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A horas de iniciar las elecciones, Tribunal Supremo Electoral decide eliminar el sistema de resultados electorales en vivo

A horas de iniciar el proceso electoral, el Tribunal Electoral anunció sorpresivamente que no transmitirá resultados en vivo ni se fotografiarán las actas electorales. Mientras tanto, comitivas kirchneristas llegaron a Bolivia para “observar” las elecciones.

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De una forma inexplicable, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, emitió la determinación de eliminar el sistema de transmisión en vivo de los resultados electorales, conocido como Sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE)

Los insólitos argumentos para eliminar este sistema fueron fundamentados en su falta de credibilidad y seguridad a la hora de transmitir los datos que arrojen las actas electorales escrutadas. La determinación fue asimilada y aceptada por todos los miembros del Tribunal y las comitivas observadoras presentes en el proceso, que no quieren problemas a horas de que inicie el proceso electoral.

La eliminación del DIREPRE priva a la ciudadanía y electores del acceso libre a los resultados de las elecciones en vivo a medida que se van escrutando los resultados. Esto quiere decir que no habrá ningún número electoral hasta que la totalidad del escrutinio haya sido completado, quizás 2 o 3 días después del domingo 18, día en el que se realiza la votación.

Al mismo tiempo, se manifestó que dichos resultados serán transmitidos por los medios debidamente acreditados y por el portal del Tribunal Supremo Electoral, y que será ilegal especular con el resultado, por lo que los bocas de urna tendrán severas limitaciones. 

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Hemos explicado esta situación a las misiones de observación internacional, a la comunidad internacional. Ellos han expresado su comprensión con esta decisión que ha sido considerada y juzgada razonable y adecuada, dado el contexto de alta polarización y de profunda susceptibilidad y desconfianza que existe en la sociedad”, señaló Romero.

En este entendido, también señaló que la comunidad internacional está satisfecha con los justificantes, y que entiende las razones para eliminar el sistema de forma “adecuada y razonable”
El DIREPRE era el sistema de fiscalización de votos que reemplazaba al fraudulento TREP (Transmisión de Resultados Preliminares), utilizado por Evo Morales en su intento fraudulento de perpetuarse en la silla presidencial boliviana. 
Este sistema, sin embargo, fue duramente cuestionado cuando se implementó porque, a diferencia del TREP, no incluía fotografías de las actas electorales, mediante las cuales se pudo constatar el fraude en 2019.
De esta forma, el Tribunal Electoral despierta sospechas en el electorado puesto que el conteo de votos se realizará sin la observación directa de la ciudadanía, reservándose para sí y unos cuantos medios, las labores de escrutinio de las actas electorales.
Las principales fuerzas que compiten emitieron pronunciamientos sobre esta determinación. El MAS de Evo Morales y su candidato Luis Arce expresaron que “lamentan las improvisaciones antidemocráticas del gobierno transitorio”
El CC de Carlos Mesa expresó que “comprende las causales para la eliminación del DIREPRE en pos de la fiabilidad, certeza y seguridad que ofrece el TSE”
Finalmente, CREEMOS de Luis Fernando Camacho condenó rotundamente la eliminación puesto que viola la transparencia del proceso electoral y exhortó a los tribunos a reconsiderar la decisión.

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Con el objetivo de ganar cierto nivel de credibilidad en el proceso electoral luego de literalmente tratar de robar una elección en 2019, el MAS invitó a observadores de múltiples países, todos políticos de extrema izquierda.

En principio, habían invitado a la vicepresidente argentina, Cristina Kirchner, pero en su lugar envió a una comitiva legislativa del Frente de Todos, compuesta por los diputados Leonardo Grosso, Paula Penacca y Federico Fagioli.

Su entrada al país no había sido anunciada oficialmente (la invitación del MAS estaba dirigida a CFK) por lo que fueron detenidos por la policía al llegar al Aeropuerto de La Paz.

