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Luis Arce en problemas por infringir la Ley Electoral en Bolivia

El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Arce, reveló la semana pasada una encuesta interna que lo favorecía, infringiendo la Ley Electoral de su país. La oposición ha denunciado el hecho, y exige la cancelación de la personalidad jurídica al MAS.

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El ex-ministro de economía y finanzas públicas y hoy candidato presidencial del MAS, Luis Alberto Arce Catacora, se introdujo en el momento más álgido de su trayectoria electoral como postulante a la máxima magistratura de Bolivia. 

Arce, el candidato “blanco”, como lo calificó Morales, y el Movimiento al Socialismo han recibido múltiples denuncias por parte de alianzas políticas, parlamentarios, comités cívicos y ciudadanos debido la comisión de una falta a la Ley de Régimen Electoral al emitir en una entrevista datos estadísticos favorables a su partido en una eventual elección.

La ley N. 018 de Régimen Electoral en sus artículos 135 y 136 sobre la difusión de estudios de opinión en materia electoral prohíben esta práctica y establecen como sanción a la infracción la cancelación en forma inmediata de la personalidad jurídica y una multa económica equivalente al doble de la tarifa más alta cancelada para la realización y difusión del mismo estudio. 

Varios personajes de la sociedad civil y abogados constitucionalistas concluyen que, aunque parezca una práctica habitual dentro de un periodo electoral, dichas declaraciones son acreedoras de la sanción correspondiente, y que el Tribunal Supremo Electoral debería aplicar la ley “de oficio”, puesto que dicho delito fue cometido por medios y con conocimiento público. 

En años anteriores, como en el 2015, durante el desarrollo de las actividades electorales para la elección de autoridades regionales en el país, la alianza Unidad Demócrata a la cabeza de Ernesto Suárez (ex gobernador del departamento de Beni), opositora al MAS, fue inhabilitada y despojada de su personalidad jurídica precisamente por esta misma causal, y, junto con élla, 227 candidatos a la gobernación, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales de este departamento días antes de la realización de la elección, además de impedirles realizar acción política por 5 años desde la emisión del fallo. 

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La notoria violación a la normativa, y la jurisprudencia sentada en torno a la comisión de un delito con características similares a las de Luis Arce, han motivado a organizaciones cívicas, sociales y políticas a exigir la aplicación de las sanciones correspondientes, entre los que destacan:

CREEMOS, de Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho (en medio), ex- líder cívico y candidato presidencial

La Alianza CREEMOS, que postula a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, la semana pasada presentó su respectiva denuncia contra el MAS en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, en la voz de su candidato a senador, Zvonko Matkovic, solicitando al Tribunal Supremo Electoral anular la personalidad Jurídica del MAS, señalando que de no realizarlo, serían pasibles a procesos penales por incumplimiento de deberes. 

“Estamos presentando una denuncia contra el partido político MAS-IPSP, por haber difundido un estudio de opinión en materia electoral, su candidato a la presidencia, Luis Alberto Arce Catacora. Pedimos la inmediata cancelación de la personalidad jurídica de dicho partido en cumplimiento de los artículos 135, parágrafo 1 y 136, párrafo 3, de la ley 26 de Régimen Electoral”, 

JUNTOS, de Jeanine Añez

La presidente y candidata Jeanine Añez junto a Samuel Doria Medina

La alianza JUNTOS, que presenta a Jeanine Añez y Samuel Doria Medina, en la voz del legislador y candidato a Senador, Tomás Monasterio, presentó ante la instancia correspondiente su denuncia legal para la inhabilitación de los candidatos masistas.

“Vinimos a nombre la alianza Juntos y de millones de bolivianos, que lucharon durante 21 días en la calle y resistieron 14 años los abusos de poder del MAS, a presentar la denuncia formal ante el TSE contra Arce y el MAS porque la Ley de Régimen Electoral prohíbe la difusión de resultados de encuestas internas”, aseguró el diputado Tomás Monasterio.  

LIBRE 21, de Jorge “Tuto” Quiroga

Tuto Quiroga, ex- presidente y vicepresidente de Bolivia, actual presidenciable

El candidato a diputado de esta alianza, Julio Valenzuela, al igual que las otras alianzas, replicó su denuncia contra el MAS por la comisión de delitos electorales; también solicitaron a nombre de esta alianza la ejecución de los procesos por fraude electoral en la elección anulada con sus respectivas sanciones correspondientes contra los responsables. 

