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Bolivia

Luis Arce en problemas por infringir la Ley Electoral en Bolivia

El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Arce, reveló la semana pasada una encuesta interna que lo favorecía, infringiendo la Ley Electoral de su país. La oposición ha denunciado el hecho, y exige la cancelación de la personalidad jurídica al MAS.

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El ex-ministro de economía y finanzas públicas y hoy candidato presidencial del MAS, Luis Alberto Arce Catacora, se introdujo en el momento más álgido de su trayectoria electoral como postulante a la máxima magistratura de Bolivia. 

Arce, el candidato “blanco”, como lo calificó Morales, y el Movimiento al Socialismo han recibido múltiples denuncias por parte de alianzas políticas, parlamentarios, comités cívicos y ciudadanos debido la comisión de una falta a la Ley de Régimen Electoral al emitir en una entrevista datos estadísticos favorables a su partido en una eventual elección.

La ley N. 018 de Régimen Electoral en sus artículos 135 y 136 sobre la difusión de estudios de opinión en materia electoral prohíben esta práctica y establecen como sanción a la infracción la cancelación en forma inmediata de la personalidad jurídica y una multa económica equivalente al doble de la tarifa más alta cancelada para la realización y difusión del mismo estudio. 

Varios personajes de la sociedad civil y abogados constitucionalistas concluyen que, aunque parezca una práctica habitual dentro de un periodo electoral, dichas declaraciones son acreedoras de la sanción correspondiente, y que el Tribunal Supremo Electoral debería aplicar la ley “de oficio”, puesto que dicho delito fue cometido por medios y con conocimiento público. 

En años anteriores, como en el 2015, durante el desarrollo de las actividades electorales para la elección de autoridades regionales en el país, la alianza Unidad Demócrata a la cabeza de Ernesto Suárez (ex gobernador del departamento de Beni), opositora al MAS, fue inhabilitada y despojada de su personalidad jurídica precisamente por esta misma causal, y, junto con élla, 227 candidatos a la gobernación, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales de este departamento días antes de la realización de la elección, además de impedirles realizar acción política por 5 años desde la emisión del fallo. 

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La notoria violación a la normativa, y la jurisprudencia sentada en torno a la comisión de un delito con características similares a las de Luis Arce, han motivado a organizaciones cívicas, sociales y políticas a exigir la aplicación de las sanciones correspondientes, entre los que destacan:

CREEMOS, de Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho (en medio), ex- líder cívico y candidato presidencial

La Alianza CREEMOS, que postula a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, la semana pasada presentó su respectiva denuncia contra el MAS en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, en la voz de su candidato a senador, Zvonko Matkovic, solicitando al Tribunal Supremo Electoral anular la personalidad Jurídica del MAS, señalando que de no realizarlo, serían pasibles a procesos penales por incumplimiento de deberes. 

“Estamos presentando una denuncia contra el partido político MAS-IPSP, por haber difundido un estudio de opinión en materia electoral, su candidato a la presidencia, Luis Alberto Arce Catacora. Pedimos la inmediata cancelación de la personalidad jurídica de dicho partido en cumplimiento de los artículos 135, parágrafo 1 y 136, párrafo 3, de la ley 26 de Régimen Electoral”, 

JUNTOS, de Jeanine Añez

La presidente y candidata Jeanine Añez junto a Samuel Doria Medina

La alianza JUNTOS, que presenta a Jeanine Añez y Samuel Doria Medina, en la voz del legislador y candidato a Senador, Tomás Monasterio, presentó ante la instancia correspondiente su denuncia legal para la inhabilitación de los candidatos masistas.

“Vinimos a nombre la alianza Juntos y de millones de bolivianos, que lucharon durante 21 días en la calle y resistieron 14 años los abusos de poder del MAS, a presentar la denuncia formal ante el TSE contra Arce y el MAS porque la Ley de Régimen Electoral prohíbe la difusión de resultados de encuestas internas”, aseguró el diputado Tomás Monasterio.  

LIBRE 21, de Jorge “Tuto” Quiroga

Tuto Quiroga, ex- presidente y vicepresidente de Bolivia, actual presidenciable

El candidato a diputado de esta alianza, Julio Valenzuela, al igual que las otras alianzas, replicó su denuncia contra el MAS por la comisión de delitos electorales; también solicitaron a nombre de esta alianza la ejecución de los procesos por fraude electoral en la elección anulada con sus respectivas sanciones correspondientes contra los responsables. 

COMITÉS CÍVICOS DE BOLIVIA

Líderes de los comités cívicos del país al momento de formalizar su denuncia

El movimiento cívico, que protagonizó las protestas en octubre y noviembre de 2019, no permaneció indiferente ante los hechos. Luego de la reunión convocada “de emergencia”, emitió una resolución en donde se exhorta al TSE a aplicar la normativa. 

De la misma forma, también expresaron su preocupación sobre la fecha de las elecciones, la cual está fijada en un momento alto en la expansión del virus chino en el país. También, solicitaron la depuración de funcionarios que articularon el fraude electoral. Caso contrario, determinarán exigir la renuncia del presidente del TSE, Salvador Romero (Designado por la presidente Jeanine Añez), y sus funcionarios, conforme a las decisiones que emanen de sus determinaciones democráticas.