El diputado Federico Fagioli, quien tiene impedimentos migratorios por delitos de lesa humanidad, lavado de dinero trata, y tráfico de armas y de narcóticos, fue interrogado por la Policía boliviana, quien se rehusó a contestar las preguntas. 
Debido a la resistencia, mientras se retiraba ilegalmente del Aeropuerto, efectivos policiales procedieron a su detención, en medio de un escándalo de los legisladores kirchneristas que aseguraban que estaban siendo arrestados clandestinamente y que fueron ahorcados.
En el piso, Fagioli gritó que le “faltaba el aire”, seguramente debido a su condición de asmático en una situación estresante en una ciudad como La Paz que tiene casi 4.000 metros de altura.

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El Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, del gobierno de Jeanine Añez, expresó que el MAS no tiene potestad para invitar observadores electorales, menos en plena pandemia, y que ese poder es responsabilidad únicamente del Tribunal Electora.

La imparcialidad de estos observadores, quienes podrían avalar las irregularidades que favorezcan a su par socialista, quedó totalmente expuesta tras los reproches efectuados tanto por Alberto Fernández, Evo Morales y el propio Luis Arce, quienes coinciden en que el gobierno de Añez debe velar por la integridad de los distintos veedores independientemente de la ideología.

A pesar de la determinación por la aplicación de la ley en un principio, finalmente los diputados kirchneristas fueron liberados y se les entregaron credenciales de “invitados”.

Así, a pesar de lo que aseguró el diputado Fagioli en redes, su condición no es la de observador electoral, sino la de invitado. 

Además, el Ministerio de Gobierno de Bolivia afirmó que Fagioli no fue detenido ni abusado, como lo expresaron Fernández y Morales, y que en ningún momento se comprometió su integridad física.
 

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Para garantizar la seguridad e integridad física del proceso electoral más complejo de la década, la presidente Jeanine Añez ha dispuesto la custodia total de los tres componentes de las fuerzas del orden (Ejército, Policía y Fiscalía) para el material, recintos y áreas de cómputo dentro del proceso eleccionario.

Dichas medidas también son acompañadas por rigurosos patrullajes mixtos de la policía y el ejército nacional en las ciudades bolivianas ante las constantes amenazas de los militantes del Movimiento al Socialismo para convulsionar el país.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, activó el plan “Todos por Bolivia” que moviliza los medios necesarios para cumplir con las exigencias que amerita este proceso electoral, determinante para el país y el rumbo que tomará en los siguientes diez años.
Patrullaje militar en la ciudad de La Paz.

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Bolivia

Gobierno de Bolivia estanca la economía y prohíbe el uso de criptomonedas en el país

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En un nuevo comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia se decretó la nueva prohibición, sustentada en que se busca proteger a la población de fraudes y estafas. La medida llega tras numerosos intentos de regular y eliminar la venta y negociación en criptoactivos que se dio en el país en los últimos 5 años.

Así lo anunció el Banco Central de Bolivia junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Desde esta semana, todas las negociaciones, transacciones y el uso de criptomonedas quedan prohibidas en el país.

Mediante un comunicado administrativo, ambas instituciones, las encargadas de dirigir la política económica y monetaria de la nación, eliminaron del mercado las transacciones con este tipo de activos, argumentando que no están dotadas de seguridad y respaldo, pudiendo dar lugar a estafas. En resumen, han ilegalizado su curso en el país.

El mismo comunicado, recuerda también que las transacciones reconocidas y avaladas por el sistema financiero son aquellas que el mismo banco central autoriza, o en su defecto, las que provengan y tengan aval de un estado, zona económica o grupo de países, previa autorización del banco central.

El uso de medios alternativos para transacciones, y sus formas regulatorias, viene siendo obstaculizadas desde la llegada de Evo Morales y su cambio de constitución en el año 2009. En este texto legal, se le otorgó al estado poderes especiales para regular el sistema económico del país. Entre las disposiciones están la posibilidad de congelar los tipos cambiarios, emitir moneda con la venia del Banco Central, y la creación de monopolios estatales sobre rubros productivos y en torno al uso de una moneda específica.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Paradójicamente, la prohibición de las criptomonedas viola uno de los objetivos que se traza el estado boliviano en su constitución, como lo es el fomento al desarrollo de empresas, micro, pequeñas y medianas, puesto que existen algunos startups cuyos capitales están basados precisamente en estos activos, los cuales se verán en aprietos para cambiar y adaptarse a la nueva disposición.