COMITÉS CÍVICOS DE BOLIVIA

Líderes de los comités cívicos del país al momento de formalizar su denuncia

El movimiento cívico, que protagonizó las protestas en octubre y noviembre de 2019, no permaneció indiferente ante los hechos. Luego de la reunión convocada “de emergencia”, emitió una resolución en donde se exhorta al TSE a aplicar la normativa. 

De la misma forma, también expresaron su preocupación sobre la fecha de las elecciones, la cual está fijada en un momento alto en la expansión del virus chino en el país. También, solicitaron la depuración de funcionarios que articularon el fraude electoral. Caso contrario, determinarán exigir la renuncia del presidente del TSE, Salvador Romero (Designado por la presidente Jeanine Añez), y sus funcionarios, conforme a las decisiones que emanen de sus determinaciones democráticas.

Otros sectores, como un grupo de juristas, partidos y agrupaciones ciudadanas menores, también formalizaron sus denuncias. 

LOS QUE NO SE PRONUNCIARON:

COMUNIDAD CIUDADANA, de Carlos Mesa

Carlos Mesa, ex- presidente y candidato a la presidencia

La alianza Comunidad Ciudadana, encabezada por Carlos Mesa no ha emitido comunicados ni denuncias formales en contra de Arce Catacora y su partido, guardando un silencio cómplice, puesto que hasta la fecha queda indiferente ante estos hechos. 

El socialdemócrata Mesa ha estado emitiendo declaraciones sobre la realización de elecciones en 6 de septiembre, además de no desperdiciar las oportunidades de atacar al gobierno por la fijación de esa fecha para los comicios, y junto a Luis Arce , han sido los únicos que se mostraron a favor de llevar a cabo elecciones lo antes posible, lo que evidenciaría una relación estrecha con la cúpula de MAS. 

Entre las otras agrupaciones que presentaron candidatos y no emitieron denuncias formales citamos a PAN-BOL y a Acción Democrática Nacionalista (ADN) partido del fallecido ex-presidente Gral. Hugo Banzer Suárez.

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LA RESPUESTA

Varios representantes del Movimiento al Socialismo han respondido a estas denuncias en contra de su partido, entre las que destacan la de Marianela Paco, ex- ministra de comunicación del gobierno de Morales, quien señaló que su candidato no cometió delitos, sin embargo, en el año 2015, apoyó las sanciones al partido Unidad Demócrata en Beni. 

El Tribunal Supremo Electoral ha admitido las denuncias contra el MAS, y da un plazo de 48 horas desde la notificación a este partido y a su titular Luis Arce para que presenten sus descargos meritorios por los delitos que se les acusa.

Mientras, los partidos, agrupaciones y sociedad civil, aguardan expectantes las resoluciones del órgano electoral y esperan que actúen conforme a ley, brindando las sanciones pertinentes ante tal comisión de infracciones.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario

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Bolivia

Jeanine Añez es víctima de crímenes de lesa humanidad como presa política de Evo Morales

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La ex presidente trató de quitarse la vida luego de ser imputada por genocidio en una causa que busca aplacar a la oposición del régimen socialista del MAS.

El pasado 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó el informe final encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los hechos posteriores a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 y la suba al poder de Jeanine Añez, actualmente detenida en el penal de Miraflores por el régimen socialista.

El informe señala en sus páginas que, durante el periodo anterior y posterior a la llega de Añez al poder, se cometieron violaciones a los derechos humanos, uso indiscriminado de la fuerza y masacres en Bolivia.

El informe cuestiona el accionar de las fuerzas del orden y del Ejército que contuvieron a grupos patrocinados por Evo Morales que planeaban explotar una planta de gas en La Paz, y volar un puente en Cochabamba (Senkata y Sacaba).

Sin embargo, el mismo informe arroja enunciados que expresan que en el epílogo del gobierno de Morales también se cometieron abusos, entre los sucesos señalan a los enfrentamientos en Montero (Santa Cruz), donde perdieron la vida dos personas ligadas al Comité Pro Santa Cruz, entonces liderado por el derechista Luis Fernando Camacho. 

De la misma forma, también denuncia actos de violencia contra una caravana de jóvenes que se dirigían a La Paz el día de la renuncia de Morales, cuyos integrantes fueron emboscados, y en el caso de las mujeres, abusadas sexualmente.

