La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, afirmó que Japón seguirá recibiendo extranjeros que respeten las leyes, pero advirtió que quienes cometan delitos deberán abandonar el país.
La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó que el Gobierno no pretende avanzar hacia un modelo migratorio similar al que, según sus palabras, se observa en algunos países europeos. La funcionaria sostuvo que Japón está dispuesto a recibir extranjeros que lleguen al país como “buenos amigos”, pero remarcó que quienes incumplan las leyes deberán abandonar el territorio.
“No estamos imaginando esa situación [sobre la inmigración] en la que nuestra sociedad será como la de los países europeos”, afirmó Katayama al referirse a la política migratoria japonesa.
La ministra de Finanzas Satsuki Katayama
Las declaraciones se producen en un momento en que el Gobierno japonés busca endurecer determinados controles migratorios, al mismo tiempo que mantiene programas destinados a atraer trabajadores extranjeros para cubrir la falta de mano de obra. Japón cuenta con sistemas específicos como el de “trabajador calificado específico”, que establece requisitos de idioma y capacidades profesionales para determinados sectores.
La posición oficial combina, por lo tanto, la necesidad económica de incorporar trabajadores extranjeros con una política más estricta respecto de la permanencia y el cumplimiento de las leyes. El Gobierno también analiza un programa nacional de integración que contempla enseñanza del idioma japonés y orientación sobre las normas de convivencia para extranjeros y sus familias.
El debate se desarrolla además bajo la administración de la primera ministra Sanae Takaichi, cuyo Gobierno ha colocado la inmigración y el control de los extranjeros entre los asuntos prioritarios. En agosto, las autoridades anunciaron un paquete denominado “plan de cero inmigrantes ilegales”, destinado a reforzar las medidas contra la permanencia ilegal y mejorar el control migratorio.
La comparación con Europa realizada por Katayama refleja una preocupación presente en sectores de la política japonesa sobre los efectos que una inmigración más elevada podría tener sobre la seguridad, la integración social y las normas de convivencia.
Inmigrantes ilegales llegando a Europa
El Gobierno busca así establecer una diferencia entre inmigración legal e integración, por un lado, y delincuencia o permanencia irregular, por otro. Las autoridades japonesas sostienen que ambas cuestiones deben ser abordadas de manera diferenciada y que la llegada de trabajadores extranjeros no implica abandonar los controles sobre quienes incumplan las leyes.
Las declaraciones de Katayama refuerzan una política que intenta combinar la apertura limitada a trabajadores extranjeros con mayores exigencias de cumplimiento de las normas japonesas, en contraste con los modelos migratorios europeos que la ministra tomó como referencia para explicar el camino que Tokio no pretende seguir.