El gobierno de Arce parece intentar criminalizar la tenencia o el comercio de criptomonedas y está dispuesto a cerrar la puerta a todas las empresas y corredores que pretendan prestar servicios relacionados.

Analistas económicos observan que el fin del gobierno gira en torno a los intereses fiscales que pueda representar la readaptación de los emprendimientos con activos digitales. Pues el mudar sus capitales a monedas reconocidas y reguladas por el banco central, implica un sometimiento a las cargas de impuestos del sistema financiero boliviano, que no deja de ser uno de los más pesados en la región.

“La economía tiene que entrar a este nuevo sistema de avance digital. (..) Se debe cambiar la percepción y tomar en cuenta que el actual sistema financiero va quedando obsoleto. El problema se trata de un tema de regulación en donde el Estado, al que le preocupa la parte fiscal, debe proponer diferentes normas que no tengan una postura cerrada.” Señala César Salamanca, economista boliviano.

Sin embargo, se prevé que el efecto de esta nueva norma sea el contrario al que espera el gobierno de Bolivia. Muchas empresas, principalmente de pagos de servicios en línea utilizan y prevén utilizar criptomonedas para facilitar las transacciones con sus usuarios. Los que implica una falta de formalización de las inversiones en el país, dejando inutilizables las órdenes que vengan del gobierno.

En lugar de abrirse a las nuevas formas ó nuevos métodos para generar riqueza, y adaptarse a los cambios de la economía global, el gobierno comunista de Arce pretende cerrar, aún más, la frágil e informal economía de su país. Esto lejos de dar seguridad a los trabajadores, uno de los objetivos de su gobierno, fomenta el crecimiento de inversiones en el mercado ilegal. Mientras otros países adaptan criptomonedas a sus sistemas económicos, Bolivia las aleja y se vuelve a aislar del mundo.

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Retrocede la dictadura sanitaria en Bolivia: el régimen socialista aplaza el pase sanitario hasta el 26 de enero

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Así lo anunció el ministro de salud. El documento, altamente cuestionado por un sector del mismo oficialismo y por la oposición, no será obligatorio por 3 semanas más, y dejará de estar vigente como lo venía siendo desde el 1ro de enero.

Con la firma de los decretos supremos 4640 y 4641, el gobierno de Bolivia implementó la vigencia de un documento que comprueba la calidad de vacunados a todos los que hayan recibido dos dosis contra el Covid-19.

Al poco tiempo, este documento se convertiría en el requisito indispensable para realizar todo tipo de actividades, públicas o privadas, en todo el territorio nacional, y en caso de no tenerlo, se debía presentar una prueba PCR negativa cada 48 horas. De esta manera, el régimen de Evo Morales implementaba su propia versión del pase sanitario.

Dicha medida fue anunciada en los primeros días del 2022, en el periodo en el cual Bolivia registraba, en promedio, 7.000 casos diarios de coronavirus. La nueva exigencia, como era de esperarse, puesto que la gestión de Arce no ha conseguido inmunizar completamente ni al 50% de la población, causó revuelo en todo el país.

Cientos de ciudadanos se volcaron a los puestos de vacunación para recibir las dosis y obtener el documento, ya que sin él no podrían acudir a su trabajo. Esta avalancha de personas buscando vacunarse colapsó la demanda de vacunas en las principales capitales del país.

El régimen socialista no logró fortalecer el abastecimiento de la vacuna mientras busca discriminar a los bolivianos por su estatus de vacunación. Ante este problema, a pesar de que inicialmente se quiso hacer obligatorio desde el 1ro de enero, posteriormente la fecha de cambió al 5, y finalmente se aplazó hasta el 26 de enero.

Un sector dentro del MAS, especialmente los indigenistas, rechazaron la nueva exigencia. A su vez, reclamaron que la determinación no fue consensuada e inclusive llegaron a exigir la validación del uso de hierbas medicinales como sustitutos de la vacuna anti-COVID.