El informe continúa y expresa rotundamente que los hechos de violencia, crisis política, y la convulsión social se origina en el irrespeto al referéndum constitucional para habilitar a Morales a una cuarta reelección y la emisión de la sentencia constitucional que lo habilitaba.

De todos modos, el GIEI aclara que el informe no es vinculante y que no debe ser utilizado para hacer persecución política de las personas nombradas, ni los de Añez ni los de Morales

Sin embargo, la fiscalía de Bolivia decidió ignorar todas las partes del informe que condena a Evo Morales y tomar las partes que involucran a Jeanine Añez e iniciar los mecanismos para llevarla a un juicio en el parlamento por genocidio, de donde puede salir con una condena de 20 años de cárcel, omitiendo la recomendación de GIEI.

Con esta nueva acusación fiscal, la ex mandataria tiene sobre ella cargos por al menos 7 delitos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, sedición, terrorismo, conspiración, y ahora genocidio, lesiones graves y gravísimas y lesiones seguidas de muerte.

Fruto de estas investigaciones, y de las 2 detenciones preventivas que pesan en contra de la ex mandataria, su salud se ha visto drásticamente afectada, tanto física como mentalmente. Durante los últimos meses, ha sido aislada de su entorno familiar, se le ha negado el acceso visitas y se le ha otorgado una precaria atención médica, pese a que tiene patologías de hipertensión y el antecedente de haber tenido COVID-19 el año pasado.

Sus abogados han interpuesto al menos cuatro acciones judiciales para que salga de la cárcel y se defienda en libertad, las cuales han sido rechazadas. Paralelamente, su hija, Carolina Ribera, también ha denunciado que no se le informa nada sobre el estado de salud de su madre, ni se le informa sobre los fármacos que le suministran las autoridades de la cárcel.

Este sábado, la prensa local informó que Añez intentó quitarse la vida en su celda. El ministro de gobierno, Carlos del Castillo, en conferencia informó que se trasladó a la ex presidente para recibir atención médica y psicológica, puesto que tiene lesiones en las muñecas y antebrazos realizadas con un material plástico, que evidencian la intencionalidad suicida de sus actos.

Esta noticia causó un revuelo en el panorama político. Los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Jaime Paz emitieron un pronunciamiento en repudio a las arbitrariedades del proceso, y solicitaron salvaguardar sus derechos fundamentales a la vida, integridad y el debido proceso.

Añez actualmente atraviesa una de las peores situaciones a las que se puede someter a un ser humano: está tirada en una celda, sin atención médica, probablemente torturada por los agentes del régimen, siendo despojada de todos sus derechos humanos, mientras en Latinoamérica todos los países hacen oído sordo a la situación, a excepción de Jair Bolsonaro en Brasil.

Mientras mandatarios de izquierda como Alberto Fernández o López Obrador han hablado toda su carrera política de las violaciones de los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas, ahora aplauden con esmero a la brutal persecución política y crímenes de lesa humanidad contra quienes gobernaron Bolivia constitucionalmente hasta hace algunos meses.

Pronunciamiento de los ex presidentes de Bolivia.

Igualmente, tras conocer los intentos de quitarse la vida, su equipo de abogados interpuso nuevas acciones para que salga de la cárcel y al menos consiga un arresto domiciliario, sin exito hasta ahora.

De igual forma, periodistas, médicos y analistas observan que la tortura judicial a la que es sometida Jeanine Añez busca acabar con su vida. Puesto que fue detenida arbitrariamente sin que se inicien investigaciones, se ordenó su detención en cárcel pese a que no existían riesgos de fuga ni obstrucción a la justicia, y finalmente, se le ha suministrado fármacos que le pueden estar alterando la conciencia.

En definitiva, el régimen de Evo Morales a través del gobierno de Luis Arce se aleja de su retórica de reconciliación, y se coloca firmemente en la ya conocida práctica del Socialismo del Siglo XXI, lejano del respeto a los derechos humanos, cercano a las intenciones de eliminar a quienes no se alineen a su agenda.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

Congresistas de Bolivia deberán saludar en idiomas indígenas para participar de los debates

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Para verificar que los congresistas hablen idiomas nativos, el partido de Evo Morales empezará a exigir que los parlamentarios hablen en este idioma para dar el saludo inicial antes de los debates en los recintos. Se afianza plenamente el fascismo indigenista en Bolivia.

