones anteriores, facilitaban la regularización.