Esta reacción era previsible. Dentro de la cúpula del MAS existen individuos promotores de este tipo de prácticas, como lo es el vicepresidente David Choquehuanca. El segundo mandatario del país no había recibido ninguna dosis si no hasta hace unos días, fruto de la presión social que exigía coherencia al gobierno.

El vicepresidente declaró que “ya había pasado varias veces la enfermedad” y que se había curado “con medicina tradicional”, incluso había comido pasto para tratar la enfermedad.

También, como se puede constatar en los registros del ministerio de salud, se observa que Andrónico Rodríguez, mano derecha de Evo Morales y presidente del senado tampoco ha recibido ninguna dosis de la vacuna. Esta misma persona fue quien, en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, había dicho que el virus era un “invento de la derecha” y organizó los bloqueos de las rutas que impidieron el paso del oxígeno, que reslutó en la muerte de 40 personas durante agosto de ese año. 

Desde la oposición, especialmente los diputados Caleb Villarroel (CREEMOS) y María José Salazar (CC), ambos de Santa Cruz, han declarado su rechazo a la exigencia del documento. Consideran, acertadamente, que se violan derechos constitucionales y los tratados de derechos humanos, que en Bolivia tienen rango constitucional. 

Por ese motivo, se trasladaron a la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial del país, para presentar recursos de inconstitucionalidad contra los decretos supremos, a fin de que sean expulsados del ordenamiento jurídico del país.

La medida parece estar destinada al fracaso. No solo por el fracaso del plan de vacunación, sino porque no da certeza a los ciudadanos que fueron inmunizados en el exterior, alrededor del 1% de la población según estimaciones, quienes debían hacer un trámite administrativo altamente burocrático para convalidar en el país sus certificaciones los países en donde fueron inmunizados

Bolivia registra sus peores datos desde que inició la pandemia en el gobierno de Añez en 2020. El 6 de enero registró más de 10 mil casos en 24 horas, un caso de Flurona, la confirmación de la variante Ómicron en el país y un lento proceso de vacunación, que en casi un año desde la primera dosis aplicada, no llega a equipararse con los procesos de otros países de la región.

También, es una dura batalla por la preservación de los derechos fundamentales. La mezcla de todos estos factores, donde juega un rol importante la incapacidad de la clase política de contrarrestar a la enfermedad sin afectar a las libertades, marca un sombrío inicio de año no solo para Bolivia, sino para toda la región y el mundo.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

Evo Morales profundiza la persecución política: Pumari fue arrestado y Añez cumple 280 días en prisión

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Luego de ser derrotados con la Ley 1386, el régimen socialista arrestó arbitrariamente a Marco Pumari y no cede ante la prisión política de Jeanine Añez.

Mientras el mundo mira para otro lado, la ex presidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez, continúa en prisión arbitrariamente por orden del régimen socialista de Evo Morales. Con un estado de salud deplorable, y tras haber sobrevivido a un intento de suicidio, Añez fue nuevamente agredida en su celda.

Su hija Carolina Ribera, quien ha emprendido una cruzada internacional para presionar al régimen de Bolivia con el fin de lograr la libertad de su madre, denunció en la cuenta de Twitter de Jeanine Añez las agresiones a las que es sometida en la cárcel de mujeres en La Paz. 

La ex dignataria ha confirmado la veracidad de dichas agresiones en una carta que publicó en días pasados. Añez relata que la “teniente Durán” se introdujo en su celda y le profirió insultos y patadas, contra su humanidad y los objetos que tenía dentro. Fruto de este atropello, ha dicho: “Me siento amenazada, asustada. Temo por mi vida y la de mis hijos”.

En la misma carta, relata que, al recibir la visita de la directora de la cárcel en donde se encuentra recluida, fue tildada de mentirosa al reclamar por las agresiones a las que fue sometida.

“Implícitamente me llamó mentirosa de lo sucedido, haciéndome sentir amenazada y amedrentada, faltando también el respeto, callando a mi hijo que se encontraba acompañándome e indicándome que eran las consecuencias de lo que me había dicho mi hija Carolina Ribera”, escribió.