El presidente de la Cámara de Diputados, el masista Freddy Mamani, lacayo de Evo Morales, introdujo un nuevo procedimiento parlamentario para que los congresistas deban saludar en idiomas indígenas al inicio de su discurso para poder participar de los debates en el recinto.

Posterior a la sesión inaugural del nuevo edificio para el órgano legislativo de Bolivia, que costó casi 600 millones de bolivianos (aprox. 87 millones de dólares), Mamani informó a la prensa que los asambleístas que omitan los idiomas nativos no podrán intervenir en los debates.

Estoy pensando para los actuales parlamentarios, sacar un instructivo, para poder usar la palabra y que al menos salude en un idioma originario. Si no saluda, no tiene la palabra”, dijo.

También añadió que empezarán a verificar que todos los funcionarios públicos del país hablen los idiomas nativos de sus regiones, puesto que es un requisito establecido en la Constitución de Evo Morales utilizar el idioma español junto a uno de los 36 idiomas nativos reconocidos para acceder a la función pública.

“Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 

7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.”

Art. 234 – Constitución Boliviana

Los funcionarios públicos, tanto de cargos designatorios como electivos, presentan ante la autoridad competente un documento que acredita el conocimiento de una lengua indígena, pero en los años previos a la salida de Evo del gobierno esta verificación muchas veces se pasaba por alto.

Pero según Mamani “esto se terminó” y a partir de ahora se tendrá tolerancia cero para los funcionarios que no sepan las lenguas de los pueblos indígenas

Sin embargo, exigir este tipo de reglamentos es un acto contradictorio para los que militan en el Movimiento al Socialismo. En el pasado, el ex presidente “indígena” Evo Morales, saludó en aymara a un grupo de seguidores, tiempo después, conocedores de la lengua aseguraron que sus palabras no tenían el acento propio del idioma, dando a entender que fue memorizado para el momento y que en verdad ni el propio ex mandatario sabe más que el español.

De forma similar, el ex vicepresidente, el terrorista Álvaro García Linera recibió por parte de una periodista la solicitud de expresar al país un saludo en una lengua nativa para demostrar que cumplía con la norma constitucional. La ex autoridad no lo hizo y argumentó que su conocimiento en las lenguas indígenas estaba en sus certificados presentados al Tribunal Supremo Electoral.

En la legislatura pasada, la bancada del MAS también pasó calores por el mismo tema relacionado al manejo de la lengua indígena. En 2018, durante una sesión de interpelación al entonces ministro de Gobierno de Morales, Carlos Romero, se tuvo que suspender el evento porque el ex diputado y ex candidato a gobernador de La Paz, Rafael Quispe, eligió realizar sus preguntas en Aymara, y a pesar de que había presentado la certificación, Romero desconocía esta lengua.

De la misma forma, desde los años en que se desempeñaba como ministro de Economía, jamás se vio al actual presidente Luis Arce expresarse ante la prensa o la población en idiomas originarios.

Previo a las declaraciones supremacistas e hipócritas de Mamani, se inauguró el nuevo edificio del Congreso de Bolivia. La gigante infraestructura que altera la imagen colonial del centro de La Paz, y más allá de responder a las “necesidades del Estado”, se trata de un regalo hecho por la clase política para sí mismos costeado por los impuestos de todos los bolivianos.

Vista actual de la plaza Murillo en La Paz, la Casa Grande del Pueblo (der.) y el nuevo edificio del congreso (izq.)

Desde el MAS aseguran que con la nueva infraestructura “se deja atrás el pasado republicano racista y excluyente” y “se considera a todas las nacionalidades originarias del país”.

Empero, la exorbitante construcción, está repleta de simbología y divinidades del lado occidental del país, y no considera a las culturas del oriente y los valles de Bolivia, según lo expresado desde la oposición que calificó a la obra como “discriminatoria”.

Hemiciclo parlamentario con la figura del dios quechua Inti en el fondo

Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

El gobierno de Bolivia es un refugio de delincuentes: Mario Cronenbold fue designado embajador en Paraguay

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Mario Cronenbold, candidato fracasado del MAS en las pasadas elecciones regionales y ex convicto por corrupción, fue nombrado por el presidente Luis Arce como nueva autoridad diplomática en el país guaraní.

