En su primer discurso como Capitán General de las Fuerzas Armadas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó un mensaje directo y contundente: el Estado debe “recuperar la soberanía en todo el territorio nacional”, incluso en aquellos espacios donde la autoridad militar y policial “no puede estar”. El pronunciamiento, realizado en un acto en la ciudad de Sucre, fue interpretado como una clara alusión a la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, un enclave donde aún se concentra el poder político y territorial del exmandatario que gobernó entre 2006 y 2019 y que hoy permanece atrincherado junto a sus seguidores.
“Ustedes son defensoras de nuestras fronteras, pero desgraciadamente hay territorios dentro de la patria donde no tenemos soberanía”, advirtió Paz frente al alto mando militar.
“Tenemos que recuperar la soberanía sobre territorios donde nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana no pueden estar”, insistió.
El mandatario remarcó que “nadie está por encima de la ley ni de la patria”, y recordó que su mandato proviene de la voluntad popular, que le confiere “la potestad de ejercer la ley y el mando”. “Aquí no hay dueños del territorio, no hay dueños de regiones. Los bolivianos tienen que tener libertad para caminar el territorio sin que nadie les impida estar en un espacio porque dice ser suyo”, enfatizó.
La referencia de Paz tiene nombre y geografía precisos: Cochabamba, donde el exjefe de Estado se refugió desde septiembre del año pasado, tras emitirse en enero una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía lo acusa del delito de trata agravada de personas, en un caso que sacudió a la política boliviana. De acuerdo con la investigación, el exmandatario habría embarazado a una menor de 16 años en 2016, cuando él tenía 58 años y ejercía la presidencia. El certificado de nacimiento de la niña —que sería hija de ambos— constituye la prueba central del expediente judicial.
Lejos de negar los hechos, el acusado se limitó a argumentar que el proceso “responde a intereses políticos” y que “sin víctima no hay delito”. Mientras tanto, sus seguidores conformaron anillos de seguridad en torno a la zona cocalera, impidiendo la actuación de la justicia. Durante el gobierno anterior, las autoridades justificaron la inacción por temor a generar enfrentamientos con las milicias leales al exmandatario.
