El Gobierno del Reino Unido anunció un amplio paquete de reformas para endurecer las normas sobre financiación política, con el objetivo de impedir que dinero procedente del extranjero influya en las elecciones y reforzar la transparencia del sistema democrático frente a amenazas de injerencia externa.
Las medidas fueron presentadas como parte de la respuesta oficial al informe independiente ''Rycroft Review'', encargado de evaluar los riesgos de la interferencia financiera extranjera en la política británica. Según el Ejecutivo, la revisión concluyó que el Reino Unido enfrenta una amenaza persistente por parte de países como Rusia, China e Irán, que han intentado socavar las instituciones democráticas mediante distintos mecanismos de influencia.
El secretario de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Steve Reed, afirmó que las nuevas reglas buscan impedir que ''financiación dudosa'' afecte el proceso político y aseguró que el Gobierno está adoptando medidas para proteger la integridad de las elecciones. En la misma línea, la ministro para la Democracia, Samantha Dixon, sostuvo que las normas actuales deben adaptarse a nuevas formas de injerencia y cerrar vacíos legales que podrían ser aprovechados por actores extranjeros.
El gobierno de Gran Bretaña endureció los requisitos para las donaciones a partidos políticos desde el exterior
Uno de los principales cambios afecta a las grandes donaciones realizadas por personas que se trasladan al Reino Unido desde otros países. A partir de la reforma, quienes hayan fijado recientemente su residencia permanente en territorio británico deberán esperar al menos un año antes de poder realizar donaciones políticas superiores a 100.000 libras esterlinas.
El Gobierno explicó que esta restricción pretende evitar que individuos recién establecidos en el país puedan influir de manera inmediata en la financiación de partidos políticos o campañas electorales mediante aportes de gran cuantía. La medida amplía un límite que ya había sido anunciado previamente para los ciudadanos británicos residentes en el extranjero.
Las empresas también enfrentarán requisitos más estrictos para realizar contribuciones políticas. Hasta ahora, la capacidad de una compañía para efectuar donaciones se evaluaba principalmente con base en sus ingresos. Con las nuevas normas, el criterio pasará a sustentarse en las ganancias obtenidas después del pago de impuestos durante los cinco años anteriores.
Las empresas que deseen realizar contribuciones políticas deberán probar sus vínculos con el país y deberán estar controladas totalmente o en su mayoría por electores británicos
Según el Ejecutivo, este cambio dificultará que sociedades con elevados ingresos, pero sin una actividad económica sólida o una contribución fiscal significativa en el Reino Unido, puedan canalizar recursos hacia partidos políticos. Además, las compañías deberán demostrar un vínculo real con el país, acreditando que tienen su sede en territorio británico, que están controladas mayoritariamente por ciudadanos o electores del Reino Unido o que mantienen una actividad empresarial suficiente para justificar las donaciones.
Otra de las principales novedades se refiere a la financiación de candidatos antes del inicio oficial de una campaña electoral. Por primera vez, quienes aspiren a un cargo público deberán demostrar que cualquier recurso recibido antes de convertirse formalmente en candidatos proviene de fuentes legítimas.
Asimismo, estarán obligados a declarar todas las donaciones superiores a 2.230 libras esterlinas obtenidas durante ese período previo. Hasta ahora, esos aportes no estaban sujetos a las mismas exigencias de transparencia que rigen durante la campaña electoral, lo que, según el Gobierno, abría la posibilidad de que fondos de origen desconocido o ilegítimo fueran utilizados posteriormente para financiar actividades políticas.
Las nuevas medidas se produjeron luego de un informe independiente realizado por el ex funcionario Philip Rycroft
Las nuevas disposiciones complementan otras reformas anunciadas en marzo, entre ellas el establecimiento de un límite anual de 100.000 libras para las donaciones realizadas por ciudadanos británicos residentes en el extranjero y la prohibición temporal de recibir donaciones en criptomonedas hasta que exista un sistema regulatorio capaz de supervisarlas adecuadamente.
El Ejecutivo aseguró que aceptó en su totalidad las recomendaciones formuladas por Philip Rycroft y que las reformas serán incorporadas mediante enmiendas al proyecto de ley ''Representation of the People Bill'', cuya tramitación continuará en la Cámara de los Comunes durante las próximas semanas.