El empresario, representante de Evo Morales en el oriente y ex candidato a gobernador por el MAS en Santa Cruz, derrotado por el derechista Camacho, recibió una nueva designación como funcionario público, esta vez en el área diplomática como embajador plenipotenciario de Bolivia en Paraguay.

El presidente Luis Arce envió una carta al vicepresidente David Choquehuanca en su calidad de presidente del Congreso, donde informaba sobre la designación, esto a fin de que la cámara de Senadores apruebe el mismo.

El Senado aprobara la designación sin problemas, puesto que cuando en la anterior legislatura en donde el MAS tenía los 2/3 de los votos, modificó los reglamentos parlamentarios para que solo sea necesaria la actual mayoría simple que poseen, una medida que afianzó los poderes de la dictadura parlamentaria que utiliza el MAS.

Cronenbold, antes de ingresar a la política, se había desempeñado en el área empresarial, posteriormente, fruto de una crisis institucional en Warnes, municipio ubicado al norte de Santa Cruz de la Sierra, fue elegido alcalde del mismo, cargo que ejerció desde 2010 hasta noviembre de 2019, cuando renunció a sus funciones luego de que su jefe Evo Morales renunciara a la presidencia, escapándose de una gestión llena de denuncias por irregularidades y hechos de corrupción.

Tras su renuncia, fue inmediatamente aprehendido por la policía en posesión de 20.000 dólares americanos y un arma de fuego, tenía cargos por narcotráfico, tenencia y porte o portación ilícita de armas, enriquecimiento ilícito y tráfico de armas. Él abducía persecución política del gobierno al momento de su aprehensión.

Mario Cronenbold, hoy embajador ante la policía al momento de su aprehensión.

En tiempo récord, se llevó a cabo su audiencia cautelar, donde el tribunal halló elementos que hacían creer su culpabilidad en los delitos que se le acusaba, por ende, le otorgó una detención preventiva en la cárcel de Santa Cruz mientras duren las investigaciones.

9 meses después, y 2 antes de las elecciones donde ganó el MAS, Cronenbold salió de la cárcel con detención domiciliaria y pagando fianzas para obtener su libertad. Posteriormente, un tribunal le otorgó la libertad irrestricta.

Pasadas las elecciones presidenciales, y tras una gran pelea interna en el MAS contra las designaciones de candidatos a dedo por parte del ex dictador Evo Morales, Cronenbold fue designado primero como delegado del MAS en el oriente y luego como candidato a Gobernador de Santa Cruz junto al periodista Pedro García, quien tiene antecedentes por violencia doméstica.

Cronenbold junto a su jefe Evo Morales.

En la campaña, fue reiterativo y crítico con el vencedor Luis Fernando Camacho de CREEMOS, ex candidato presidencial, al que le profirió comentarios diciendo que querés la gobernación como premio consuelo, luego de haber salido tercero en los comicios del 2020.

Sin embargo, el que terminó con un premio consuelo fue Cronenbold, ya que tras perder las elecciones, y con un pie afuera de la política por sus repetidas derrotas, se lo llegó a considerar como un posible miembro del gabinete ministerial de Arce en la cartera de Obras Públicas, sin embargo, nunca fue posesionado en el cargo.

También, intentó hacerse con la presidencia de un club de fútbol de Santa Cruz, el club Blooming. Los socios del club rechazaron su candidatura y eligieron a otro candidato para dirigir al equipo deportivo.

Finalmente, a fin de dejar de ser pasado por alto en su partido, recibió el encargo diplomático que será ratificado en los próximos días, y se espera que se traslade a Asunción para cumplir con sus nuevas funciones.

No es la primera vez que el MAS contesta a los favores y solicitudes expresadas por sus candidatos que fracasan en las contiendas electorales. También, el ex candidato a la alcaldía de Cochabamba Nelson Cox, quien perdió frente a Manfred Reyes Villa, fue colocado como viceministro de Régimen Interior, dependiente del Ministerio de Gobierno.

La marca partidaria del MAS ha trascendido más allá de ser un partido totalitario, incompetente, inmoral, irrespetuoso de las normas y de la libertad; ha pasado a ser un refugio de delincuentes, que utilizan el poder político para el pago de favores frustrados por la propia ciudadanía.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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