Fieles a su cinismo, desde el Ministerio de Gobierno han “desmentido” las “acusaciones” de Jeanine Añez y han dado refugio a la teniente agresora. La Defensoría del Pueblo, una institución pública que debería velar por los derechos humanos, actualmente copada por el MAS, “verificó” y “confirmó” que la ex presidente no tiene signos de tortura.

Sin embargo, Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, expresó a la opinión pública que Añez tiene la salud deteriorada y percibe un riesgo de muerte en la ex presidente.

Producto de este cruce, Jeanine Añez será trasladada de celda a una en la que convivirá con otras reclusas, en vez de estar aislada a merced de los guardias masistas. Jeanine Añez fue la primera de los más de 20 presos políticos, entre militares, policías, cívicos y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, que lleva el régimen comunista de Arce y Morales.

A esta lista, se ha unido una de las figuras principales de las protestas de 2019, Marco Pumari.

El arresto arbitrario de Marco Pumari

Pumari fue presidente del comité cívico de Potosí, quien, junto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideraron las protestas contra el fraude electoral que culminaron con la huida de Evo Morales y su cúpula a México en 2019. También fue compañero vicepresidencial de Camacho en 2020, donde obtuvieron el 14% de los votos.

Recordemos que, durante las protestas, Pumari, junto a la ciudadanía, denunció que en Potosí se estaba haciendo un conteo de votos paralelo a la sede de la Corte Electoral Boliviana. En la casa contigua al edificio, se encontraron todas las actas electorales reales dentro, mientras que en la sede se seguía contando votos.

El hecho provocó la entrada de Potosí a las protestas que inició Santa Cruz. Se plegaron al paro indefinido, y en una marcha de protesta, fue incendiado el edificio de la Corte Electoral por los manifestantes. Posterior a esto, fue muy cercano a Camacho en todas las apariciones públicas. Ambos, el día de la renuncia de Morales, invadieron el palacio presidencial para dejar la carta de renuncia de Evo junto a una biblia.

Ahora, el régimen lo acusa de delitos electorales, específicamente lo responsabilizan por la quema del edificio, siendo que no existen pruebas que señalen su culpabilidad o que el haya dado órdenes para consumar el hecho. 

La madrugada del 11 de diciembre, mientras se dirigía a su casa en Potosí, fue interceptado por grupos policiales para ser aprehendido, siendo bajado de su vehículo, el cual se quedó en media calle. Su familia denuncia que ha sido víctima de torturas.

Tras su aprehensión se presumía que sería llevado a La Paz, como se ha hecho con la mayoría de los presos políticos del gobierno de Arce. Empero, se quedó en su departamento y fue trasladado lejos de la capital, a una localidad llamada Llallagua.

En tiempo récord fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, de donde salió con una prisión preventiva de 6 meses en la cárcel de Betanzos, otra localidad de su departamento. Su aprehensión y detención está plagada de irregularidades, las cuales van desde el hecho de que no fue notificado previamente con la denuncia, su aprehensión se la realizó en la madrugada, lo cual no lo permite los procedimientos penales bolivianos, fue privado de comunicaciones con sus abogados, e, injustificadamente, fue llevado lejos de su jurisdicción, la ciudad de Potosí.

El presidente de la Corte Electoral Regional ha indicado que Pumari no tuvo participación en los hechos de quema en 2019, y que, si hubiese sido así, no se le hubiera permitido ser candidato a vicepresidente en 2020 y a gobernador en 2021. A pesar de ello, el régimen no dudó en arrestarlo y acusarlo por ello.

El MAS planea aplicar con Pumari la misma estrategia que con Jeanine Añez, al cumplimiento de una detención preventiva, acusarlo de otros delitos para sentenciarle una prórroga. De esta forma, asegurar una constante detención en la cárcel sin que exista una sentencia judicial definitiva.

Tras esta detención ilegal, los cívicos del país se han movilizado junto a los partidos de oposición, principalmente CREEMOS. Se realizó un cabildo en Potosí, al cual tenían previsto llegar Camacho, Mesa, y parlamentarios. Fueron impedidos de llegar por masistas que bloquearon las carreteras y amenazaron con agredirlos. 

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