Un informe reveló que las concesiones otorgadas por el gobierno alcanzan cerca de 13.500 kilómetros cuadrados. Organizaciones ambientalistas advirtieron que la expansión de la minería afecta áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado concesiones mineras a China que ya abarcan aproximadamente el 10% del territorio de Nicaragua. La mayor parte de esas licencias fue concedida a empresas de capital chino interesadas en la explotación de oro, en un contexto de creciente presencia económica del régimen de Xi Jinping en el país centroamericano.
Las concesiones suman cerca de 13.500 kilómetros cuadrados y se concentran principalmente en la Costa Caribe y en el norte de Nicaragua, regiones caracterizadas por su riqueza mineral y por la presencia de extensas áreas protegidas, además de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Una mina a cielo abierto en Nicaragua
Varias concesiones se superponen con territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuyos representantes denuncian que no fueron consultados antes del otorgamiento de los permisos, como establecen convenios internacionales sobre derechos indígenas.
Según el estudio, el acelerado crecimiento de las concesiones se produjo tras el fortalecimiento de las relaciones entre Managua y Beijing, luego de que Nicaragua rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán en 2021 y reconociera a la República Popular China. Desde entonces, ambos gobiernos firmaron acuerdos de cooperación e inversión en infraestructura, energía y minería.
El aumento de la explotación aurífera responde al interés de la dictadura de Xi por asegurar el suministro de minerales estratégicos, en particular oro, cuya demanda internacional continúa creciendo. El informe advierte que la extracción intensiva podría incrementar la deforestación, la contaminación de ríos mediante el uso de sustancias químicas y la pérdida de biodiversidad en algunas de las zonas ecológicamente más sensibles del país.
Los dictadores Daniel Ortega y Nicolas Maduro
Además, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos afirman que el modelo de explotación impulsado por el Ejecutivo prioriza el desarrollo de proyectos extractivos sin garantizar suficiente protección ambiental ni mecanismos efectivos de consulta a las comunidades afectadas.
La expansión de la minería china se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación ambiental en Nicaragua y advierte que la superficie concesionada podría seguir aumentando si el gobierno continúa otorgando nuevas licencias para la exploración y explotación de minerales en distintas regiones del país.