Otros sectores, como un grupo de juristas, partidos y agrupaciones ciudadanas menores, también formalizaron sus denuncias. 

LOS QUE NO SE PRONUNCIARON:

COMUNIDAD CIUDADANA, de Carlos Mesa

Carlos Mesa, ex- presidente y candidato a la presidencia

La alianza Comunidad Ciudadana, encabezada por Carlos Mesa no ha emitido comunicados ni denuncias formales en contra de Arce Catacora y su partido, guardando un silencio cómplice, puesto que hasta la fecha queda indiferente ante estos hechos. 

El socialdemócrata Mesa ha estado emitiendo declaraciones sobre la realización de elecciones en 6 de septiembre, además de no desperdiciar las oportunidades de atacar al gobierno por la fijación de esa fecha para los comicios, y junto a Luis Arce , han sido los únicos que se mostraron a favor de llevar a cabo elecciones lo antes posible, lo que evidenciaría una relación estrecha con la cúpula de MAS. 

Entre las otras agrupaciones que presentaron candidatos y no emitieron denuncias formales citamos a PAN-BOL y a Acción Democrática Nacionalista (ADN) partido del fallecido ex-presidente Gral. Hugo Banzer Suárez.

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LA RESPUESTA

Varios representantes del Movimiento al Socialismo han respondido a estas denuncias en contra de su partido, entre las que destacan la de Marianela Paco, ex- ministra de comunicación del gobierno de Morales, quien señaló que su candidato no cometió delitos, sin embargo, en el año 2015, apoyó las sanciones al partido Unidad Demócrata en Beni. 

El Tribunal Supremo Electoral ha admitido las denuncias contra el MAS, y da un plazo de 48 horas desde la notificación a este partido y a su titular Luis Arce para que presenten sus descargos meritorios por los delitos que se les acusa.

Mientras, los partidos, agrupaciones y sociedad civil, aguardan expectantes las resoluciones del órgano electoral y esperan que actúen conforme a ley, brindando las sanciones pertinentes ante tal comisión de infracciones.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario

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Argentina

En Bolivia se negaron a atender a un argentino que había tenido un accidente de tránsito y lo dejaron morir: “Acá pesos argentinos no”

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El sistema de salud de Bolivia es gratis para los bolivianos, a diferencia de Argentina, donde se gastan millones en atender todo tipo de extranjeros.

Mientras en Argentina cualquier extranjero es atendido por el sistema de salud pública, nadie se ocupa de los argentinos que son dejados para que mueran en países tan cerca como Bolivia. Este es el caso de Alejandro Benítez, un jubilado que se había propuesto recorrer el territorio boliviano en moto.

En una ruta boliviana, a la altura de la localidad de Ivirgarzama, ubicada a unos 220 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba, fue embestido por un camión y las autoridades médicas de Bolivia se negaron a darle asistencia por no ser ciudadano boliviano.

El docente de la Escuela de Educación Técnica 3135 permaneció por más de una hora tirado en el asfalto y otra hora en una sala de primeros auxilios precaria. Durante estas dos horas, ningún médico o agente de primeros auxilios lo asistió, negándose a tratar a una persona que no tuviera la nacionalidad boliviana.

Según los testigos, el personal médico que lo recibió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro de mayor complejidad, asegurando que no podían hacerse sin cargo sin cobrarle.

Los amigos de Alejandro, que lo fueron a buscar a la sala de primeros auxilios, se encontraron con que los médicos le exigían que pagaran previamente los gastos de emergencias y el uso de una ambulancia, según consigna la ley boliviana.

Pero el problema radicó en que cuando juntaron la plata e intentaron abonar la suma que les exigían, no se las aceptaron porque sólo tenían pesos argentinos. “Acá pesos argentinos no, acá plata boliviana o dólares”, les dijeron.

En medio de la desesperación, salieron corriendo a una casa de cambio en otro pueblo para conseguir el dinero, pero después de más de dos horas sin atención, falleció antes que puedan trasladarlo. Denunciaron también que los policías que intervinieron en el caso secuestraron la moto y todas las pertenencias de la víctima y todavía no las entregaron.

Al tomar conocimiento del fallecimiento, los familiares de General Mosconi viajaron hasta Bolivia a buscar el cuerpo de Benítez. Este jueves, inhumaron los restos. “Fue espantoso saber que solamente por plata lo dejaron morir después de una agonía de dos horas en la que Alejandro estaba totalmente consciente, porque no había sufrido golpes en la cabeza“, cuestionó Walter, yerno de la víctima.

Mi suegro solo pedía que no lo dejen morir y sus compañeros motoqueros lloraban a la par de él sin poder hacer nada para salvarle la vida“, relató.

Al ser consultado sobre cómo fue el accidente, el familiar explicó: “Eran un grupo de cinco motociclistas argentinos que tenía una gran experiencia en rutas porque ya habían estado en Brasil y toda Argentina. Mi suegro iba al último, detrás de dos motociclistas jujeños, cuando un camión quiso cruzarlo, lo tocó en el brazo y por la velocidad Alejandro voló y cayó al costado de la cinta asfáltica“.

Por la mala maniobra del camionero otro vehículo que venía detrás chocó a la unidad y por eso al rato del accidente se hizo presente personal policial“, agregó. Según los testigos, el conductor del vehículo, un boliviano, sí fue trasladado en ambulancia.

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Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

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Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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